Cambio real
Paso a paso, el rey Felipe VI está dando muestras de que pretende dotar a la Monarquía española de reglas y códigos de conducta que modernicen la institución y reconcilien con el aprecio de los ciudadanos. El Rey ha encargado que sus cuentas sean revisadas por una auditoría externa; que los miembros de la familia real no tengan trabajos o retribuciones privadas; que se elabore un código de comportamiento e incompatibilidades para los empleados de la Casa del Rey y que se apliquen normas a las dádivas y regalos a su familia. Las iniciativas implican dotar a la Monarquía del grado de transparencia y seriedad que exige su posición constitucional.
Alguna de estas propuestas (que, por cierto, se sumarán a la ley de transparencia, que a partir de 2015 permitirá conocer con detalle los gastos reales), como la prohibición de remuneraciones privadas, responde al impacto causado en el prestigio de la Corona por el caso Nóos; y es lógico pensar que, de haberse aprobado antes, evitarían atisbos de sospechas sobre los gastos de la Casa Real o las implicaciones de la infanta Cristina en los negocios de su marido. Lo cierto es que la Casa del Rey ha operado hasta hace muy poco en un vacío normativo que ha contribuido a dar a la institución una imagen —a veces injusta— de opacidad. Buena parte de la transparencia exigida se consigue con normas y protocolos regulatorios como los que ahora se proponen. Hasta hace pocos meses apenas se ofrecían distinciones elementales como las que existen entre familia real y familiares del Rey; y, en parte porque Juan Carlos I disfrutaba de la confianza y la credibilidad de los españoles, gracias a los servicios prestados a la democracia, apenas se prestaba atención a la necesidad de dar a conocer a los ciudadanos la cuenta de gastos de su casa.
Las cosas están cambiando, y para bien, a pesar de los vaivenes de la popularidad de la Monarquía. El cambio de Rey empieza a notarse. No cabe duda de que las iniciativas mencionadas deben contribuir a que aumente la confianza de los ciudadanos en el compromiso de renovación lanzado por el Rey en su discurso de proclamación. En todo momento las normas de conducta de la institución monárquica, como sucede en los países más avanzados (Reino Unido, Dinamarca, Holanda o Noruega) deben estar en consonancia con el rigor que se espera de un sistema democrático.
