En una semana dos empresas decidieron cesar sus operaciones. El 22 de septiembre el anuncio lo hizo la Corporación Clorox de Venezuela, filial de The Clorox Company, y el 29 de septiembre fue el turno de Suramericana de Soplados.
En el caso de Clorox, fabricante de productos para la limpieza del hogar, el argumento esgrimido a través de un comunicado fue la inviabilidad de fabricar productos a pérdida, como consecuencia del control de precios aplicado en el sector durante tres años. Suramericana de Soplados, fabricante de tanques de gasolina para carros, por su parte, justificó la decisión por el recorte de producción que enfrenta a raíz de la crisis de las ensambladoras.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, se refirió el pasado lunes al caso de Clorox y advirtió que el Gobierno nacional ocupará las empresas que tomen una decisión de esa naturaleza. «Fórmula socialista, empresa abandonada, empresa tomada por la clase obrera, con el apoyo del Gobierno Revolucionario».
El jefe de Estado aseguró que el cierre de empresas es una «nueva fase» de la denominada «guerra económica». «Ahí están los dueños, son estadounidenses, de Clorox, abandonaron el país, consta en los expedientes legales de las distintas instancias gubernamentales y judiciales del país el abandono a sus funciones, a sus responsabilidades legales, constitucionales, pero nosotros no vamos a dejar abandonado a ningún trabajador de este país».
El pasado viernes el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, anunció la «ocupación» de las dos plantas que posee Clorox en el país y aseveró que diseñarían un plan de reactivación de la producción.
Ayer el presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica (Asoquim), Juan Pablo Olalquiaga, declaró a Globovisión que el caso de Clorox fue una «situación suficientemente advertida» por los directivos de la compañía al Ejecutivo nacional en las distintas reuniones celebradas entre empresarios y autoridades.
La Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadores y los Trabajadores (Lottt) garantiza protección al trabajo cuando por razones técnicas o económicas exista peligro de la fuente de trabajo. En el texto, se plantea la instalación de una instancia de protección de derechos con participación de los trabajadores, organizaciones sindicales y patronos.
Durante el proceso, los trabajadores quedarán investidos de inamovilidad. El ministerio del Trabajo podrá, por razones de interés público y social, intervenir de oficio o a petición de parte a fin de proteger el puesto de trabajo.
En el caso de Suramericana de Soplados, los trabajadores ya han solicitado la intervención del ministerio del Trabajo, según informó el pasado lunes Yepzi Rodríguez, secretaria general del sindicato.
