Caracas, Jueves, 24 de abril de 2014

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Los liberales de Venezuela (1830-1846)

Inés Quintero

Jueves, 11 de agosto de 2011

No obstante, en 1840, aquellos que por separado habían manifestado sus diferencias, los que disienten del rumbo político y quienes han visto afectados sus intereses de manera directa, no vacilan en hacer causa común constituyéndose en asociación política

La armonía existente entre propietarios, jefes militares y hombres de letras que caracteriza los años iniciales de la edificación de la República en 1830, desaparece luego de un accidentado periplo de desencuentros, discordias  definiciones que culmina con la separación del grupo dirigente en dos banderías enfrentadas. Los motivos del deslinde no tienen su origen en la presencia de diferencias con respecto al proyecto formulado al inicio del ensayo.  Por el contrario, la propuesta de inspiración  liberal que consagra la Constitución de 1830 no se cuestiona ni se convierte en fundamento de la discordia. Es su ejecución, plasmada en la continuidad política de un grupo y en las disposiciones que norman la economía, el germen que provoca la división.

Las disensiones se expresan inicialmente de manera aislada e individual, a excepción de la revolución de las Reformas (1835-1836). No obstante, en 1840, aquellos que por separado habían manifestado sus diferencias, los que disienten del rumbo político y quienes han visto afectados sus intereses de manera directa, no vacilan en hacer causa común constituyéndose en asociación política. Es el nacimiento del Partido Liberal, nombre que rápidamente identifica al bando. Son sus promotores Tomás Lander, Antonio Leocadio Guzmán, Manuel María Echeandía, Tomás Sanabria, Mariano Mora, José Gabriel Lugo, Manuel Felipe Tovar, Valentín Espinal, Jacinto Gutiérrez, entre muchos otros. 

Algunos, al breve tiempo, optan por retirarse de la bandería; otros, la mayoría, se sostienen en el empeño y progresivamente, nuevos y numerosos partidarios se  suman a la iniciativa. Es un grupo heterógeneo: confluyen grandes hacendados, propietarios más modestos, letrados, artesanos, comerciantes, impresores, hombres de “oficio e industria útil” poseedores de rentas o ilustración. Si bien el partido Liberal en defensa de los hacendados,  al mismo tiempo se convierte en referente de numerosos sectores de la sociedad que ven en el discurso liberal la posibilidad de una mudanza que propicie la incorporación de quienes, hasta ese momento, se han mantenido al margen de la política.

El divorcio de la elite, diez años después de haber comenzado el ensayo republicano dentro de un ambiente de frágil armonía, es un hecho de especial relevancia e importancia indiscutible.  Se trata de una contienda por el poder cuyo fundamento son los principios y reglas establecidas de manera común al comienzo del ensayo.  Además, constituye la confrontación entre los diversos intereses del grupo dirigente, lo cual da lugar a una rica controversia cuyo fin es determinar a  quién le corresponde obtener los mayores beneficios de la actividad económica. Ello ocurre como parte de un intenso debate sobre los modelos, doctrinas y principios que debían regir la conducción económica del país.

El discurso elaborado y defendido por quienes se definen a sí mismos como liberales es, pues, un cuerpo de planteamientos estrechamente vinculado a las circunstancias y contingencias en las cuales se establecen los linderos políticos y económicos de su actuación.  El resultado, una muy peculiar paradoja: constituirse al mismo tiempo en  defensores y críticos del liberalismo.

La defensa del liberalismo:La lucha por la conquista del poder

Si bien, al constituirse la República, no hay mayores tropiezos para llegar a una fórmula política conveniente a todos los miembros de la elite dirigente, tal como señalamos al inicio, un lustro después comienzan a aparecer la  fisuras que finalmente determinan la ruptura del acuerdo inicial.

En efecto, cuando se organiza la República, se persigue la instauración de un modelo adecuado a las pautas del liberalismo político de la época.  Se piensa en un régimen de libertades individuales como pieza fundamental de la organización social y de rechazo al ejercicio autoritario del poder.  Se pretende erigir un sistema en el cual exista una clara reglamentación del poder público, donde estén ausentes privilegios de carácter aristocrático, regido por una Constitución en la cual se establezcan los límites del poder del Estado, los derechos y deberes de cada ciudadano y las normas del pacto social que se procura llevar a cabo.  Se trata de un estado de derecho en donde están previstas la alternabilidad republicada, la libertad de cultos, la independencia del poder civil frente al de la Iglesia y la libertad de imprenta y de opinión. [1]

Hay, pues, una clara disposición a establecer una ruptura con el esquema político basado en las costumbres y tradición absolutista, así como una firme decisión de impedir el autoritarismo como fórmula de control social.

