El declive democrático en Venezuela
En el mundo actual no hay duda de la dinámica que registran buena parte de los países europeos y también algunos latinoamericanos caracterizados por democracias consolidadas y estables, la presencia y vigencia un Estado de derecho y naturalmente unos indicadores de calidad de vida, ciudadanía y desarrollo expresados en cifras, índices y mediciones de reconocido prestigio.
Sin embargo, también encontramos otros países latinoamericanos en los que paradójicamente registramos tendencias regresivas o a contra vía, nos referimos fundamentalmente al caso de Venezuela o Argentina, para no hablar de la transición que experimenta Cuba, en los caos de Argentina y especialmente Venezuela registramos no sólo un deterioro paulatino de la calidad de su democracia, sino además de su entramado institucional y jurídico, afectando de manera integral los niveles de desarrollo y progreso que en otrora épocas registró el país siendo incluso Venezuela en el pasado cercano un modelo de estabilidad y desarrollo democrático.
Indudablemente asistimos a una globalización a escala planetaria de la democracia como estilo de vida y tipo de régimen político, acompañado o basado en el Estado de derecho y libertades y por ende el peso de las instituciones, procedimientos y leyes. Si algún elemento debe ser destacado a lo largo de la evolución del constitucionalismo moderno, es sin lugar a dudas, lo referido a las conquista lograda que consagra las victorias del ciudadano sobre el poder desde el momento en que se promulga la Declaración de los Derechos del Hombre votada por la Asamblea Nacional Francesa en 1789, Declaración en la cual se proclamaba la libertad y la igualdad en los derechos de todos los hombres, se reivindicaban sus derechos naturales e imprescriptibles (la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión) en vista de los cuales se constituía toda asociación política legitima.
En pocas palabras tendríamos que admitir que con y a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre se produce un hito y quiebre, en fin se produce el triunfo del ciudadano sobre el Estado, la victoria del Derecho sobre la barbarie dicha tendencia da la impresión que se rompe o altera en la Venezuela contemporánea, nadie puede en su sano juicio desconocer la situación regresiva desde el punto de vista del deterioro jurídico, democrático, una recentralización del Estado, para no hablar de una sociedad donde sus salarios han sido pulverizados por la inflación, en la que escasean los alimentos básicos, medicinas, repuestos, papel y demás insumos elementales para que su población viva con cierta normalidad y dignidad.
Que paradójico que Venezuela un país que exporto la democracia, promovió diversos tratados en materia de integración y derechos humanos, fomento la democracia en toda la región y hemisferio, además de destacar en su vida política y constitucional el haber tenido una de las primeras Constituciones de América Latina e incluso del Mundo, nuestra primera Carta Magna es de 1811, inaugurándose así una larga trayectoria en materia constitucional y ciudadana, registremos un panorama tan nefasto, difuso, regresivo en materia de derechos humanos, menoscabo de su democracia y por ende de los derechos elementales de los venezolanos.
Si bien es cierto hay circunstancias (de alarma, emergencia, conmoción y demás) en que algunos derechos y garantías pueden ser restringidas, en ningún caso se pueden restringir las garantías referidas a derechos como la vida, prohibición de tortura e incomunicación, debido proceso judicial, derecho a la información y otros derechos fundamentales (principios establecidos en los artículos 337 a 339 de la Constitución de 1999, relativos a los Estados de Excepción, que no se aplican al presente caso). Venezuela muestra en algo más de una década un deterioro apreciable de su entramado democrático, del papel central de sus instituciones, y naturalmente un menoscabo de libertades, derechos, procedimientos que revela parte de la precariedad jurídica, al no observarse y tenerse como norma suprema a la Constitución Bolivariana de 1999.
Los problemas estructurales que han llevado y producido la crisis y déficits de la democracia en Venezuela en la década de los noventa en el siglo XX, persisten en el país, incluso se han profundizado con la llegada y gobierno del presidente Chávez y posteriormente Nicolás Maduro en el último bienio, entre ellos, desigualdad social, fragilidad de los partidos y del sistema de partidos, pobreza, inflación, desempleo, precariedad del Estado de derecho, riesgo país, estancamiento y una manifiesta incapacidad por parte del Estado venezolano de cumplir con sus objetivos fundamentales, incluyendo aspectos transcendentales como la observancia de la Constitución como norma suprema y vigencia del Estado de derecho.
Venezuela lamentablemente acusa posterior al fallecimiento del presidente Chávez 5 marzo 2013 (fecha oficial) , y la transición y posterior elección con el presidente Nicolás Maduro 2012-2015, un proceso sostenido plagado de distorsiones económicas, devaluaciones, expropiaciones de tierras y empresas, estatizaciones, dependencia de las importaciones, controles de precios, controles cambiarios, escasez de los productos básicos de primera necesidad, inseguridad, violencia, aspectos estos que potenciaron y dispararon una protesta que se inició en los primeros días del mes de febrero 2014 hasta finales de junio en algunos estados del país, básicamente por parte de estudiantes universitarios y que se proyectó como una protesta nacional donde intervienen productores, amas de casa, padres de familia, estudiantes, líderes comunales, con paralización de actividades, paros universitarios, tomas cívicas, volanteos, cierres de calles, barricadas, marchas multitudinarias, la detención de líderes de la oposición venezolana, detención y destitución de alcaldes, parlamentarios, aunado a la represión de la población por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos la policía nacional, la guardia nacional, aunado a la presencia de colectivos armados o irregulares armados con un saldo de 2177 detenciones, 1764 juicios abiertos, 40 muertos, 70 casos de tortura y demás.
