Tras el decreto de 45 leyes vía habilitante, presentado por el presidente Nicolás Maduro, el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE), rechazó “la forma inconsulta” en que se dictaron dichos decretos, toda vez que los mismos han generado “incertidumbre y ansiedad en la ciudadanía, en especial por el impacto que puedan tener esos instrumentos jurídicos sobre la caótica economía nacional.
Destacó CEDICE que “predominan Decretos-Ley en materias tales como organización y procedimientos de la Administración Pública, dirección, control y limitación del Gobierno Nacional sobre las actividades privadas en diversas áreas de la economía, seguridad de la Nación y anti-corrupción, y el incremento de alícuotas y poderes del Estado en materia tributaria2.
Algunos de estos Decretos-Ley son: la Ley del Régimen Cambiario y sus lícitos, Ley Antimonopolio, Ley del Sistema Nacional Integral Agroalimentario, Ley de la Gran Misión Agrovenezuela, Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, Ley de Reforma del Código Orgánico Tributario, Ley de Reforma de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, Ley que Establece el Impuesto al Valor Agregado, Ley de Inversiones Extranjeras, DecretoLey Contra la Corrupción, Ley de Reforma del Banco Central de Venezuela, Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Ley del Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, Ley Orgánica de Precios Justos, entre otros.
El documento indica: “manifestamos nuestra preocupación por el modo inconsulto (no hubo participación ciudadana en la elaboración de los Decretos-Ley), precipitado (se anuncian luego de casi 12 meses de vigencia de la Ley Habilitante, en el límite de su expiración) y desorganizado (sin agruparlos por materias, sin una explicación seria y democrática al país) en que se han anunciado y publicado estos Decretos-Ley, irrespetando el límite de tiempo fijado por la Ley Habilitante (las Gacetas Oficiales Extraordinarias en que están apareciendo los Decretos-Ley están, de hecho, siendo publicadas luego del 18.11.14 y no antes de esa fecha), pero en especial por el modo que en cada uno de ellos impactará, en forma negativa de seguro, sobre la vida de los venezolanos”.
De acuerdo a los investigadores, “las consecuencias para el ciudadano de a pie serán, entre otras, más inflación, más escasez, más monopolios, más corrupción, más mercados negros, más ineficiencia y costos burocráticos, más impuestos, más abuso en el ejercicio del Poder estatal, más desigualdad injusta y más pobreza; por consiguiente, para los venezolanos en 2015 habrá menos poder adquisitivo y menos acceso a bienes y servicios”.
Además, rechazan la “ausencia de garantías y seguridad jurídica para invertir, de flexibilización en los controles de cambio y de costos, precios y ganancias, de reducción del ineficiente tamaño y predominio del Estado en la economía, y en cambio anuncian el incremento de las vías para profundizar el desconocimiento de la propiedad, para perseguir a la disidencia, para mantener la impunidad frente a la corrupción y el centralismo en la toma de decisiones”.