Sin embargo, algunos notables manifiestan su disensión con respecto a lo que consideran desviaciones en la orientación del modelo adoptado.  La armonía inicial comienza a debilitarse y, tempranamente, surgen las primeras críticas.  El autor de ellas es Tomás Lander quien condena la actividad de los legisladores, y los califica de haber contribuido muy poderosamente a poner las bellas instituciones de Venezuela en el borde del abismo que hoy las circunda (Lander, 1835: 347)

En 1835, los hombres de armas, despojados de sus privilegios políticos, se levantan contra el régimen para expresar su vocación de poder.  Son unánimemente condenados y  militarmente derrotados.  No obstante, la pena impuesta divide la opinión de los notables debemos penar a sus autores no de un modo que los extermine, sino de una manera que los corrija (Lander, 1836: 425), argumentan los amigos de la clemencia.

Las distintas contiendas electorales enfrentan a los notables en la disputa por el control de los organismos gubernamentales locales y nacionales.  Los resultados no cubren las expectativas de todos los miembros de la elite y surgen las desavenencias propias de la lucha por el poder.

En 1839, tienen lugar dos sucesos que definen el desenlace final de la discordia. La aprobación del código de imprenta el 27 de abril, el cual establece un tribunal de censura para evitar los abusos y, ya finalizando el año, la separación definitiva de Antonio Leocadio Guzmán del tren gubernativo.

El primer asunto, con el tiempo, genera enconadas controversias como veremos más delante, el segundo, aun cuando pareciera contingente, se convierte en factor crucial del divorcio de la elite.  Cuando Antonio Leocadio Guzmán sale de su cargo de Oficial Mayor de la Secretaría del Interior y Justicia por exigencia de Angel Quintero, candidato de Páez para el cargo ministerial, el ambiente político es de enorme tensión.  Es el primer año del segundo mandato del General Páez, acompañado por Carlos Soublette en la Vicepresidencia; está pendiente todavía el debate sobre la amnistía a los proscritos de la revolución reformista; los temas económicos dividen la opinión y las divergencias entre los bandos son un hecho notorio.

En 1840, la escisión de la elite es un hecho irrevocable.  Apenas han transcurrido unos pocos meses de su separación del gobierno cuando Antonio Leocadio Guzmán se encuentra formando parte activa del movimiento disidente.  El objetivo de la agrupación es la conquista del poder dentro de las fórmulas y esquemas del  diseño liberal que todos comparten.  Su programa resume las expectativas de  quienes aspiran modificar el rumbo de la nación a partir del rechazo de una gestión gubernamental cuyos resultados, después de una década, no satisfacen a la totalidad del colectivo que formuló el proyecto de 1830.

La argumentación de los descontentos se sostiene sobre tres fundamentos cuyo eje es la toma del poder basándose en la defensa de lo que consideran principios del liberalismo: el respeto a la alternabilidad republicana, la necesaria presencia de partidos y el derecho a la libertad de imprenta.  Sobre estos tres aspectos se funda la legitimación de la novel agrupación en su lucha por el poder.

Alternabilidad republicana

La defensa de la alternabilidad como principio rector del esquema político adoptado desde 1830 surge en ocasión de la primera contienda electoral, en 1834.  En las recomendaciones escritas por Tomás Lander a los electores, insiste de manera especial en la necesidad de respetar lo establecido por la Constitución de 1830, la cual prohibía explícitamente la reelección como única forma de superar los hábitos políticos del pasado, incompatibles con la igualdad y contrarios a las costumbres republicanas.

La defensa de los principios va seguida de una severa condena al gobierno. A juicio de Lander, el gobierno ha establecido una práctica en el manejo de los cargos públicos que no se encuentra apegada al ejercicio de la alternabilidad.  Han llegado a creerse los únicos venezolanos con aptitudes de gobernar” (Lander, 1834: 42), violentando así la mayor garantía de un pueblo libre

La misma opinión sostiene en 1835, cuando el congreso debía seleccionar al presidente de la República que sustituiría al general  José Antonio Páez.  Descalifica a Soublette como candidato ya que su elección  anularía totalmente el canon alternativo. Ha vivido veinticinco años mandando o pegado al que manda, y pasa de un destino a otro con tanta facilidad como los jugadores de mano pasan las bolas de un cubilete a otro (Lander, 1835b: 59)

Y, nuevamente en 1838, insiste sobre el tema al denunciar las omisiones del gobierno en relación al cumplimiento de este cardinal precepto del liberalismo, único instrumento de los ciudadanos para desalojar del poder a quienes han actuado equivocadamente.

