Caracas, Viernes, 18 de abril de 2014

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Exposición de motivos del proyecto de Ley Orgánica de la Cultura

El debate sobre la cultura en Venezuela
Lineamientos generales para la elaboración del proyecto de Ley Orgánica de la Cultura

Henrique Meier, Bases constitucionales del proyecto de Ley Orgánica de la Cultura

Proyectos de Ley Orgánica de la Cultura
Quinta versión, 14 de junio de 2001

Cuarta versión, 7 de mayo de 2001

Tercera versión, 5 de abril de 2001

Primera versión, 5 de febrero de 2001

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  1. El Proyecto de Ley Orgánica de la Cultura que el Ejecutivo Nacional, en ejercicio de la potestad de iniciativa legal que le atribuye la Constitución (art. 204.1), somete a la consideración de la Asamblea Nacional, para su discusión y sanción, es el resultado de un "esfuerzo colectivo" orientado y coordinado desde el Vice-ministerio de la Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, con el apoyo técnico - administrativo del Consejo Nacional de la Cultura, cuyo objeto es dotar al Estado y al pueblo de Venezuela de un instrumento jurídico amplio, coherente y flexible, que posibilite la progresiva instauración del nuevo modelo de gestión cultural previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

    En efecto, este proyecto de ley, concreción de los aportes de expertos de reconocida capacidad, experiencia y trayectoria en los ámbitos de las ciencias sociales, políticas y jurídicas, así como de numerosos gerentes y directivos de la Administración Pública Cultural Nacional, Estadual y Municipal, artistas y creadores, promotores culturales, universidades, instituciones privadas, y la comunidad organizada vinculada al quehacer cultural, es una iniciativa inspirada en el mandato expreso que el Constituyente ha dado a los poderes constituidos del Estado democrático y social, de Derecho y de Justicia (art. 2º CRBV), para convertir a la cultura, fuerza generativa y creadora que distingue y dignifica al ser humano, no sólo como uno de los derechos esenciales de la persona, del mismo rango y valor que la vida y la libertad, sino como el "proceso" fundamental para la construcción de una sociedad más equilibrada, igualitaria, solidaria, prospera y justa, sobre la base de la promoción, fomento, estímulo, apoyo y organización de la capacidad creadora de nuestro pueblo.

  2. Se trata de un instrumento jurídico general y programático, como corresponde a una ley nacional de la cultura destinada a desarrollar los derechos culturales de las personas y comunidades garantizados en la Constitución Nacional, y a operar como el marco principista y de orientación vinculante para la interpretación y aplicación de las diferentes leyes nacionales especiales vigentes en la materia, de aquellas que se dicten en el futuro para complementarla y ejecutarla, y para la no menos significativa normativa estadal y municipal en este ámbito de la vida individual y social.

    De allí que el carácter de orgánica atribuido al proyecto de Ley derive de una expresa disposición constitucional (art. 203 CRBV), dada su vocación formal y material de convertirse en un cuerpo jurídico intermedio entre la "Constitución cultural", esto es, el conjunto de normas constitucionales relativas al universo de la cultura, y las leyes ordinarias, nacionales y estaduales, ordenanzas municipales, y el resto de la normativa de rango infra-constitucional, que de manera descendente conforman el "sistema jurídico de la cultura", expresión jurídica de un sistema institucional formulado en este proyecto de ley.

    Carece la Constitución, - salvo en determinados preceptos de aplicación directa e inmediata, de esa "fuerza de obligar" conductas "públicas estatales". Por más que se afirme su supremacía (art. 7 CRBV), en la práctica, el sometimiento a la Constitución pasa forzosamente por ese ordenamiento legal y sub-legal que desarrolla y complementa la mayor parte de sus normas. En particular, y para el caso de la cultura, los deberes político-institucionales del Estado reclaman un sistema de normas que traduzca a parámetros operativos —dentro del principio de la legalidad—, los poderes y funciones que se requieren para hacer realidad los cometidos o fines, principios y valores plasmados en la Constitución como " razón política" fundamental de la Administración Pública Cultural Nacional, Estadual y Municipal.

    En ese contexto, la proliferación de normas legales y sublegales en un universo donde cada uno de los sectores que lo conforman (el cine, la música, la danza, el teatro, la artesanía, el libro, el patrimonio cultural, las artes plásticas, la educación estética, y demás expresiones) demandan regulaciones jurídicas sectoriales, ajustadas a sus especificidades, y donde, también, las exigencias de la descentralización estadual y municipal plantean reivindicaciones de autonomía normativa, puede conducir a un verdadero caos jurídico e institucional, a la imposibilidad de coordinar las políticas públicas para ordenar el desarrollo cultural del país. Y lo que es peor, a la violación de los principios y valores rectores del orden cultural previstos en la Constitución, por la ausencia de un cuerpo normativo que desarrolle de modo coherente, y conforme a las reglas y criterios de la más exigente técnica jurídica, el mandato del Constituyente en esa delicada y trascendental esfera de la vida presente y futura de los venezolanos y extranjeros radicados en el país. Tal es la virtud de una ley Orgánica de la Cultura

  3. Ese mandato, expresado en Principios Rectores, Derechos y Garantías Constitucionales y Principios de Política estatal, se desarrolla y complementa en ciento cuarenta y cuatro (144) artículos, cuatro (4) disposiciones transitorias y finales, sistematizados en quince (15) Títulos, como sigue:

TÍTULO I

DE LAS BASES CONSTITUCIONALES

Este primer Título, como lo indica su nombre, se refiere a las normas de la Constitución nacional relativas al ámbito cultural, vale decir, el fundamento constitucional de esta Ley. Comprende el Título dos Capítulos.

En el primero (Disposiciones Generales) se precisa el objeto de la ley; se define el concepto de cultura a los efectos de la interpretación y aplicación de este instrumento legal, así como de sus reglamentos, y de las leyes especiales que la complementen y desarrollen, empleando para ello una noción integral que comprende lo histórico, lo social, lo antropológico y lo funcional de esa energía generativa de lo humano, raíz de la creatividad en tanto rasgo que distingue y da especificidad a la vida humana.

Asimismo, se declaran de interés público las numerosas actividades en las áreas o disciplinas del vasto y complejo universo de las expresiones culturales; se establece el objeto de la gestión cultural del Estado, cuya acción se concreta a la creación, fomento y promoción de las condiciones institucionales que permitan el desarrollo cultural de la Nación, garantizando el ejercicio de los derechos culturales de las personas y comunidades, conforme a los principios rectores y los principios de política estatal, expresados en el Capítulo II de este Título. Se crea el Sistema Nacional de la Cultura como complejo institucional democrático, participativo, descentralizado, abierto, horizontal y flexible, con el objeto de coordinar la gestión cultural del Estado con la de las instituciones, entidades, comunidades y grupos de la Sociedad Civil. Este sistema deberá articularse con el Sistema Nacional Educativo y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para promover, orientar y coordinar el desarrollo cultural del país, mediante el estimulo a la participación creativa, consciente, libre y responsable del pueblo de Venezuela y de las comunidades de extranjeros radicados en el país.

El segundo capítulo(De los Principios rectores, derechos y garantías fundamentales y los principios de políticas culturales), como lo indica su objeto, contiene el desarrollo de las normas de la Constitución Cultural; es, por tanto, el eje axiológico del proyecto de ley, pues en el se definen las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, el Estado y la sociedad civil y el Estado y los artistas, creadores y trabajadores culturales, en esta área neurálgica de la vida individual, social y comunitaria.

Aquí encontramos las garantías básicas de los particulares frente al poder estatal, una zona de certeza que permite el saber a qué atenerse [seguridad jurídica] en relación con libertades y derechos humanos y las potestades y deberes del Estado en el ámbito cultural.

