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Dentro de cárcel de Guárico violan a mujeres profesionales

Laura Dávila Truelo - El Universal - Venezuela

Domingo, 9 de diciembre de 2007

Durante un día entero, que para ella sería el peor de su vida, él mantuvo a la joven abogada cautiva y la forzó en varias oportunidades. No sólo el arma era intimidante sino la amenaza cada vez que ella intentaba gritar: "Allá afuera hay tres más que quieren entrar a estar contigo, si dices algo los dejo pasar". Ya a la hora cuando finalizaba la visita la dejó ir con una promesa: "Yo soy parte de una banda de secuestro y sicariato que opera desde aquí y es mejor que no digas nada de esto".

El horror que le tocó vivir a la joven abogada es el mismo que al menos cuatro mujeres más han pasado en la Penitenciaría General de Venezuela, en Guárico, a manos de un reo que, en los casos conocidos, llama a la abogada o traductora haciéndose pasar por el ministro de la Defensa, general Gustavo Rangel Briceño, o en su defecto por el viceministro de Seguridad.

Uno de los primeros casos conocidos de este delito se registró en 2005, cuando una joven abogada de San Juan de los Morros fue llamada para que atendiera el caso de un reo en la PGV, que era hijo del ministro de la Defensa y que estaría recluido por una muerte en un accidente de tránsito. La oferta de pago siempre se hace en dólares, pero se le pide a la abogada que lleve Bs 300 mil a nombre del ministro y 300 mil más en tarjetas, que se suponen les pagarán.

Tras la violación en la cárcel la joven logró reunir el valor para denunciar el caso y hace dos semanas se inició el juicio en el Tribunal II de Guárico y la Fiscalía 14 de ese estado trabaja para una nueva condena contra el atacante Henry Alfredo Areyano. Este interno ya purga una condena de 30 años impuesta por el Juzgado Tercero de Ejecución de Área Metropolitana de Caracas por los delitos de violación agravada continuada. Además del caso de Guárico, una fiscalía nacional lo imputó por el mismo delito cometido contra una abogada civil de la capital.

Un plan perverso

Otra de las abogadas que fue víctima del sujeto en 2006 fue contactada mientras realizaba la venta de un inmueble. Según fuentes de la investigación el reo reúne periódicos para sacar de los clasificados a mujeres de gremios que prestan servicios profesionales, pero también llama para anuncios de costosos apartamentos en venta.

En una de esas llamadas a un inmueble atendió un hombre y el sujeto se identificó como viceministro de Seguridad explicando que a su hijo, preso en la PGV, acababan de darle una herencia con la que pensaba invertir en varios inmuebles, pero que para la entrega de los documentos era mejor que el trato se hiciera con una mujer a la que dejarían entrar sin problemas a la cárcel. Así que el vendedor remitió el caso a una compañera abogada de 41 años.

En varias conversaciones con el supuesto ministro en la que se hablaba de los documentos, le dijeron a la abogada que llevara tres millones de bolívares para unos dólares que le iba a dar el preso. El día de la visita llegó con revistas, discos, chucherías, los documentos y el dinero; un supuesto custodio salió a recibirle las encomiendas y a ella la dejaron pasar como concubina porque esa era la instrucción que le habían dado.

Una vez dentro, el hombre abusó de ella en su cuarto del área administrativa de la cárcel, había cerrado por dentro con cadenas y candado, mientras afuera tres reos cuidaban la puerta.

Cuando los funcionarios del Cicpc interrogaron al sujeto por uno de los casos, el hombre aseguró que esa era su novia. Además en su celda encontraron una libreta en la que reunía un listado con los nombres y el seguimiento e historia que le tenía a cada víctima.

Traductoras en la mira

Pero a pesar de las acusaciones e imputaciones, el violador ha seguido su trabajo con un nuevo cuaderno. Desde hace seis meses comenzó a llamar a empresas dedicadas a la traducción de documentos a diferentes idiomas, la historia es la misma: un hijo del ministro, preso por un accidente, que había recibido una herencia, pero esta vez el documento estaba en otro idioma y se requería la traducción, además la mujer no podía hablar del trabajo con nadie ni presentarse como profesional sino como compañera del reo.

La traductora debía pagar los gastos de viaje y hotel, pero la reservación la hacía un supuesto "general Acosta Cárlez". Aseguraban que le reintegrarían los gastos y le pagarían entre dos mil y cuatro mil euros una vez se hiciera el trabajo.

A la víctima le indicaban que debía mandar una foto suya al teléfono Movilnet 0416.735.1934, del cual llamaba el supuesto ministro, y las otras comunicaciones se hacían desde el número 0412.463.7472. Además, el día de la visita la mujer, debía llevar unos periódicos indicados para que la reconocieran.

En el caso de las traductoras, el gremio profesional ha mantenido una cerrada comunicación advirtiéndose lo ocurrido, pero a pesar de que al menos dos de ellas fueron víctimas, no han denunciado el caso para no tener que revivirlo.

Además, fuentes del caso explicaron que la embajada alemana ha hecho advertencias a las traductoras en su idioma, pues al parecer una de ellas fue víctima del interno.

A todos estos casos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y fuentes que llevan las denuncias en Fiscalía explican que la complicidad interna de funcionarios de la cárcel es innegable, pero las víctimas no han podido identificar al supuesto custodio que les recibe la encomienda.

Además, hace apenas 15 días una abogada reportó una llamada en la que el sujeto usaba la misma historia del ministro.

Al parecer las fiscalías que llevan el caso deberán solicitar una medida innominada para solicitar al juez de la causa que se le restrinjan las visitas al preso y que se le controlen las llamadas, quitándole el celular que ilegalmente usa en la cárcel.

Ante estos casos, ni la Dirección de Prisiones del Ministerio de Interior y Justicia ni el director de la PGV se han pronunciado.

Mientras tanto las autoridades estiman que al menos cinco mujeres más deben haber sido víctimas, pero el horror de lo ocurrido y el estigma de haberse dejado engañar les impiden formalizar la denuncia.


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