En 1840, las observaciones de Lander forman parte del cuerpo doctrinario que fundamenta la creación del Partido Liberal.  La defensa del principio alternativo es ahora no sólo un derecho que deber ser respetado porque está consagrado constitucionalmente, sino que se convierte en el recurso mediante el cual se condena el usufructo del poder por parte de los “godos” y en formidable bandera para justificar el derecho de los liberales a conquistar el poder.

A partir de 1840, de acuerdo al diagnóstico que elaboran, se abre una nueva era para Venezuela. La experiencia política acumulada durante diez años de ejercicio republicano ha consolidado los derechos ciudadanos y, la voluntad general tendrá la oportunidad de expresarse electoralmente para modificar la situación y hacer imperar el principio alternativo.

Será, pues, la voluntad general la encargada de desalojar del gobierno a esa gavilla de traficantes ambiciosos, de impedir que un solo hombre se sostenga en el poder después de 21 años de gobierno ininterrumpido, de corregir esa anomalía de la democracia y acabar con esa usurpación del poder.

El discurso liberal pretende así descalificar a quienes han detentado el mando por espacio de una década.  Se condenan sus arbitrariedades, se censura la iniquidad de sus leyes, la ignavia de los comisarios públicos, la corrupción en las asambleas, el personalismo, el engaño y la desnaturalización del sistema que ha terminado por destruir la moral civil.

La sentencia liberal no deja lugar a dudas: sólo el relevo de tan perjudicial colectivo puede devolver la tranquilidad pública a Venezuela.  La práctica de la alternabilidad constituye entonces el antídoto contra los males de la “oligarquía” y ellos, los liberales, la única opción de poder capaz de dar cumplimiento al preciado derecho liberal, de allí la pertinencia de agruparse en un partido político.

Los Partidos Políticos.

A juicio de los liberales, la constitución de partidos es una de las esencialidades del sistema republicano. Son indispensables para la conservación de la libertad civil y política de los pueblos regidos por gobiernos representativos (El Agricultor, 1845) en la medida que representa la única posibilidad de dirimir las opiniones sin encarnizamiento ni persecución. Son, pues, inevitables en un régimen de libertades. Representan la más legítima ruptura con el modelo absolutista de poder en el cual los partidos constituyen un delito en virtud de la “omnipotencia del monarca”, de la ausencia de derechos civiles, del predominio de la opresión.

 

Al igual que ha ocurrido en las naciones civilizadas, en donde los disímiles intereses de la sociedad se encuentran representados en partidos opuestos, en Venezuela, al alcanzar su madurez política, es a todas luces conveniente la presencia de dos partidos que dividan de manera pacífica la opinión de los venezolanos.  Ello contribuiría, sin duda, al perfeccionamiento de las instituciones, a la defensa de los principios constitucionales, a garantizar el equilibrio del sistema.  Su acción civil ordenaría y canalizaría la opinión en las contiendas electorales.  Cada agrupación, de acuerdo a sus principios, estaría en la posibilidad de enarbolar sus propias banderas, combatir cívicamente a sus adversarios y disputarse la preferencia de los electores.

 

La legitimidad de su iniciativa al constituirse en partido está sostenida, en términos doctrinarios, por lo que consideran un indiscutible factor “civilizatorio” y de progreso.  En los hechos, se trata de consolidar un  vehículo que les permita acceder al poder para impedir retrocesos en la marcha del liberalismo. Le corresponderá a la prensa libre difundir este mensaje libertario.

 

La libertad de imprenta

 

Si bien en un principio no hay mayores diferencias en torno a la pertinencia de un régimen de libertades en el cual la prensa ocupe destacado lugar, también es cierto que en torno al punto están presentes diversidad de matices.  No estaba nítidamente perfilado cuáles eran los límites adecuados y convenientes de la libertad de expresión. De allí que tempranamente surjan diferencias de criterios sobre el punto, hasta culminar en una clara confrontación entre los bandos.

 

Al comenzar la edición de sus Fragmentos, en 1833, Tomás Lander alertaba sobre los peligros que podría acarrear restringir o condicionar este derecho. En su criterio, siguiendo a Constant: La esclavitud de la imprenta será siempre compañera o precursora de la esclavitud civil (Lander, 1833: 163)

 

Al año siguiente, Rufino González, editor de El Demócrata, sale en defensa de la libertad de imprenta. La concibe como el paladión de las demás libertades, sin ella no hay justicia, ni república, ni patria (El Demócrata, 1834). Posteriormente, en ocasión de discutir la aprobación de un nuevo código de imprenta, la opinión se encuentra dividida, al punto que es devuelto el proyecto por los mismos hombres del gobierno, hasta que, finalmente, en 1839 se aprueba el nuevo estatuto fijando los linderos en los cuales podría ejercerse el preciado derecho liberal.