La garantía de las garantías culturales reconocidas en la Constitución Bolivariana, la libertad irrestricta de creación cultural (art. 98 CRBV), es concebida como un principio rector del desarrollo cultural y un derecho de la persona asociado a sus libertades fundamentales. Mediante la prohibición de toda forma de censura previa sobre la forma y contenido ideológico y artístico de las obras, actividades y proyectos culturales se asegura, al menos formalmente, la tutela de esta esencialísima libertad sin cuya vigencia no es, ni será posible la existencia de una sociedad de hombres y mujeres libres, creativos y autodeterminados, vale decir, una sociedad capaz de impedir que el "Poder", en sus variadas manifestaciones políticas, ideológicas, económicas y tecnológicas, ahogue las iniciativas del libre desenvolvimiento de la personalidad individual y la defensa de los valores, bienes, creencias, costumbres y tradiciones de lo específico cultural comunitario.

Con fundamento en esta libertad primaria se garantiza el derecho a la propiedad intelectual (art. 98 CRBV) que comprende, entre otros derechos, el del autor sobre sus obras científicas, literarias y artísticas, los derechos sobre las invenciones, innovaciones, signos, distintivos, diseños y demás modalidades de la propiedad industrial y la libertad de inversión, producción y divulgación de las obras, conforme a las leyes especiales sobre esas materias.

Se le asigna al Estado la promoción y protección de la propiedad intelectual como estrategia de seguridad jurídica para estimular la creatividad, la productividad y las inversiones en los campos de la economía, la ciencia, la tecnología, el arte, la artesanía y demás expresiones culturales.

A tale fines, el Ejecutivo nacional por órgano de las autoridades administrativas competentes, asume deberes específicos entre los cuales se destacan la organización de un sistema financiero para la inversión, producción y divulgación de las obras científicas, literarias y artísticas, y la prevención y represión de los delitos contra la propiedad intelectual, conforme a las leyes de la materia,. La prevención de esos delitos compromete la acción estatal para la organización de campañas educativas e informativas destinadas a disuadir a la población, que se abstenga de adquirir bienes culturales producidos y comercializados en contravención a la ley, ante el alarmante aumento de la producción, distribución, venta y consumo fraudulentos de bienes culturales, esto es, la denominada piratería industrial y comercial, responsable de las cuantiosas pérdidas económicas que sufren empresas nacionales y extranjeras, precisamente, por la violación de los derechos garantizados en las leyes sobre la propiedad intelectual.

Para reducir esa modalidad del crimen organizado, no es suficiente con la acción represiva de las autoridades policiales; es necesario convencer al público consumidor que se abstenga de adquirir bienes que carecen de toda garantía de calidad, y que, además, ocasionan graves perjuicios a la economía nacional.

No es un secreto el que la impunidad que caracteriza esa "economía ilegal", es un fuerte desestímulo a las inversiones nacionales y extranjeras en el sector de los bienes culturales.

Dentro de los otros Principios Rectores constitucionales complementados en este Capítulo, destaca el principio de los valores de la cultura como bien irrenunciable del pueblo venezolano (art. 99 CRBV), el cual es conceptuado, además, como un derecho fundamental de las personas y comunidades.

Este principio rector es el fundamento de un conjunto de políticas públicas que el Estado está en el deber de implementar, y que comprende, entre otros procesos y actividades, a la educación formal como proceso institucional articulado al conocimiento de los valores de la cultura en tanto bien individual y social irrenunciable; en particular, el conocimiento, investigación, valoración, divulgación, promoción y protección de las diversas expresiones de las culturas constitutivas de la venezolanidad. La protección, preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural tangible e intangible, y de la memoria histórica de la Nación. Los planes, programas y acciones que atiendan tanto al creador, al gestor y al receptor de la cultura, así como el acceso de todos los ciudadanos al conocimiento y disfrute de los bienes y servicios culturales en igualdad de oportunidades, concediendo especial atención a la infancia, la juventud, las personas limitadas física, sensorial o psíquicamente, la tercera edad y los sectores sociales más necesitados. En fin, el fomento y los estímulos a la creación, la investigación y a las actividades científicas, tecnológicas, artísticas y culturales en general, en especial los incentivos a las personas, instituciones y comunidades que promuevan, apoyen o financien planes, programas y actividades culturales en el país, así como el conocimiento y valoración de la cultura venezolana en el exterior.

Con base en ese principio rector de la cultura en tanto bien irrenunciable, todas las personas y comunidades tienen derecho al acceso universal a la información cultural. Para ello el Estado, por medio del Sistema Nacional de la Cultura, debe propiciar la creación, organización y prestación de los servicios públicos de radio y televisión culturales y de redes de bibliotecas y de informática (art. 108 CRBV).

Cabe destacar el deber del Estado de promover y apoyar el desarrollo de la radio y televisión comunitarias o alternativas, auténtico derecho de las comunidades a crear medios de libre expresión y divulgación de sus ideas, intereses, creencias y valores; modalidad también de participación ciudadana en la formación de opinión pública, y contribución a la ruptura del dominio o monopolio de la radio y televisión comerciales, exigencia de una democracia pluralista en la que las voces e imágenes de las personas y comunidades puedan escucharse y verse, más allá de la lógica del "rating" y de los intereses de los dueños de esa poderosa industria.

Principio de significativa trascendencia es el de la igualdad de todas las expresiones y manifestaciones culturales del pueblo venezolano y de las comunidades de extranjeros radicados en el país, las cuales deben respetarse en igualdad de condiciones (art. 100 CRBV).

La igualdad de las culturas como principio rector de la democracia cultural reconocida en la Constitución Bolivariana y en los Tratados y Convenios suscritos por la República en materia de Derechos Humanos, se garantiza mediante la prohibición de cualquier forma de discriminación por razones culturales, así como de los actos contrarios a la libre expresión de los valores culturales de las personas y comunidades, y el derecho de toda persona a rechazar y oponerse a las iniciativas y actos tendentes a imponerle modelos y valores culturales en los órdenes político, filosófico, ideológico, ético, religioso y estético, pretendidos como únicos y verdaderos.

El Estado se obliga a promover y proteger la diversidad cultural en tanto objetivo del desarrollo cultural del país, en particular el derecho de los pueblos indígenas a preservar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, idiomas, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto, y a una educación que atienda a sus particularidades socioculturales (arts. 119 y 121 CRBV).

Asimismo, la promoción y protección de la diversidad cultural compromete la acción del Estado, por medio del Sistema Nacional de la Cultura, en la ejecución de programas de fomento, investigación y estimulo a las expresiones culturales diversas del pueblo de Venezuela, y de las comunidades de extranjeros radicados en el país, única forma posible de preservar la riqueza cultural de la Nación ante las tendencias uniformadoras y simplificadoras de las conductas y valores de la sociedad, efecto perjudicial en el ámbito cultural de los procesos de globalización y mundialización de la economía, impulsados por los avances de la tecnologías informáticas y comunicacionales.

Conscientes de la gravísima situación de exclusión cultural en la que se halla gran parte del pueblo de Venezuela, el Estado asume el deber indeclinable, con el auxilio y apoyo de la sociedad civil, de promover programas especiales que permitan el acceso a los bienes y valores de la cultura como uno de los medios de superación de la exclusión y la pobreza, y de elevar el nivel de vida de las personas y comunidades.

En el contexto de la defensa de los valores culturales de la Nación, el Estado asume la protección del idioma castellano como idioma oficial, sin desmedro de la protección de los idiomas ancestrales de los pueblos indígenas, y del derecho de esas comunidades a su uso oficial en tanto patrimonio de la Nación y de la humanidad (art. 9 CRBV). Se garantiza, además, el derecho de las comunidades de extranjeros al uso de sus idiomas y dialécticos nacionales.

