El Nacional y la “guerra mediática” del chavismo
Desde que Chávez se hizo con el poder, comenzó una guerra contra los valores democráticos y en especial contra la libertad de expresión, porque sin una prensa libre no hay democracia, ya que esta es la que condiciona el ejercicio de los demás derechos. De allí que Maduro la recrudeció, porque en Venezuela, tanto el que usurpa la presidencia como los más conspicuos dirigentes civiles y militares que lo acompañan, están involucrados en delitos asociados a la corrupción, tráfico de drogas y terrorismo. Instituciones judiciales y agencias policiales internacionales han emitido ordenes de captura y recompensas millonarias contra estos funcionarios. Además, sus nombres se destacan en expedientes de la Corte Internacional de Justicia donde son investigados por crímenes contra los DDHH. Esos hechos no pueden ser divulgados. Uno de estos indiciados, el ex capitán del ejército, presidente del partido oficialista PSUV, Diosdado Cabello, demandó judicialmente al diario El Nacional por “ofensas en contra de su honor” y está pronto a confiscar la sede de dicho diario, en caso de que éste no pueda resarcirlo con los 13 millones de dólares por indemnización que ha dictaminado el fallo judicial. Lo que sucede es que su nombre ha sido notitia críminis en diversos diarios internacionales donde lo asocian al tráfico de drogas y otros delitos, noticias que reprodujo El nacional, ese fue su delito. Para complemento de la farsa en que se ha convertido la justicia en este país, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, institución que ha zanjado el juicio, también tiene orden de captura internacional, pendiendo sobre su cabeza y la de Cabello, sendas recompensas de 10 millones de dólares. En medio de las hostilidades contra la libertad de expresión desatadas por el chavismo desde hace 21 años, El Nacional es uno de los pocos medios que ha mantenido un manejo objetivo y plural de la información, sin doblegarse ante las amenazas y ataques del chavismo.
Veamos cómo retratan al régimen las organizaciones dedicadas a velar por la libertad de prensa en el mundo. Reporteros sin Fronteras (RSF), en su Informe mundial sobre Libertad de Prensa (2021), ubica a Venezuela en el puesto número 148 de los 180 casos estudiados. Cabe decir que a partir del puesto 108 se enciende la alerta roja de los DDHH en la lista de los países allí reseñados. En dicho informe, aparte de denunciar la oscuridad informativa sobre la epidemia de Covid-19, se lee: “Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, persiste en limitar la expresión de la prensa independiente y mantiene un control permanente sobre la información. La ‘guerra mediática’ a la que se refiere habitualmente para desacreditar las críticas de los medios nacionales e internacionales a su gestión, refuerza el clima de extrema tensión en el que trabajan los periodistas. Desde 2017, la represión se ha intensificado contra la prensa independiente y RSF ha registrado un número récord de detenciones arbitrarias y violencia contra periodistas por parte de los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) priva a las estaciones de radio y televisión demasiado críticas, de sus frecuencias de transmisión y, en ocasiones, coordina cortes de Internet, bloqueo de redes sociales y confiscación de equipos. Los periodistas extranjeros también son detenidos, interrogados y expulsados periódicamente del territorio. Muchos periodistas venezolanos se han visto obligados a abandonar el país para huir de las amenazas y preservar su integridad física. La mayoría de los periódicos impresos de la oposición no resistieron estas presiones. Los medios en línea, por otro lado, se enfrentan a repetidos ataques informáticos, lo que hace que su trabajo de noticias sea cada vez más complejo y costoso”. Los secuestros y agresiones físicas por parte de los distintos órganos represivos del Estado y de los grupos paramilitares protegidos por el gobierno hacen su parte en esta “guerra mediática”.
El 19 de abril, en vísperas de su reunión semestral, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó como un «grave atropello contra la libertad de prensa la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. No se trata de la expropiación de un medio de comunicación, sino directamente de una expoliación, del uso de la fuerza política-judicial para usurpar a un medio de comunicación». En su informe anual (2021) afirma: “La situación de la libertad de expresión sigue en el mismo nivel crítico de los últimos años. Se trata de una dictadura implacable que considera el periodismo independiente como un enemigo permanente”. Dicho informe reproduce las declaraciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la «reducción del espacio cívico, la intimidación, acoso, incautación de equipos, inhabilitación y criminalización de periodistas y medios de comunicación».
En el 2015, durante la asamblea anual de la SIP, Asdrúbal Aguiar ya había denunciado el deterioro acelerado que padecía la prensa venezolana: “La tarea periodística, eje fundamental de la vida democrática, se torna en empresa de alto riesgo. La información es considera secreto de Estado y se reduce a lo que declaran a su arbitrio, sin interpelación, verificación o contrastación, los distintos funcionarios. La censura previa toma cuerpo y doblega las líneas editoriales. Es criminalizada y judicializada toda forma de expresión e información disidente. La propaganda oficial ideológica y proselitista hace presa de la opinión, copa los horarios estelares de la programación radial y de televisión y recrea, a través de sus repetidas cadenas oficiales o presidenciales, un efectivo black out informativo”.
El régimen no permite ninguna expresión de descontento popular o críticas a la gestión gubernamental, censurando las noticias que puedan vulnerarlo. Esto ha venido agravándose exponencialmente desde el 2003, cuando el presidente Chávez consideró a los medios de comunicación privados como “enemigos del proceso revolucionario” (Chávez dixit), concretándose sus amenazas en el 2007, con el cierre de RCTV, seguido de varias decenas de emisoras de radio y televisoras privadas. A los que no cerró, los amenazó con retirarle la concesión. Desde entonces, al periodista crítico se le trata de “enemigo”, “traidor a la patria” o “terrorista”, dejando la puerta abierta a las agresiones de los grupos paramilitares y otros órganos represivos, entre ellos el poder judicial.
La escalada de este nuevo orden hegemónico comunicacional del chavismo en el poder con el que ha proyectado su “verdad oficial” o “visión única” de la realidad del país desde hace 21 años, se pueden resumir así: 1. Intervención del Estado en los medios. 2. Exclusión de los medios públicos de actores políticos críticos. 3. Legislación que controla y limita la libertad de expresión. 4. Asfixia económica de los medios independientes al negarles la publicidad oficial. 5. Cierre de fuentes informativas. 6. Negación y ocultamiento de información sobre la gestión pública. 7. Manejo de mecanismos de censura y autocensura. 8. Intimidación judicial, amenazas y agresión a medios y encarcelamiento de periodistas. 9. Discriminación contra los medios críticos en eventos oficiales. 10. Impedimentos para adquirir papel para los diarios independientes. 11. Intimidación y expulsión de periodistas extranjeros. 12. Exposición al odio público de periodistas críticos y opositores a través de los medios de comunicación del Estado, haciendo públicas grabaciones obtenidas de manera ilegal, entre otras prácticas. Siendo Diosdado Cabello el principal exponente en este perverso rubro.
La dictadura que bajo el tutelaje cubano implantó Chávez y continúa ejerciendo Maduro, declaró una guerra contra la prensa libre, cuyo objetivo es la aniquilación de la libertad de pensamiento y opinión, para eliminar cualquier interferencia con la red criminal y el expolio que perpetran contra la nación. Si esto continúa, no nos quedará otra que calificar cada noticia sobre Venezuela como un “parte de guerra”.
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