Provea: 2.853 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en 2020
Según los datos de Provea, la mayoría de las víctimas fueron jóvenes de sectores populares, entre 18 y 30 años de edad
Una investigación del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) determinó que los cuerpos policiales fueron responsables de 2.853 muertes durante 2020.
De acuerdo a información compartida por la ONG, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), perteneciente a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fue responsable de 672 asesinatos, lo cual representa 23,55% del total.
El organismo no gubernamental acopia estos datos como parte de la iniciativa «Lupa por la Vida», un proyecto de investigación y divulgación del impacto de la violencia policial y militar, enfocado en las ejecuciones extrajudiciales.
Destaca que el informe que el principal «centro de operaciones» de las FAES «son las barriadas donde habitan los pobres en las ciudades y pueblos de Venezuela y algunas áreas rurales».
Por detrás, se ubica el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), con 593 casos, lo que supone 17,52%.
Además, los cuerpos policiales autónomos de los estados fueron responsables de 721 presuntas ejecuciones (25,71 %), según los datos de Provea.
Para la ONG, «llama la atención la letalidad de la Policía del estado Zulia, responsable de 262 asesinatos, Aragua con 104 y la del estado Carabobo con 101 muertes».
Por otra parte, el proyecto ha detectado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fue responsable de 359 casos durante 2020, donde destacan que parte de los casos son responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Finalmente, observaron que las policías municipales fueron responsables de 134 presuntas ejecuciones.
Víctimas jóvenes y humildes
Según los datos de Provea, «la mayoría de las víctimas fueron jóvenes de sectores populares, entre 18 y 30 años de edad, lo que indica un patrón de discriminación que pone en riesgo la vida de los jóvenes».
En 2020, el estado Zulia fue la entidad que más muertes registró, con 667, seguido de Aragua (297), Bolívar (269) y Lara (193).
Los datos muestran que ni el confinamiento por la pandemia del coronavirus «frenó el accionar de los cuerpos policiales y militares».
Según la investigación, los funcionarios policiales y militares «actúan con plena libertad, dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública».
También han observado que, «en la mayoría de los asesinatos perpetrados por la fuerza pública, por la vía del testimonio de familiares, se aportan elementos suficientes que conducen a presumir de que se trata de ejecuciones extrajudiciales«.
«De hecho, se constata el manejo de los falsos enfrentamientos, lo que se viene conociendo en América Latina como falsos positivos, que no es otra cosa que un montaje de la escena del crimen en los que las autoridades presentan los hechos como si efectivamente las víctimas emplearon armas contra policías y militares», explican.
En realidad, según aclara Provea, «en muchos casos, las personas son detenidas y posteriormente asesinadas».
También con información de EFE