La relación entre el Estado y los creadores es objeto de una regulación principista, tanto la clásica laboral, contractual, como la de apoyo institucional (subsidios, becas, bolsas de trabajo, etc.). En ese sentido, se garantiza a los creadores y trabajadores de la cultura en general, su incorporación a Sistema de Seguridad Social Universal previsto en la Constitución Nacional, con las particularidades del quehacer cultural (art. 100 CRBV); pero, también, se les establece la obligación a un continuo y sostenido mejoramiento profesional, técnico, laboral y de su oficio en general, para propiciar la creación de obras del ingenio y de servicios y bienes culturales de calidad, así como su cooperación en los programas de transferencia de conocimientos técnicos y experiencias en el proceso de formación de las artes del hacer. La Autoridad nacional de la Cultura queda obligada a organizar programas destinados a los creadores, artistas, hacedores y trabajadores de la cultural, con el objeto de mejorar sus conocimientos, destrezas y habilidades artísticas, técnicas y profesionales.

En suma, se establece el principio rector de la necesaria articulación entre las políticas económicas, sociales y culturales con el objeto de promover el desarrollo humano integral en tanto suprema finalidad del régimen socioeconómico previsto en la Constitución Nacional (art. 299 CRBV). A esos efectos, el Plan nacional de Desarrollo Económico y Social deberá incluir al Plan Nacional de la Cultura.

El resto de los Títulos del Proyecto de Ley es el desarrollo de estos Principios Rectores, Derechos y Garantías Constitucionales y Principios de Política Estatal, como se verá a continuación.

TÍTULO II

DE LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN

Este Título comprende dos Capítulos. En el Capítulo I (Disposiciones Generales) se ratifica a la educación como proceso para alcanzar los valores de la cultura como bien irrenunciable del pueblo venezolano, cuya finalidad esencial es despertar y desarrollar el potencial de libertad creadora inherente a la persona humana (art. 102 CRBV).

El respeto a todas las corrientes del pensamiento humano es el pilar del proceso educativo y del derecho a una educación integral, crítica, no dogmática y centrada en el pluralismo cultural (art. 102 CRBV).

Conforme a esos principios se establece el deber fundamental del Estado, por medio del Sistema Nacional de la Cultura y el Sistema Nacional de la Educación, de abrir un proceso de revisión permanente, con la plural participación de los actores y receptores del proceso educativo, de currículo y los métodos del actual sistema de enseñanza en todos los niveles de la educación formal, con el objeto de introducir las reformas que estimulen el desarrollo del potencial creativo de cada educando.

Para nadie es un secreto las notables deficiencias de un sistema de enseñanza acrítico, que induce al aprendizaje "memorístico" de datos, fechas, conceptos, vale decir, un sistema que bloquea la posibilidad de aprender a pensar en forma autónoma, reflexiva, contextual e integradora los conocimientos de las diferentes disciplinas científicas y humanísticas; un sistema que se apoya en un concepto estático de la cultura, mera función reproductora de los "valores", "creencias" y "experiencias" recibidos, y no de la cultura en su "función creadora" de nuevas ideas y valores susceptibles de producir cambios en la experiencia concreta de la vida individual y social, esto es, nuevas prácticas sociales enriquecedoras de la vida humana.

En el Capítulo II (De la modalidad Educación Estética y Formación para las Artes), se refuerza la obligación de las instituciones educativas públicas y privadas de cumplir con los programas de esa modalidad educativa, incidiendo en la dimensión práctica y experimental de la música, la pintura, la literatura, la artesanía y demás actividades de las artes del hacer susceptibles de coadyuvar al despertar y desarrollo de la creatividad.

A tales fines, las instituciones educativas deberán contar con las infraestructuras adecuadas a la población estudiantil a la que prestan el servicio educativo, propias o garantizadas mediante convenios. El Sistema Nacional de la Cultura debe prestar su apoyo y colaboración para la ejecución de ese programa.

TÍTULO III

DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CULTURA Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CULTURAL

En este Título que comprende dos Capítulos (Capítulo I: Del Sistema Nacional de la Cultura y Capítulo II: De la Administración Pública Cultural), se formaliza un modelo inédito y revolucionario de gestión cultural, que hoy, antes de la vigencia formal de este instrumento legal, ya está siendo objeto de implementación por parte de las diversas instancias institucionales que integran tal Sistema.

Se define al Sistema Nacional de la Cultura como el conjunto de instituciones públicas y privadas que planifican, promueven, fomentan, estimulan, financian, desarrollan y ejecutan actividades culturales, incluyendo al conjunto de políticas, estrategias, recursos y procesos institucionales articulados a la acción cultural de esas instituciones en el territorio nacional.

Este modelo de gestión implica superar la anacrónica separación entre el Estado y la sociedad civil, sobre la base del respeto y garantía a los principios de libertad y autodeterminación de las personas y comunidades, participación consciente y responsable en el proceso de desarrollo cultural, descentralización de la gestión cultural, autonomía de la Administración Pública Cultural, y el fomento, apoyo, promoción y protección estatal de las diversas expresiones y manifestaciones culturales del pueblo de Venezuela y de las comunidades de extranjeros radicados en el país, en particular aquellas que conforman el patrimonio cultural y la memoria histórica de la Nación.

Ese nuevo modelo de gestión cultural rompe con esa insólita distancia entre Estado y sociedad, —producto de la apropiación de las instancias del poder público por parte de quienes conceptuaron y ejercieron el poder político como instrumento de dominación y no de servicio público—. En tal sentido, se atribuye la responsabilidad de la gestión cultural al Sistema Nacional de la Cultura, estructura institucional de procesos de comunicación, de interacción y de decisiones concertadas y coordinadas que integra a los organismos que conforman la Administración Pública Cultural Nacional, Estadual y Municipal, con las universidades públicas y privadas en tanto centros de conocimiento, investigación y creación cultural, las instituciones privadas sin fines de lucro articuladas al quehacer cultural del país, y a las comunidades y grupos de la sociedad civil, del pueblo como actor del proceso sociocultural, artistas, artesanos, promotores, hacedores de cultura.

Estructura institucional flexible, básicamente horizontal, abierta, viva, desburocratizada, que significa un reto para el Estado y la sociedad, el primero atado a las rutinas de un poder ineficiente, arbitrario y corrupto, desdeñoso de los ciudadanos y las comunidades, y estos a la espera de las dádivas del Estado benefactor, en la cultura del reclamo y la desconfianza, del reparto y los beneficios clientelares.

Conscientes estamos de que hay en esta propuesta un verdadero postulado revolucionario de la democracia participativa y responsable consagrada en la Constitución (arts 63 y 70 CRBV). Y que no será nada fácil que los funcionarios del Estado renuncien a las creencias y prácticas del "viejo poder", como tampoco que los ciudadanos y comunidades acepten asumir verdaderas responsabilidades políticas como actores de esa nueva gestión cultural.

Respetuosos del principio de la libertad y autodeterminación de las personas y comunidades, y de las instituciones privadas de las sociedad civil, así como de la autonomía de los Estados y Municipios, la de las universidades públicas y privadas, y en general la de la Administración Pública Cultural, la incorporación al Sistema Nacional de la Cultura, salvo el caso de los organismos que integran la Administración Pública Cultural Nacional, dependerá de la decisión de las autoridades de esas instituciones, o de los miembros y de los grupos y comunidades, según los casos.

Obviamente, la rectoría de este Sistema compete a una autoridad nacional en la materia, ya que la coordinación de las actividades, planes, proyectos y procesos institucionales no se produce por "generación espontánea".

Lejos estamos de una sociedad de hombres y mujeres perfectos, de una ciudadanía integrada por ciudadanos de una ética superior, conscientes de sus responsabilidades, que no requieran, por tanto, de una autoridad que, al menos, impulse las tareas necesarias para promover, coordinar, supervisar y controlar la realización de los cometidos de la gestión pública.