 

La reacción no es virulenta.  En el programa y escritos de los liberales se señalan las ventajas que promueve, en la maduración política de la sociedad, el debate abierto de la opinión a través de la prensa libre.  La defensa de este derecho inspira la edición de numerosísimos periódicos que se encargan de divulgar las bondades de la libertad de expresión en la difusión de los principios liberales. No será sino a raíz de la exacerbación de las tensiones entre los bandos cuando el asunto de la libertad de imprenta se convierte en materia de severos conflictos.

En ocasión del juicio seguido contra Antonio Leocadio Guzmán por las seguidillas contra Juan Pérez [2] y luego de las persecuciones de que es objeto a raíz del tenso ambiente electoral del año 1846, se desata en la prensa liberal un férreo ataque a la política punitiva y restrictiva del gobierno a través de la prensa contra quienes disienten de sus actos y ejecutorias.

En opinión de los liberales, los actos del gobierno constituyen un intento por destruir la más hermosa de las garantían constitucionales. Iniciativas como la de la Secretaría de Interior y Justicia, calificando de sediciosa la prensa liberal, no son sino un paso más en el camino del “desenfreno opresor” de los gobernantes, del “ultraje de la soberanía”, de su “desprecio hacia la mayoría”.

Con este último acto se pretende colocar a la libertad de imprenta, ese derecho supremo del liberalismo, como la culpable de la perturbación del orden, cuando no ha sido sino la encargada de enseñarle al pueblo sus derechos e instruirlo en el ejercicio de los principios republicanos. En su defensa, los liberales recurren a diversos autores europeos de todos los tiempos para demostrar el derecho que los asiste y reiterar, una vez más, los desaciertos y arbitrariedades de quienes se encuentran en el usufructo del poder.

La defensa del liberalismo y sus principios cardinales llevada adelante por el Partido Liberal, más que un problema de doctrina, constituye un asunto político.  La crítica va dirigida a quienes, encargados de ejecutar la propuesta liberal de 1830, lo han hecho equivocadamente: se trata de descalificar a sus oponentes con el fin de sustituirlos en el poder. La defensa de la alternabilidad, de la presencia de partidos políticos y del derecho a la  libertad de imprenta son así parte de la disputa por el control del poder.

Algo parecido ocurre a la hora de dirimir las diferencias existentes en torno a la orientación de la economía. El problema que está en juego no es meramente doctrinario; se trata más bien de una contienda que tiene su origen en la disparidad de beneficios que acarrea la ejecución de las medidas gubernamentales, lo cual los lleva a convertirse en críticos del liberalismo económico, como veremos a continuación.

La crítica al liberalismo: el predominio económico de la mayoría 

Al igual que ocurre con el ordenamiento político, al establecerse la República en 1830, se fijan los propósitos que deben regir la conducción económica de la nueva nación. Se establece como prioridad fundamental alcanzar la prosperidad material e iniciar un proceso de recuperación  de la devastada economía, que permita sostener en la dirección del proyecto a los poseedores de la riqueza.

Al comienzo no existen diferencias. Se trata de llevar adelante un proceso de crecimiento económico que favorezca el desarrollo agrícola del país como principal fuente de recursos. Para ello se considera indispensable atender dos asuntos de trascendental importancia: resolver los problemas de comunicación a fin de garantizar la circulación de mercancías hacia fuera y dentro del territorio, y propiciar la inmigración para, de esta manera, solventar la dramática escasez de mano de obra que afecta la posibilidad de generar actividades productivas.

No hay, pues, mayores divergencias programáticas en relación a los objetivos a alcanzar, ni se plantean opciones que promuevan una modificación sustancial del esquema de producción y distribución de la riqueza. Sin embargo, la convivencia no es duradera. Si bien no hay diferencias en cuanto al contenido general del proyecto, la instrumentación de un conjunto de medidas inspiradas en el liberalismo se enfrentará a la realidad de una estructura económica en ruinas y atrasada, y provocará la reacción de los disímiles intereses existentes entre los notables.

Las carencias económicas generalizadas, el atraso o inexistencia de mecanismos e instrumentos comerciales, financieros y productivos que dinamicen la economía, la falta de numerario, los obstáculos para obtenerlo, las desavenencias que genera su colocación y, finalmente, la lucha por apropiarse de los beneficios, constituyen los puntos neurálgicos de la controversia.

