Caracas, Domingo, 20 de abril de 2014

Sección: Enfoque Económico

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De la impugnación a la escasez

Luis Vicente León

Lunes, 3 de junio de 2013







   Foto: Google

El problema del gobierno de Maduro migró del tema de la ilegitimidad de las elecciones al manejo de la compleja situación de abastecimiento que afecta al país.

No deja de ser interesante que ya muy poca gente esté hablando de los procesos de impugnación en el TSJ y que las expectativas de que eso tenga algún resultado positivo sean prácticamente nulas. El mismo debate sobre la escasez y las acciones de respuesta del gobierno buscando negociaciones con el sector privado para desanudar su generación de oferta ha llevado a múltiples acciones de reconocimiento directo e indirecto de la investidura presidencial, incluso por actores que le adversan. Una parte del país apoya a su presidente y la otra lo critica, pero el debate de si es o no legitimo se acabó y la oposición deberá moverse a otro tema en breve, incluyendo procesos electorales para los que deberá motivar la participación, si quiere mantenerse conectada.

No obstante, la crisis económica es un riesgo para las conexiones del gobierno con las masas. La escasez ha demostrado ser el problema económico más costoso políticamente. El hecho de que Maduro se vea envuelto en esta crisis al arranque de su gestión, proviniendo de un triunfo estrecho, hace que la solución de la escasez, aunque sea artificialmente, se convierta en prioridad.

Si apartamos los análisis viscerales y tratamos de entender lo que el gobierno está haciendo, encontramos la puesta en escena del modelo de moderación bipolar en el que se mezcla la radicalización política con la negociación con el sector empresarial.

En el plano de la radicalización las acciones están claras. El gobierno aprovecha el no reconocimiento de la oposición a la legitimidad de las elecciones para desconocerla a ella con una lógica de retroactividad. El tema es que el hecho de que la oposición no reconozca al gobierno no le impide a Maduro gobernar, pero el no reconocimiento de la oposición por parte del gobierno si complica su participación institucional y reduce la capacidad de negociación democrática. El radicalismo gubernamental en el plano político no se circunscribe a su relación con el liderazgo opositor y sus partidos, sino que se manifiesta en sus acciones para incrementar el control sobre los medios de comunicación y una posición diplomática inflexible que intenta criminalizar cualquier relación de otros países con el problema político venezolano y con los líderes opositores, convirtiendo la política exterior del país en un carrito chocón. Pero mientras eso pasa, las relaciones con el sector privado aparecen en el centro de interés. Las reuniones del gobierno con los empresarios han sido positivas y las nuevas autoridades económicas han reconocido en privado (y hasta en público) que deben flexibilizarse en términos de precios y cambio para poder avanzar en el rescate de los equilibrios a futuro. Sin embargo, hay una brecha gigante entre lo que dicen que harán y lo que han hecho y cada día el problema se agiganta, y la solución de fondo se hace más costosa y remota. Es un avance que al menos reconozcan que el control de precios es absurdo, la restricción primitiva de divisas y las expropiaciones locas que han dejado parte importante de la producción del país en manos de la ineficiencia y la corrupción no son la vía para resolver nada sino la causa del desastre, pero más vale que avancen a solucionarlo o el problema nos llevará a todos por los cachos. En mi opinión, los bloqueadores no están en la restricción de dólares del gobierno que han esgrimidos algunos de mis colegas. Plata hay. Tiendo a pensar que son mucho más fuertes los problemas políticos frente a los grupos radicales internos del chavismo que la falta de divisas. De eso hablaremos la próxima semana.

 

@Luisvicenteleon

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