Por más flexible y horizontal que sea este Sistema, el mismo requiere de un ente que oriente y coordine su operatividad. No con la idea de imponer actos unilaterales y autoritarios, sino con la finalidad de concertar, orquestar, armonizar, hacer converger las acciones de tan disímil y complejo sistema, hacía objetivos comunes y compartidos. Un descomunal esfuerzo de persuasión, diálogo, disuasión y convencimiento, es el reto fundamental de esta Autoridad Nacional de la Cultura, para rescatar el espacio o escenario de la política en tanto arte del "consenso" en una sociedad democrática como la nuestra. Y ello no tanto porque lo reconozca y garantice la Constitución, sino porque la realidad política, social y cultural indica la existencia de una sociedad compleja de plurales intereses, ideas, creencias y valores. Una sociedad que difícilmente puede ser gobernada sin la política, como si se tratase de una comunidad de siervos de la gleba, de vasallos y súbditos, o montonera guiada por un jefe de autoridad indiscutida.

El proyecto de ley no define la naturaleza jurídico - administrativa de esa Autoridad Nacional de la Cultura. Con fundamento en la potestad otorgada por la Constitución al Ejecutivo Nacional en materia de creación y organización de las entidades ministeriales (art. 236.20), se establece que en el caso de que dicho Poder decida organizar a esa autoridad como un Ministerio, procurará que su estructura institucional se base en un modelo de gerencia pública moderna, flexible, operativa, ágil, abierta, participativa, interdisciplinaria y adaptable a la visión, misión y políticas culturales inspirados en los Principios Rectores previstos en el Capítulo II del Título I y en los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de la Cultura definidos en el Capítulo I de este Título III.

TÍTULO IV

DEL PLAN NACIONAL DE LA CULTURA

En este Título que comprende un Capítulo Único, el Plan Nacional de la Cultura se concibe como el documento rector de las políticas y de la gestión de la Administración Pública Cultural y demás entidades e instituciones culturales que integran el Sistema Nacional de la Cultura.

En este sentido, dicho Plan es el instrumento fundamental para la realización coordinada a corto, mediano y largo plazo de los objetivos del referido Sistema Nacional, señalados en el artículo 36 del proyecto, todos dirigidos a establecer la cultura como fuerza de reconstrucción social y posicionada en los más altos niveles de decisión del Estado, de modo que se valore, proyecte y consolide el sentido colectivo de memoria, entidad y pertenencia, se democratice la acción cultural con subsistemas, redes, circuitos y corredores en tanto mecanismos de participación colectiva, se instituya a la empresa cultural como una fuente de recursos financieros y tecnológicos al servicio de la cultura. Se asuma la cultura como servicio público y fundamento de la educación para propiciar la formación de un ciudadano libre, critico, creativo, solidario y responsable, y de una nueva ciudadanía como plataforma de una sociedad democrática, participativa, tolerante y pluralista. Se propicie el desarrollo de una cultura ecológica y ambiental que posibilite la instauración de nuevas relaciones de armonía dinámica entre el hombre, la sociedad y la naturaleza. Y se posesione la acción cultural por medio de la infraestructura, las comunidades regionales y locales para el desarrollo integral de la Nación frontera a frontera, consolidando las prácticas de la descentralización y la desconcentración combinadas, y demás objetivos previstos en ese artículo cuya prolijo enumeración desborda el objeto de una Exposición de Motivos.

El Plan Nacional incluirá a los planes elaborados por las entidades que integran le Sistema Nacional de la Cultura, conforme a los principios de libertad y la autodeterminación de las personas, comunidades e instituciones de la sociedad civil, y la autonomía de la Administración Pública Cultural. Para ello deberán suscribirse los acuerdos correspondientes con la Autoridad Nacional de la Cultura.

A dicha Autoridad compete la coordinación del procedimiento de elaboración del Plan Nacional, conforme a las normas del reglamento de la ley.

Fieles al principio de la participación democrática, el proyecto garantiza un proceso de consulta pública en el trámite de elaboración del Plan Nacional, para oír las opiniones de los interesados. Se remite al reglamento las modalidades y plazos de la referida consulta, la cual se regirá por el principio de discusión democrática, abierta y plural.

El Plan Nacional será aprobado mediante decreto del Presidente de la República, en Consejo de Ministros, y entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Se considerará nulo de nulidad absoluta el acto de aprobación de dicho Plan, en cuyo procedimiento de elaboración se hubiere omitido el trámite de la consulta pública.

El Plan Nacional será ejecutado mediante planes anuales, los cuales se desagregarán en programas y proyectos de acción cultural. La elaboración del Plan Nacional compete a al Autoridad Nacional de la Cultura, así como su aprobación mediante el acto administrativo correspondiente.

Para garantizar la sujeción del Plan Anual a los objetivos, lineamientos y directrices del Plan Nacional, se establece el derecho de cualesquiera de los integrantes del Sistema Nacional de la Cultura, y en general de toda persona interesada, a demandar la nulidad del acto de aprobación del Plan por ante la jurisdicción correspondiente.

En fin, se establece la relación entre el Sistema de Planificación y el Sistema Presupuestario al precisarse que los planes, programas y proyectos anuales de la cultura, deberán ser formulados en consideración a las disponibilidades del presupuesto operativo anual del Sistema Nacional de la Cultura.

TÍTULO V

DEL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO CULTURAL

Uno de los aspectos esenciales del desarrollo cultural del país es el relativo a su financiamiento. Crónica situación deficitaria la del sector cultural, sus presupuestos irrisorios, expresión de la poca importancia que el Estado le ha atribuido al tema de la cultura. A pesar de las recomendaciones de organizaciones internacionales como la UNESCO, la cultura sigue estando en el último vagón del tren presupuestario.

Ahora bien, si la Constitución Bolivariana considera a la cultura como un asunto de Estado, otorgándole ese rasgo de derecho humano y de cometido fundamental del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, nada más lógico que la nueva gestión cultural, - en la concepción integrada del Sistema nacional de la Cultura -, disponga de fuentes alternas y complementarias de financiamiento a las clásicas partidas presupuestarias.

Es por esa razón que en el Capítulo I (Disposiciones Generales) el Estado asume la obligación, mediante aportación directa, políticas de estímulo (mecenazgo), acuerdos y programas especiales, de proveer recursos financieros, recurrentes y oportunos que garanticen el desarrollo cultural sostenible del país. A tales efectos se establecen las fuentes del financiamiento cultural como sigue:

Se precisa que en el presupuesto anual de la Administración Pública Nacional y en el de cada uno de los Estados y Municipios, se fijará un porcentaje destinado a la gestión cultural pública, el cual será estimado conforme a las recomendaciones de los organismos internacionales para la elaboración de los presupuestos de la cultura, de los cuales el Estado venezolano es miembro.

A fin de incorporar la inversión privada como fuente sustancial de financiamiento se establece un régimen de incentivos fiscales de acuerdo con los principios, criterios y normas procedimentales previstos en el Capítulo II. Por otra parte, a los efectos de promover y facilitar el intercambio cultural, el órgano competente del Ejecutivo Nacional podrá dictar medidas y establecer regímenes aduaneros especiales relacionados con la importación e ingresos de bienes culturales al país (Capítulo II).

Otras de las fuentes de financiamiento reguladas en este Capítulo, es el fomento y apoyo de programas especiales de financiamiento para las empresas culturales; la suscripción de convenios de cooperación financiera para proyectos culturales específicos con gobiernos extranjeros, instituciones multinacionales y regionales, oficiales y privadas, o cualquier otro programa de financiamiento internacional de interés para la Nación, previo el cumplimiento del ordenamiento legal respectivo; la suscripción de convenios o asociaciones estratégicas con el sector privado nacional o internacional para la generación de bienes y servicios culturales; y en fin la creación de Zonas Francas Culturales conforme a las disposiciones reglamentarias de la Ley.