En 1834, por iniciativa del Ministro de Hacienda, Santos Michelena, se sanciona la Ley de Libertad de Contratos cuya finalidad era favorecer la libre concurrencia de los particulares en las transacciones económicas. Se pretendía con esta fórmula eliminar las trabas existentes para la libre fijación de las tasas de interés y el monto del remate de las propiedades en hipoteca. El objetivo era dar mejores garantías al capital para superar los problemas del financiamiento de las actividades productivas.

Esta ley se vio acompañada de otras medidas. En 1836 se sanciona el establecimiento de los Tribunales Mercantiles, responsables de dirimir los asuntos que se desprendiesen de la aplicación de la Ley de 10 de Abril; luego en 1841, se aprueba la Ley de Espera y Quita, según la cual, para la ejecución de las acreencias, no era necesario el consentimiento de todos los poseedores de exigencias contra una propiedad. También, ese mismo año, se crea el Banco Nacional de Venezuela para la emisión, descuento y giro de libranzas y letras de cambio. El Estado participaba con una quinta parte de las acciones y el resto eran suscritas por el capital privado, 50% para 4 accionistas mayoritarios: Juan Nepomuceno Chaves, Guillermo Ackers, Juan Elizondo y Adolfo Wolf; el resto serían ofrecidas en venta al público.

Las iniciativas del gobierno, al poco tiempo, crean malestar en el grupo de los propietarios, en particular entre aquellos que comienzan a ver afectados sus intereses como consecuencia de la ejecución de las medidas económicas gubernamentales. La disensión comienza como asunto individual, aislado, pero rápidamente va cobrando cuerpo hasta convertirse en problema colectivo. El objetivo es alcanzar una modificación sustancial de la situación, cuyos resultados se traduzcan en un mejoramiento significativo de las condiciones en las cuales desempeñan los agricultores su actividad económica.

 

No se trata exclusivamente de condenar la Ley del 10 de abril y lo que para sus oponentes son sus nefastas consecuencias, sino de construir una argumentación en la cual se ataca y descalifica una determinada concepción en el manejo de la cosa pública y el predominio de los intereses de un sector económico, los comerciantes, en desmedro de los principales generadores de riqueza, los agricultores.

 

Aun cuando en un primer momento están presentes diversos matices y algunas apreciaciones encontradas, a medida que el fortalecimiento político de los liberales se convierte en realidad incontrovertible, la crítica al modelo del liberalismo económico llevado a cabo por el gobierno se hace más férrea y exacerbada. Los momentos culminantes de la contienda son precisamente los que transcurren entre 1844 y 1845, época de definiciones electorales y de agudización de la crisis económica como consecuencia de la caída de los precios de los productos de exportación.

 

No obstante, desde el surgimiento de las primeras diferencias, en 1837, la base de la disputa se sostiene sobre tres elementos claves: la condena al liberalismo excesivo, la defensa de la actividad agrícola como fuente básica de recursos y la necesaria e impostergable intervención del Estado en la vida económica con el objetivo de normar y regular su equilibrio. En torno a estos puntos los voceros del llamado Partido Liberal exponen las reservas que les inspira el liberalismo económico de la cúpula gobernante y presentan su propia terapéutica.

 

Los excesos del liberalismo

 

El malestar originado por las medidas económicas del gobierno despierta, entre muchos propietarios, especiales reservas. Tres años después de la aprobación de la Ley del 10 de abril y dos años más tarde de haber empezado a funcionar los tribunales de comercio previstos en la Ley Mercantil, se alzan las primeras voces de protesta: Tomás Lander, quien es citado en calidad de deudor por el Tribunal Mercantil de Caracas, discute su carácter insconstitucional y expone sus opiniones adversas a la legislación imperante: leyes absurdas y estrafalarias depravan la razón de los asociados induciéndolos a absurdos y a peligrosas extravagancias (Lander, 1837: 483)

 

Pero no está solo Lander en su rechazo a la legislación vigente, José Félix Blanco y Juan Bautista Calcaño, redactores del periódico La Bandera Nacional, manifiestan opiniones adversas a la citada normativa. El editorial del 23 de enero de 1838, expresa sus reservas ante el excesivo liberalismo que encierra el instrumento legal y los peligros que podría acarrear la elevación de las tasas de interés en virtud de las condiciones reinantes: escasez de mano de obra y notoria ausencia de capitales. A mediados de año, se pronuncian por su reforma.