Venezuela exhibe con preocupación lo que Duque Corredor califica como estado de cosas inconstitucional, para referir fundamentalmente en la óptica de dicho autor una situación caracterizada por la repetida omisión y acción generalizada de los poderes públicos, respecto de la falta de protección de las libertades y derechos fundamentales de las personas y de la garantía de la independencia y de la no-intromisión de los poderes. Y que supone el desconocimiento sistemático de principios básicos como el de la supremacía de la Constitución, el de la separación de poderes, el de la inviolabilidad de los derechos humanos y el de la autonomía y especialidad de los jueces y del reparto constitucional del orden jurisdiccional.
Los venezolanos estamos presenciando el deterioro paulatino y sostenido del régimen de libertades contemplado en la Constitución de 1999, aunado a ello, registramos una régimen que persigue, criminaliza a quien piense distinto, la autonomía de los poderes es algo meramente formal, no se observa ni se respeta la Constitución como Ley Suprema, y se vulnera la propiedad privada, que es de acuerdo a las Declaraciones Universales de Derechos, Pactos Internacionales, la propia Constitución, y el criterio de autores como John Locke según el cual uno de los principios transcendentales del hombre, junto a la vida, la libertad e igualdad es precisamente la propiedad privada.
Si tuviésemos que caracterizar la última década diremos que el sistema político venezolano mostrará entre otros rasgos: la supeditación de la Fuerza Armada más que al país a un proyecto político especifico, la promoción de una educación ideologizada, la participación popular subordinada a los designios del Ejecutivo, la ampliación de la cobertura comunicacional estatizada en radio prensa y televisión, la concentración del poder central a partir del manejo casi absoluto y discrecional de los recursos financieros públicos en detrimento del proceso de descentralización y, finalmente, el despliegue de mayores esfuerzos por controlar el aparato económico nacional y hacerlo más dependiente del Estado a través de la promulgación de diversas leyes y decretos.
Dentro de los rasgos visibles según Duque Corredor del Estado Inconstitucional destacan:
1.- Desconocimiento reiterado y general de libertades y derechos esenciales por los poderes públicos;
2.- La adopción de prácticas constitucionales por dichos poderes;
3.- La omisión de los órganos competentes en materia de defensa de derechos constitucionales de adoptar las medidas correctivas de las violaciones de estos derechos;
4.- El mantenimiento de ordenamientos transitorios o provisionales en materias fundamentales, como el de la autonomía e independencia del poder judicial y su régimen disciplinario;
5.- El activismo judicial;
6.- La provisionalidad de los jueces;
7.- El funcionamiento deficiente y el poco desempeño de los organismos judiciales y de defensoría de protección de los derechos fundamentales;
8.- El ejercicio de la delegación legislativa ilimitada por el poder ejecutivo;
9.- La impunidad de delitos de corrupción y contra los derechos humanos;
10.- La sustitución de los mecanismos de reforma constitucional y del poder constituyente, entre otros, por la justicia constitucional
En Venezuela hemos registrado el avance de una política y modelo no institucional, caracterizada especialmente por la personalización de la política, por el desconocimiento de la Constitución, por la ausencia de la división de poderes públicos, entre otros, para el sistema por su carácter eminentemente antidemocrático ha demostrado ser nocivo.
El ejercicio del poder por parte de Hugo Chávez Frías y posteriormente Nicolás Maduro, ha implicado desde 1998 hasta la fecha el desconocimiento, irrespeto y violación de procedimientos, valores, derechos y garantías democráticas y ciudadanas. De tal manera que la titularidad y el ejercicio del poder político en Venezuela bajo Chávez y Maduro constituye un proceso, etapa y fenómeno regresivo de personalización del poder y de la política, desinstitucionalización creciente de los partidos, clase política e instancias de representación.
El fortalecimiento del Poder Ejecutivo en el modelo delegativo venezolano puede interpretarse como una recentralización del poder del Estado y como una continuación y una reprofundización de la tradición centralista, con una clara tendencia caudillista y autoritaria en lo que a la Venezuela contemporánea refiere.
No hay la menor duda que la institucionalidad democrática y jurídica en Venezuela esta resentida y en un proceso de franco deterioro no sólo por la inobservancia de la Constitución Bolivariana de 1999, sino además la real ausencia de división de poderes públicos, la militarización de buena parte de la administración pública, aunado a la violación de libertades, del Estado de derecho, procedimientos y hasta de algunas garantías constitucionales.
La revolución bolivariana desaprovecho el segundo ciclo petrolero (2007 – 2012) al no hacer inversiones y uso racional de los recursos excedentarios del petróleo con una cesa petrolera promedio de 110$, encima, el país contrajo deudas, y en paralelo se fue deteriorando de manera sostenida y exponencial el sector productivo nacional, el rentismo se reforzó no sólo al depender nuestros ingresos cerca de un 98% del petróleo, sino además depender de las importaciones que comprenden cerca del 85% del consumo nacional aspecto que pudo sostenerse con un petróleo mayor a 100$ pero que comenzó a ser inviable en segundo semestre del 2014 y el primer semestre de 2015 con un petróleo promedio cercano a los 50 $.
El bienio 2012 – 2014 bajo la presidencia de Nicolás Maduro el país ha transitado por un proceso de deterioro institucional, democrático, económico, social, financiero expresado en una serie de indicadores como la inflación, riesgo país, destrucción de la productividad y aparato productivo, desempleo, escasez generalizada, aumento de la pobreza, un clima de tensión, polarización e ingobernabilidad en el cierre del año 2014 e inicios del 2015 con una crisis generalizada que por sus rasgos y elementos difieren de cualquier otro periodo o etapa de crisis registrada antes.
(*) Profesor de la Universidad de Los Andes
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