En el Capítulo II (Del Mecenazgo y los Incentivos Fiscales) se prevé un régimen especial de rebajas, exenciones y exoneraciones tributarias para las personas naturales y jurídicas que patrocinen proyectos y obras de carácter cultural. Los incentivos o beneficios fiscales, dentro de las exigencias del Código Orgánico Tributario y conforme a las prescripciones de los principios generales de la imposición, deben ser otorgados por ley, de manera general y no discrecional, respondiendo exclusivamente a la necesidad de estimular, incentivar y orientar la actividad privada a los fines y objetivos perseguidos en la definición de políticas públicas, y así aparece consagrado en el Capítulo I.

A fin de garantizar la efectividad y resultados de los incentivos y beneficios fiscales otorgados y evitar su disfrute indebido, inapropiado o destinado a prácticas defraudatorias, el cuerpo normativo aquí previsto faculta a la Administración para adoptar y efectuar un eficiente control fiscal sobre las instituciones privadas o personas naturales a quienes se les haya otorgado por esta Ley, o por otras leyes y ordenanzas, las exenciones, rebajas, beneficios y demás incentivos fiscales. Es la única manera de mantener el equilibrio entre la recaudación sacrificada (gasto tributario) y los resultados esperados en la ejecución de la política cultural del Estado. A ese propósito responde la normativa prevista en este Capítulo.

TÍTULO VI

DEL PATRIMONIO CULTURAL

Venezuela es uno de los países de América latina que ha sufrido con mayor rigor la pérdida de su patrimonio cultural tangible e intangible, y por tanto de su propia memoria histórica, no sólo por la "negligencia" de las autoridades nacionales, estaduales y municipales competentes en la materia, sino básicamente por el desinterés de su dirigencia política, intelectual, empresarial y cultural en la protección de nuestro acervo cultural. Ha faltado una verdadera política de Estado en el tema.

Consciente de ello, la Constitución Bolivariana eleva a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de identificar, proteger, preservar, rescatar, enriquecer, revitalizar, valorizar, mantener, conservar y restaurar el patrimonio cultural, tangible e intangible, y la memoria histórica de la Nación (art. 99 CRBV).

La preservación de nuestra "identidad cultural" en el marco del actual proceso de globalización, exige la defensa de ese patrimonio. Defensa que no es sólo responsabilidad del Estado, pues reclama "insoslayablemente" la activa participación de la ciudadanía.

A partir de esa premisa, en el Capítulo I (Disposiciones Generales) se formula un concepto general de patrimonio cultural, que comprende todos los bienes, expresiones y valores culturales "intangibles" de la nacionalidad venezolana, tales como la tradición, las costumbres, la música, el folklore, los cuentos populares, las expresiones del ámbito de lo sagrado o religioso, las fiestas y celebraciones populares, la gastronomía o culinaria, los bailes y juegos tradicionales o el dominio de lo lúdico, la pintura, la escultura, la artesanía y los mitos y ritos colectivos, así como el conjunto de bienes, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, social y ambiental, es decir, el llamado patrimonio "tangible".

En el Capítulo II (Del Patrimonio Cultural inalienable, imprescriptible e inembargable) se regulan los bienes del patrimonio cultural tangible, - los que por expresa disposición constitucional (art. 99 CRBV) -, son bienes del dominio público, y por tanto, patrimonio inalienable, imprescriptible e inembargable de la Nación.

Quedarán afectados a ese régimen especial, los bienes muebles e inmuebles que la autoridad administrativa competente declare como tales, de conformidad con la ley de la materia, por poseer especial interés y valor histórico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, paleontológico, social y ambiental, entre los cuales, a título enunciativo se mencionan en este Capítulo, los sitios y monumentos históricos, los monumentos arquitectónicos, los museos, bibliotecas, videotecas, mapotecas y demás bienes de semejante naturaleza.

Se declara de interés público la identificación, reconocimiento, conocimiento, investigación, difusión y conservación de los bienes, valores y expresiones que conforman el patrimonio cultural intangible de la Nación, y de utilidad pública la afectación, protección, preservación, conservación, restauración, enriquecimiento y administración de los bienes que integran el patrimonio cultural inalienable, imprescriptible e inembargable y la memoria histórica de la Nación.

La diferencia no tiene un simple valor semántico, pues estamos en presencia de dos regímenes jurídicos diferentes. En efecto, los bienes del patrimonio tangible son bienes que están "fuera del comercio", que no pueden ser cedidos, ni enajenados por ningún título por parte de la autoridad competente para su administración. De allí la inalienabilidad, es decir, la prohibición de todo acto que implique transferir su "titularidad" del patrimonio público a un patrimonio privado. Es más, cualquier acto o negocio con ese objeto es nulo de nulidad absoluta y compromete la responsabilidad penal de su autor o autores. La imprescriptibilidad significa la "prohibición" de su adquisición por obra del transcurso del tiempo; en pocas palabras, es inadmisible la posesión legítima, pacífica y de buena fe sobre los bienes así calificados. Y la inembargabilidad tiene por objeto "protegerlos" de cualquier incidencia judicial en la que pueda verse involucrada la autoridad competente, o un tercero que pretenda su propiedad.

Por esa razón, esos bienes son insusceptibles de propiedad privada; por consiguiente, en los casos en los que el Estado, - por medio de la autoridad competente -, decida afectar determinado bien cultural de propiedad privada, mueble o inmueble, al patrimonio cultural "tangible" de la Nación, deberá indefectiblemente "expropiarlo" a su legítimo titular con arreglo a las disposiciones de la ley en la materia.

Ahora bien, la expropiación procede por causa de "utilidad pública", y no de mero interés público.

La utilidad pública (ley de Expropiación por razones de Utilidad Pública o Interés Social), como concepto legal, es el provecho o utilidad, el beneficio tangible que una comunidad local, regional o la colectividad nacional, obtiene de una obra o actividad determinada.

En el supuesto del patrimonio tangible, ese provecho es la titularidad pública de unos bienes culturales afectados al conocimiento, investigación y disfrute público, es decir, de la colectividad indiferenciada de personas.

Los bienes del patrimonio intangible son "insusceptibles" de apropiación por su naturaleza misma: tradiciones, folklore, costumbres, bailes, música, creencias, son vida humana objetivada, mas no cosificada en bienes muebles e inmuebles, como si lo es, por ejemplo, un monumento histórico. En consecuencia, no hay manera de calificarlos como bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables, como tampoco pueden ser sometidos a técnicas de restauración.

Sin embargo, es de interés público su identificación y reconocimiento, así como las actividades articuladas a su investigación y valorización.

La protección de ese patrimonio depende básicamente de su conocimiento y valoración por parte de la comunidad. La voluntad colectiva de defender la identidad cultural nacional, regional y local.

Merece especial señalamiento la referencia en el Capítulo II a la guarda, conservación, control, estudio, investigación, organización y preservación de los documentos, archivos históricos y administrativos de la República, como componentes del patrimonio cultural tangible de la Nación.

Al respecto, se le establece al Estado el deber de modernizar y equipar el Archivo General de la Nación, y demás archivos públicos nacionales, estadales y municipales que integran el Sistema Nacional de Archivo, a fin de que cumplan la función probatoria, supletoria, verificadora y de testimonio de la memoria histórica de la nación.

Además, el Archivo General de la Nación se incorpora al Sistema Nacional de la Cultura como el órgano responsable de la creación, orientación, coordinación y supervisión de los archivos históricos de la Nación, y de control y vigilancia sobre los documentos declarados de interés público, cuyos propietarios, tenedores o poseedores sean personas naturales o jurídicas de carácter privado.