 

A partir de 1840, la opinión en contra de la polémica ley se compacta y la argumentación se formula alrededor de un axioma primordial: los que se ocupan de conducir la orientación de la economía han cometido excesos en la aplicación de los principios del liberalismo económico. Según los liberales, los jerarcas del gobierno, inspirados en los dogmas de la economía política inglesa y considerándolos infalibles, no repararon en las especificidades de la realidad venezolana, país eminentemente agrícola al cual no pueden aplicársele preceptos válidos sólo para los países cuya economía  se sostiene en la actividad comercial. Las leyes mercantiles aprobadas por las legislaturas han liberado el precio del dinero, un bien cuya alta demanda favorece el incremento de su valor, máxime en un país como Venezuela, pobre, endeudado y en el cual escasea aún más el numerario.

 

Para ellos, tal desacierto ha provocado desacomodos de especial gravedad: los intereses han elevado a niveles que superan la rentabilidad de la producción desvalorizándose la propiedad agrícola, cuyo precio ha dejado de ser estable para convertirse en un valor efímero y  eventual.

 

Ello ha dado lugar a una pérdida del equilibrio económico. Se ha aumentado el poder de los dueños de la riqueza metálica en detrimento de los propietarios y productores agrícolas, se ha oprimido a la industria y arruinado a la clase laboriosa.  Al liberar a la usura se han favorecido el abuso y el agio. Los que en otra época fueron capitalistas honrados que cobraban tasas de interés guiados por la moderación, se han transformado en agiotistas y, los usureros de siempre, son ahora “buitres que se alimentan de los despojos de sus víctimas”. Es, pues, el “despotismo de la usura”, la “esclavitud del trabajo”, la “sanción del abuso”, el desnivel de la sociedad, el predominio de la minoría improductiva sobre la mayoría laboriosa.

 

Al argumento del desequilibrio económico se suma otro cuyo fundamento es de carácter moral. Consideran los hombres del Partido Liberal que los excesos del liberalismo han socavado los valores de la sociedad. La generosidad ha dado paso a la codicia, el honor ha sido sustituido por la insaciable avaricia, se premia la indolencia y se castiga al laborioso, el hombre honrado es perseguido y el inmoral se mantiene en la impunidad.

 

En definitiva, para los liberales no ha sido certera la conducción de la economía nacional ni los conceptos e ideas del liberalismo europeo que la inspiran. Sus juicios intentan rescatar criterios morales y especifidades nacionales que claramente contradicen el esquema teórico que, en ese momento, dio explicación y base conceptual al surgimiento y desarrollo del moderno capitalismo comercial e industrial en Europa.  Los llamados liberales, en su incesante campaña de condena al gobierno, demudan en furibundos antiliberales. Al contradecir a sus oponentes, como bien apunta Eduardo Arcila Farías en su prólogo al libro de Elías Pino (1987) acuden a las anticuadas fórmulas mercantilistas y, cuando dan un paso adelante, se quedan a medio camino de la Fisiocracia.

Desbrozado el camino que los convierte en enemigos del dogmatismo liberal sostenido por sus contrarios, afianzan su alegato en la defensa de la larga tradición agrícola de los venezolanos.  

 

La agricultura: manantial único de la riqueza

 

El 25 de junio de 1838, los agricultores se agrupan en una sociedad, cuyo objetivo es procurar medidas eficaces tendentes a proporcionar los fondos capaces de cubrir las necesidades de la agricultura. Entre sus promotores se encuentran José Antonio Páez, Tomás Lander, Manuel María Echeandía, Tomás José Sanabria, Claudio Viana, Manuel Felipe de Tovar, Juan Bautista Calcaño, Manuel de Ibarra y muchos otros

 

Esta es la primera iniciativa mediante la cual, el gremio agricultor se plantea defender de manera colectiva los intereses de quienes se dedican a lo que consideran la fuente fundamental de la riqueza nacional. No hay, pues, divergencias entre los miembros de la elite en relación a la importancia de la agricultura como fuente de la riqueza nacional.

 

No obstante, el argumento mediante el cual se sostiene que las medidas del gobierno afectan a la agricultura como manantial único de la riqueza, constituye parte central de la controversia que en materia económica se produce entre los notables.

 

En opinión de los liberales, la deplorable situación en la cual se encuentra la agricultura es consecuencia directa de los exabruptos cometidos por el gobierno y su funesto dogmatismo doctrinario. Es el gobierno el único responsable de la exánime y moribunda actividad agrícola, no obstante constituir ella la fuente primordial de la riqueza venezolana.