Por último, se remite a la ley especial de la materia todo lo relacionado con la gestión del patrimonio, en particular el régimen de las penas y sanciones para reprimir los delitos e infracciones administrativas contra la protección y conservación del patrimonio cultural tangible y la memoria histórica de la Nación, así como el procedimiento para la declaratoria de los bienes que integran este patrimonio especial de la Nación, y las normas relativas al derecho de las personas y comunidades al conocimiento, preservación, protección y disfrute de los bienes, valores y expresiones del patrimonio cultural en su dimensión integral.

TÍTULO VII

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CULTURALES Y DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL

La consideración de determinadas actividades culturales con el carácter de "servicios públicos" es, sin duda, una importante novedad en el Proyecto de Ley Orgánica de la Cultura (Capítulo I: De los servicios culturales).

Y no es que antes de esta conceptualización jurídica, en la práctica no existan auténticas actividades prestacionales públicas del ámbito cultural, tales como por ejemplo el sistema nacional de museos y el de las orquestas sinfónicas, no, de lo que se trata, ahora, es de otorgarle a esas y otras actividades culturales de similar naturaleza, el rango jurídico-institucional del régimen administrativo de los servicios públicos, con todos los efectos legales que se derivan de esa calificación jurídica.

Tal vez una de las causas de la "debilidad" o "precariedad" institucional de los programas culturales ejecutados, promovidos o subsidiados por el Estado, haya sido, hasta el presente, esa indefinición legal, ese limbo jurídico en el que se encuentran los servicios culturales.

Desde el momento en que a la cultura se la tiene como un simple "complemento" de los planes y programas de "trascendencia" política en la óptica tradicional, es decir, aquellos asociados a la construcción de obras públicas, a la explotación de los recursos naturales, el desarrollo industrial, agrícola y urbanístico, la industria petrolera, las telecomunicaciones, etc., o como parte de una programación destinada a cubrir el llamado "tiempo libre", el ocio de los ciudadanos "productivos", para nada resulta extraño el que el Estado le asigne tan pobres recursos presupuestarios a las entidades del sector.

Pero si la cultura, - como dispone la Constitución Bolivariana -, es un derecho humano irrenunciable, un valor ético y un cometido fundamental del Estado democrático y social, de Derecho y de Justicia; en suma, un proceso articulado a la reconstrucción social, el conocimiento, la investigación, disfrute y valorización de los bienes, valores y expresiones culturales, por medio de los servicios prestados por el Estado y los particulares, se convierte en una "función política" de primer orden, en el mismo plano que la educación, la salud, la protección ambiental y otras actividades similares.

En esta nueva perspectiva, los servicios públicos culturales satisfacen una "necesidad humana, individual y colectiva", colman carencias espirituales, estéticas y éticas, forman parte de la condiciones integradas a la calidad de la vida de una sociedad. Por consiguiente, los servicios públicos culturales han de ser prestados de manera permanente, continua y regular, como es el supuesto de cualquier otro servicio público. Y así como la sociedad no se puede permitir la parálisis de los servicios públicos educativos, de salud, de transporte y electricidad, de suministro de agua potable, tampoco puede suspender los "servicios culturales", porque de ello depende el bienestar espiritual de las personas y comunidades, así como de otros servicios depende el bienestar material.

Con fundamento en esos postulados, en este Capítulo se le establece al Estado la obligación, por instrumento del Sistema nacional de la Cultura, de crear, organizar y prestar de manera permanente, continúa y regular los servicios públicos de índole cultural.

Se entiende por servicio público, a los efectos de la ley, el conjunto de actividades prestadas por el componente institucional del Sistema Nacional de la Cultura, con el objeto de llevar a la colectividad el conocimiento, uso y disfrute de los diversos bienes, expresiones y valores culturales del país y de la humanidad, en los dominios del arte, la ciencia y la tecnología.

El "reconocimiento" o "declaratoria" de una actividad como servicio público cultural, con los efectos legales correspondientes, releva de la competencia de la Autoridad Nacional de la Cultura, o de las autoridades estaduales y municipales, según los casos. Se remite al reglamento de la ley el procedimiento para la declaratoria de los servicios públicos culturales nacionales.

Sin perjuicio de las autonomías estaduales y municipales, en el Capítulo se señalan los requisitos básicos que una "actividad cultural" debe reunir, a los fines de su reconocimiento o declaratoria como servicio público.

En este mismo orden de ideas, en ese primer Capítulo se enfatiza que los servicios culturales constituyen medios institucionales para garantizar el acceso al conocimiento, investigación, uso, disfrute y valorización de los bienes, valores y expresiones que integran el patrimonio cultural de la Nación.

El acceso a los servicios ha de efectuarse en condiciones de igualdad, salvo el régimen especial destinado a los menores, los discapacitados y las personas de la tercera edad.

El Capítulo hace referencia al deber constitucional de los medios de comunicación social, en particular los medios televisivos y radiofónicos, de coadyuvar con el Estado en la promoción, protección y conservación de los bienes, valores y expresiones del patrimonio cultural de la Nación mediante la transmisión de programas diseñados para cumplir ese cometido público, y conforme a las disposiciones reglamentarias de esta ley, las normas que regulan el régimen jurídico de la radio y televisión comerciales, y los acuerdos que se celebren en la materia.

Este último tópico es de singular importancia, toda vez que el espíritu, propósito y razón de esta ley se inscribe en la tendencia del derecho democrático, flexible y alternativo, que postula el empleo de los medios consensuales, las técnicas de la concertación o de los acuerdos institucionales, antes que los medios coercitivos, coactivos y represivos.

Es indispensable que el sector de la llamada industria de la radio y de la televisión, tome conciencia de la responsabilidad social de esos poderosos e influyentes medios, en el mejoramiento de la calidad de la vida espiritual de la colectividad, cooperando de manera voluntaria, y por virtud de indubitables exigencias éticas, en la transmisión de programaciones que contribuyan al conocimiento de las expresiones y valores de nuestro ser cultural.

El Capítulo II ( De la Infraestructura cultural) regula lo referente a las instalaciones culturales, bienes indispensables para la creación, la comunicación, la expresión de la vida individual y colectiva, y básicamente para la prestación de determinadas modalidades de los servicios públicos culturales.

Por ello, se declara de utilidad pública e interés social la construcción, mantenimiento, conservación, rescate y administración de esas instalaciones, con prescindencia de la titularidad, pública o privada, de los bienes inmuebles que constituyen su asiento físico.

Uno de los aspectos que habrá de considerarse en el futuro Plan Nacional de la Cultura, es el relativo a la construcción de instalaciones culturales en las regiones y localidades que carezcan de los mismos, o cuya existencia sea deficitaria.

En los proyectos de construcción de las nuevas infraestructuras culturales, deberá prevalecer una concepción inspirada en los valores paisajísticos de las regiones y localidades, y en la creación arquitectónica como expresión de innovación y transformación social. En dichos proyectos deberá garantizarse el acceso y la libre circulación de los discapacitados físicos, la infancia y la tercera edad.

Dentro de esta misma línea de exigencia ética, política y jurídica, se establece que en todos los planes de desarrollo urbano y rural, y en los nuevos proyectos urbanísticos que se aprueben a partir de la vigencia de la ley, deberá preverse la infraestructura para el desarrollo de las actividades artísticas y culturales que respondan a las necesidades de la comunidad, de acuerdo con el Plan Nacional de la Cultura. Asimismo, la Autoridad Nacional de la Cultura debe coordinar con las autoridades Estadales y Municipales, las acciones y medidas conducentes a estimular la creación, funcionamiento y mantenimiento de los espacios públicos culturales.

Reconociendo la encomiable función que han venido cumpliendo hasta el presente los Ateneos y Casas de Cultura, centros fundamentales de educación artística y cultural no formal, se establece el deber de la Autoridad Nacional de la Cultura de apoyar las actividades de esas transcendentales instituciones culturales de la comunidad.

TÍTULO VIII

DE LA DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS Y COMUNIDADES EN SU GESTIÓN

Uno de los principios que informan la filosofía política del Proyecto de Ley Orgánica de la Cultura, es el de la descentralización de los servicios culturales desde el Estado hacia la sociedad civil, para así promover la participación de las personas y comunidades en su gestión.

Se trata de un principio de rango constitucional, un valor político, ético y jurídico formulado en el cuerpo axiológico de la Constitución Bolivariana, el "desideratum" de un orden político-social democrático en el que se postula la "desburocratización" de las "funciones públicas", vale decir, - cuestión ya señalada en el Título III "Del Sistema nacional de la Cultura y de la Administración Pública Cultural" -, la quiebra de la anacrónica separación conceptual y práctica, entre un poder estatal "legitimado en sí mismo", dador de "beneficios", repartidor discrecional de cargos, y "dádivas" con arreglo a la praxis clientelar, y un pueblo pasivo, a la espera de esa acción "benefactora", del "ogro filantrópico", (Octavio Paz), el "hermano mayor", "El Estado padre".

La descentralización, en la filosofía política de la Constitución Bolivariana, no se restringe a la clásica transferencia de competencias del Poder Nacional hacia el Poder Estadual y el Municipal, esto es, la decisión política, mediante ley especial, de conferir a los Estados y Municipios materias que por la Constitución competen a la República o Estado-Nación.

Esta "modalidad" de descentralización responde al modelo del Estado Federal Descentralizado ( art. 4 CRBV), y su finalidad es equilibrar la relación entre el Poder Central y los Poderes Regionales y Locales, desmantelar progresivamente el viejo Estado "Centralista", peligro potencial para las libertades ciudadanas, esquema de gestión pública que desconoce las particularidades de los intereses públicos regionales y locales.

Pero, ese tipo de descentralización sigue siendo una técnica de distribución de poderes y funciones al interior de la estructura estatal.

La Constitución Nacional no se queda allí, va más lejos, se inspira en el concepto de una autentica democracia participativa, lo cual exige la transferencia de funciones públicas a la sociedad civil, por medio de las organizaciones representativas de la comunidad.

Es por ello que el artículo 184 Constitucional establece el deber político-institucional en el que están los Estados y los Municipios, de proceder a descentralizar sus servicios culturales hacia las comunidades y grupos vecinales organizados.

En el Capítulo Único de este Título se recoge ese mandato constitucional, conforme al cual esas entidades territoriales deberán dictar las normativas correspondientes para establecer mecanismos abiertos y flexibles, que permitan descentralizar y transferir a las comunidades y grupos organizados, la gestión de los servicios públicos que competen a esas entidades, previa demostración de su capacidad para prestarlos.

En ese mismo sentido, las referidas entidades deberán dictar las normativas correspondientes para garantizar la participación de las comunidades y ciudadanos en la formulación de las propuestas de inversión en el área cultural, ante las autoridades encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión.

La Autoridad Nacional de la Cultura y el Sistema Nacional de la Cultura en general, deberán cooperar con los Estados y Municipios en la realización de ese cometido.

En esa orientación de autogestión cultural comunitaria, o si se quiere, de impulso y apoyo a la autoderterminación de las personas y comunidades, se le impone a la Autoridad nacional de la Cultura, por instrumento del Sistema Nacional de la Cultura, el deber político-institucional de apoyar la creación de Espacios Culturales Comunitarios, administrados directamente por las comunidad organizada, de acuerdo con las normas reglamentarias correspondientes.

TÍTULO IX

DEL FOMENTO Y LOS ESTÍMULOS A LA CREACIÓN, LA INVESTIGACIÓN Y LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL

El Capítulo Único de este Título regula la función básica del Estado como promotor de la cultura, en el entendido de que un régimen democrático y de garantía a las libertades ciudadanas, entre tales la libertad de creación, núcleo axiológico del modelo de gestión cultural definido en la Constitución Bolivariana, no le corresponde al aparato de poder "incidir" directamente en la producción de bienes y servicios culturales, sino establecer las condiciones institucionales que favorezcan esa libertad creadora.

Y dentro de esas condiciones figura, en primer orden, la política de fomento del desarrollo cultural que comprende el apoyo a las empresas culturales, la creación de bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación artística, incentivos y créditos especiales para artistas y artesanos, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, incentivos y créditos especiales para integrantes de comunidades locales en el campo de la creación y otras medidas de semejante naturaleza.

Muy especialmente el Capítulo se refiere a la promoción de la difusión y comercialización de las expresiones culturales de los Venezolanos, y al rescate y defensa del talento creador nacional, mediante convenios entre la Autoridad Nacional de la Cultura y las Gobernaciones, Alcaldías y Juntas Parroquiales (Sistema Nacional de la Cultura).

Merece destacar el reconocimiento profesional a los artistas, es decir, el carácter de profesional titulado a músicos, pintores, escultores y otros creadores, conforme a los requisitos y el procedimiento que se establezcan reglamentariamente.

Acto de justicia para con nuestros artesanos, es el deber político institucional de la Autoridad Nacional de la Cultura, de fomentar, proteger y promover el desarrollo del potencial socioeconómico y sociocultural de la artesanía e industrias típicas populares de la Nación, con el fin de preservar su autenticidad.

Ese deber implica, además, diseñar y ejecutar un programa de atención integral al artesano que comprenda la enseñanza, la investigación, las facilidades crediticias, la promoción y difusión de las obras, el apoyo tecnológico y la seguridad social, de acuerdo con la ley especial de la materia.

TÍTULO X

DE LA CULTURA Y EDUCACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Parte de los Derechos de los Pueblos Indígenas garantizados en la Constitución Bolivariana (artículos 119 al 126), es el reconocimiento de sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones; en pocas palabras, el derecho de estas comunidades autóctonas a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y lugares sagrados de culto.

Conforme a esos postulados constitucionales, el este Capítulo Único de este Título se regulan los deberes políticos-institucionales del Estado para con esos pueblos, entre los cuales merecen destacarse, el fomento de la valoración y difusión de sus manifestaciones culturales, el establecimiento de un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe que atienda a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones, la protección a la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos tradicionales, tecnologías e innovaciones, y la garantía de que toda actividad relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismos, tenga por objeto el beneficio colectivo.

En este tópico, el Estado mediante normativa especial, establecerá el régimen de protección de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas.

La inaplicabilidad de los sistemas existentes en materia de propiedad intelectual, entre ellos el de patentes, para la protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales, se origina en sus características y particularidades. Ello ha planteado la necesidad de ser protegidos por otras vías o sistemas sui géneris, o bien, a través de una revisión de los sistemas existentes de propiedad intelectual.

En la comunidad internacional, más específicamente, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, de la cual Venezuela es país Miembro, se plantean propuestas en torno al tema de los conocimientos tradicionales y la necesidad de un sistema de protección adecuado para la propiedad intelectual. Actualmente se trabaja en la conformación de un "Comité permanente de Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales", con el objetivo de estudiar y analizar esta materia, y obtener como producto soluciones sustentables y armónicas de protección en el seno de esta agencia de la Naciones Unidas, OMPI.

En definitiva, el Estado por órgano de las autoridades competentes, debe mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas, sin desmedro de su identidad cultural, a los fines de preservar su existencia en sus hábitats originarios.

TÍTULO XI

DE LA CULTURA Y EL DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE.

Sobre la base de la relación entre las políticas económicas, sociales y culturales, Principio Rector señalado en el Capítulo II del Título I, "De los Principios Rectores, Derechos y Garantías y Principios de Políticas Culturales", en este Capítulo Único se reconoce el valor de la inteligencia creadora y el conocimiento, como energías fundamentales para la productividad y el bienestar económico de la sociedad. En consecuencia, el Estado, por medio del Sistema Nacional de la Cultura, promoverá políticas destinadas a integrar los planes, programas y proyectos culturales con los ámbitos de la ciencia y la tecnología, la industria, el comercio y los servicios, el turismo y la promoción de exportaciones.