 

En apoyo a esta afirmación señalan que es de la producción agrícola de donde provienen las rentas del tesoro público, las mercancías que surcan las fronteras y animan el comercio exterior de Venezuela; es ella la que emplea y alimenta a su población, es la generadora de la riqueza individual de los ciudadanos, la única fuente capaz de ofrecer prosperidad, la verdadera y más importante industria nacional, la que conserva y moraliza las costumbres, a ella se han dedicado los venezolanos desde los más remotos tiempos. Es pues, la agricultura la única esperanza que tiene la República para solventar sus males, deudas y atraso.  De allí que condenan con vehemencia la conducta oficial, la cual, lejos de favorecerla, la ha colocado en el deplorable estado en el cual se encuentra, sometida al rigor e impudicia de los prestamistas.

 

Pero de la defensa a la agricultura, esa divinidad en cuya presencia deben desaparecer todas las otras, tal como señala Tomás Lander,  se transita el camino que permite reivindicar al productor  agrícola, víctima primera de la quiebra material de la nación.

 

Si la agricultura es la madre de la riqueza, los agricultores son los encargados de hacerla realidad. Son estos abnegados, laboriosos y honrados ciudadanos quienes, a pesar de la adversidad y las dificultades, sostienen con su trabajo la regularidad del ingreso y el incremento de la producción exportable. Son ellos, inspirados en su patriotismo y perseverancia, quienes han realizado los mayores sacrificios esperanzados en la proximidad de mejores tiempos.

 

Es a ellos, de acuerdo al criterio de los liberales, a quienes les corresponde determinar el destino que ha de tomar la economía de la nación, no solamente porque constituyen la mayoría y porque poseen virtudes dignas de crédito y consideración, como son la perseverancia, la abnegación y la laboriosidad sino porque, además, son los únicos que, de manera natural, se identifican con el bienestar de la actividad que desempeñan.

 

El discurso del Partido Liberal, también en este aspecto, se encuentra mucho más cerca de los fisiócratas al plantear que sólo el trabajo empleado en el cultivo de la tierra es generador de riqueza, al contrario de lo que sostenía Adam Smith, el padre del liberalismo, cuando afirmaba que todo trabajo industrial, tanto el realizado en la fábrica como en el comercio o la industria, era productor de riqueza (Pino, 1987: 36).

 

La posición de los liberales, atada a la tradición agrícola, reivindica el lugar protagónico para quienes están vinculados a la tierra, único e insustituible manantial de riqueza. De manera que la recuperación de la economía y del equilibrio social, alterados por la errada práctica gubernativa de los “godos”, impone la incorporación inmediata de los hombres de la tierra a funciones políticas y un cambio en la orientación del Estado: su intervención se hace imprescindible para salvar a la agricultura y enderezar los entuertos.

 

El Estado interventor

 

La manera de solventar los excesos ocurridos como consecuencia de los abusos en la aplicación de los postulados liberales es abandonar, drástica e irrevocablemente, la política del laissez faire y comprometer al Estado de manera activa en la recuperación del país.

 

Al constituir Venezuela un país nuevo, endeudado, pobre y agrícola, debían aplicársele principios acordes con su condición.  Al contrario que en los países viejos, en Venezuela abundan los elementos primitivos de riqueza, campos feraces, ricas canteras, abundante pesca, millares de leguas de tierra virgen y escasea lo que a ellos les sobra: brazos y capital, es decir, los principales agentes de riqueza (Guzmán, 1845)

 

Resolver las enormes dificultades que enfrentan los países nuevos en su proceso de crecimiento no puede estar al alcance de los particulares: no es un esfuerzo individual sino de todo el cuerpo social.  Le corresponde al Estado actuar para crear y favorecer las condiciones que permitan la prosperidad del país.

 

La protección de la agricultura con el concurso de capitales en condiciones favorables, ajustadas a la renta de la producción; legislar para proteger el trabajo del hombre; herir de muerte a la usura; propiciar medidas que den valor a la propiedad; ofrecer auxilios directos a la producción; colocar los excedentes fiscales en beneficio de la agricultura con un organismo de crédito del Estado, son algunas de las tareas que debe asumir el cuerpo social para resolver los desequilibrios existentes.

 

A juicio de los liberales, el gobierno debe propender a garantizar la suerte y el bienestar de la mayoría a través de una clara, incesante y solícita intervención directa del Estado en los asuntos económicos.

 

El vehemente respaldo al proyecto del Instituto de Crédito Territorial, formulado por Francisco Aranda en 1845 ante el Congreso Nacional y rechazado por el Ejecutivo; la solicitud expresa de contratar un crédito en el exterior a fin de resolver los problemas de escasez de capital; las férreas críticas a la política de mantener en depósito los excedentes del erario público sin incorporarlos a la actividad productiva, constituyen el cuerpo de propuestas concretas de los hombres del Partido Liberal y de su alegato en defensa de la intervención del Estado como recurso fundamental para impedir una catástrofe nacional.

 

La fórmula del Partido Liberal es, a todas luces, contraria al liberalismo económico de la época: su inspiración obedece más bien a las exigencias de quienes, afectados directamente por la orientación de la política del régimen, procuran un cambio de dirección que les permita acceder a mayores y mejores beneficios en el usufructo de su riqueza.

 

Se trata de un rico e intenso debate sobre los problemas económicos y políticos del país a la luz de las expectativas e intereses que mueven a la elite dirigente. La lucha por el poder y la confrontación que genera entre los bandos se expresa, entre los llamados liberales, en la defensa de los principios del liberalismo como recurso de legitimación de su propia actuación política. La alternabilidad republicana, el libre juego de opinión y la participación electoral en partidos políticos, son las piezas argumentales con las cuales enfrentan a sus contendores.

 

La discordia sobre los problemas económicos tiene otros ingredientes. En este caso se trata de una confrontación por la obtención de mayores cuotas de beneficios. El asunto se procura dirimir a través de la confrontación de ideas en torno a los principios de la teoría económica y su aplicabilidad en Venezuela, de donde resulta una exposición, por parte  de los liberales, en la cual se condena la ejecución de las medidas liberales adelantadas por el gobierno.  Los principios de la doctrina liberal en materia económica no se ajustan a las especificidades venezolanas, de acuerdo a la  óptica  de los hombres del Partido Liberal, quienes al ver afectados de manera directa sus intereses se erigen en sus principales críticos, condenan sus excesos, reivindican a la agricultura y solicitan la intervención del Estado.

 

El debate, por lo demás, trasciende a los hombres de la elite. Progresivamente, los estratos inferiores pretenden incorporarse a la contienda en calidad de protagonistas, lo cual no forma parte ni del discurso ni de las expectativas de los notables; se trata más bien de los cambios que en la sociedad venezolana produce la difusión de las ideas liberales (Pino, (1987: 134-144).

 

Las desavenencias y disparidades no finalizan con la salida de los hombres de Páez de la dirección del gobierno ni con el aparatoso y breve ingreso de los liberales al poder como compañeros circunstanciales de José Tadeo Monagas.  Si bien durante los primeros años de la administración del jefe oriental se suprimen las leyes más polémicas y se disuelve el Banco Nacional, muchos de los asuntos que se discutieron en las décadas iniciales de la República, no sólo determinaron el ritmo de la política y el rumbo de la economía, sino que además se han sostenido como aspectos cruciales de las discordias y enfrentamientos políticos desde el siglo XIX hasta nuestros días.

 

La defensa de la libertad de imprenta, el esquema bipartidista, la discusión sobre reelección y alternabilidad en el mando, la vía electoral como mecanismo idóneo para acceder al poder, la discusión sobre la agricultura como base de nuestro desarrollo, la presencia de libertades económicas, el papel que debe ocupar el Estado en el desenvolvimiento de la economía, ¿no son acaso temas de un debate que aún permanece pendiente entre nosotros?

 

 

 

Bibliografía

 

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[1] José Gil Fortoul: Historia Constitucional de Venezuela, 1930. Manuel Pérez Vila: “El Gobierno deliberativo. Hacendados, comerciantes y artesanos frente a la crisis. 1830-1848” en Política y Economía e Venezuela, 1976. Elías Pino Iturrieta: Las ideas de los primeros venezolanos, 1987. Diego Bautista Urbaneja: La idea política de Venezuela, 1988.

[2] Al finalizar el año 1843, El Relámpago editó unas seguidillas del poeta Rafael Arvelo, en las cuales se satirizaba al señor Juan Pérez, albacea testamentario del señor Juan Nepomuceno Chaves, director fundador del Banco Nacional.  Al intentar juicio contra el autor de los versos, apareció como responsable el Sr. Juan Villalobos. No obstante el tribunal de censura, a solicitud del abogado de Pérez, declaró sin responsabilidad al señor Villalobos y abrió causa contra Antonio Leocadio Guzmán en su calidad de dueño de la imprenta. El juicio seguido a Guzmán fue un escándalo público y su absolución el 9 de febrero de 1844, en medio del clamor de sus seguidores, motivo de júbilo para el Partido Liberal. El asunto está ampliamente desarrollado en Francisco González Guinan, Historia Contemporánea de Venezuela tomo III, pp. 365-367 y 385-399.

ines.quintero@analitica.com

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Inés Quintero

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