La cultura en nuestros días forma parte de la estructura y dinámica de la economía nacional e internacional. Las industrias culturales adquieren cada vez mayor importancia en la nueva economía del conocimiento y la información, tales como la cinematográfica, la discográfica y la del libro, las cuales producen bienes artísticos de consumo masivo, contribuyendo de manera significativa al producto territorial bruto, al valor agregado de la economía y a la satisfacción de esas necesidades de orden cultural. Lo mismo ocurre con la artesanía, el patrimonio cultural inmobiliario y la gastronomía y culinaria, bienes que hoy constituyen auténticos "recursos turísticos", servicios vinculados a esa actividad económica cultural.

Por tanto, Venezuela está necesitada de potenciar esas industrias, estrategia indispensable no sólo para diversificar su economía básicamente "monoproductora" (petróleo), sino también para promover el ingenio, el talento y la obra creativa de nuestros cineastas, músicos, cantantes, orquestas, actores, escritores, bailarines, artesanos y la riqueza de nuestro acervo patrimonial, de la culinaria y gastronomía nacional y demás expresiones de la identidad cultural.

En el Capítulo se le atribuye al Estado el deber, por instrumento del Sistema Nacional de la Cultura, de promover la creación de empresas culturales con el objeto de aumentar la oferta de bienes y servicios culturales e incrementar el crecimiento de la economía nacional. A tales efectos, el Ejecutivo deberá dictar un reglamento especial que regule el fomento, formación y desarrollo de las empresas culturales en el territorio nacional y en el exterior.

TÍTULO XII

DE LAS RELACIONES ENTRE CULTURA, AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO

Las relaciones entre cultura y ambiente son inescindibles, ya que el ambiente es el resultado de la interacción permanente entre el hombre, la sociedad y la naturaleza. La vida humana ha sido, es, y será posible por virtud de la cultura, puesto que los seres humanos por nuestra propia condición de racionalidad y libertad, carecemos del código instintivo de los organismos estrictamente naturales de la biosfera, para "adaptarnos" de manera "ciega" y "armónica" al medio físico.

La humanidad no puede vivir sino en su "hábitat cultural", es decir, en ese particular universo de ideas, creencias, costumbres, valores, leyes, instituciones, ciudades: la socioesfera y la tecnosfera, separados de la naturaleza primaria.

Pero, ese "hábitat cultural" no significa que el entorno natural, y los procesos que lo originan, de donde proviene esto que somos los humanos, no sea parte también de una percepción cultural.

Uno de los principios rectores del nuevo orden sociocultural, plasmado en la Constitución Bolivariana, es la reconstrucción de las relaciones entre el hombre, la sociedad y la naturaleza no humana. Proyecto de solidaridad cósmica, reto de la humanidad en este nuevo milenio, si decide conservar y enriquecer la vida en su sentido integral. De allí el concepto de una nueva cultura ecológica y ambiental. Una ética de la responsabilidad individual y colectiva para con ese conjunto de bienes naturales, caracterizados por su fragilidad, vulnerabilidad y escasez, y que son insustituibles para conservar la vida humana.

En el Capítulo Único de este Título, con fundamento en el artículo 129 de la Constitución nacional, se establece que todas las actividades susceptibles de generar daños ambientales, deberán ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental que comprendan los efectos socioculturales de la actividad propuesta.

A esos efectos, la Autoridad Nacional Ambiental deberá solicitar de la Autoridad Nacional de la Cultura, las observaciones y recomendaciones relativas al impacto sociocultural de la actividad o proyecto, antes de que el mismo sea formalmente autorizado.

Para garantizar el cumplimiento de esa obligación, se sanciona con la nulidad absoluta al acto autorizado, en cuyo procedimiento de formación se hubiere omitido ese trámite. Además, la actividad o proyecto podría ser suspendido en el caso de que la zona o espacio afectado contenga bienes y valores de significativo interés sociocultural. En cualquier caso, las observaciones y recomendaciones de la Autoridad Nacional de la Cultura son vinculantes. La solicitud de su opinión es un trámite preceptivo, y su dictamen vinculante.

En este mismo orden de ideas, se consagra el derecho de las poblaciones indígenas a ser consultadas acerca de los proyectos de aprovechamiento de los recursos naturales que puedan afectar sus hábitats ancestrales. La omisión de la consulta también determinará la nulidad absoluta del acto de aprobación del proyecto.

Las entidades públicas con competencias en materia de ordenación de territorio deberán desarrollar sus respectivas políticas atendiendo a la preservación de los bienes, valores y expresiones del patrimonio cultural.

Por ser el turismo una actividad económica sustentada en el conocimiento y disfrute de los bienes ambientales y culturales del país, la Autoridad Turística Nacional deberá coordinar con la Autoridad Nacional de la Cultura, las acciones necesarias para articular las políticas turísticas con las culturales.

TÍTULO XIII

DE LA CULTURA Y EL ÁMBITO INTERNACIONAL

El Capítulo Único de este Título establece el deber político-institucional del Estado de fortalecer la presencia cultural venezolana en los escenarios internacionales, como factor de cooperación, intercambio y entendimiento entre los pueblos, acentuando nuestras capacidades en los espacios abiertos por acuerdos y convenios internacionales.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Nacional, el Ejecutivo Nacional procurará la suscripción de convenios de cooperación cultural con los gobiernos de los países de la Región, en el marco institucional de los procesos de integración Latinoamericana y Caribeña.

En síntesis, se definen los principios de política cultural sobre los que deberá fundamentarse la gestión cultural del Estado en el ámbito internacional.

TÍTULO XIV

CULTURA, DERECHO DE AUTOR Y DERECHO CONEXOS

En el Capítulo Único de este Título, se regulan dos temas específicos del derecho de autor y derechos conexos.

El primero se refiere a las entidades de gestión colectiva de estos derechos que prevean en sus estatutos actividades o servicios de carácter asistencial en beneficio de sus socios, de los autores, compositores, artistas, interpretes y ejecutantes o productores cinematográficos.

Dada la trascendencia que hoy tienen esas sociedades de gestión colectiva para el desarrollo cultural del país, el Estado por intermedio de la Autoridad Nacional de la Cultura, deberá ejercer funciones de apoyo, vigilancia e inspección sobre las mismas.

El segundo tema se contrae a la extinción de los derechos de explotación de las obras y su paso al dominio público.

El dominio del derecho de autor tiene connotaciones diferentes. Al principio, una vez transcurrido el plazo de duración del derecho patrimonial, las obras pueden ser usadas —reproducidas, comunicadas al público y transformadas— por cualquier persona, sin que ninguna pueda adquirir derechos exclusivos sobre ella; sí, en cambio sobre los aportes creativos que se le adicionen (como en el caso de las traducciones) o sobre las nuevas obras resultantes (como en el caso de las adaptaciones).

La figura del dominio público se debe caracterizar por la utilización libre, cualquiera sea la forma adoptada, en el sentido que no sería necesario solicitar autorización alguna del Sistema Nacional de Cultura, en razón que tal condición es contraria a la naturaleza misma de la institución del dominio público, ya que el Estado no sustituye a los sucesores del autor en la calidad de titular de los derechos económicos sobre la obra.

Al contrario, la obligación de pagar por el uso de las obras en dominio público constituye un tributo y no una contraprestación, pues se ha extinguido el derecho en la faz patrimonial. El fundamento del cobro reside entonces, en su potestad de gravar determinados actos de contenido económico que se realizan libremente, tales como la explotación de obras en dominio público que efectúan los usuarios (editores, empresarios, productores), para la promoción de la cultura y previsión social de los autores.

TÍTULO XV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

El Capítulo Único de este Título regula cuatro disposiciones transitorias y finales. La primera atribuye al Consejo Nacional de la Cultura (CONAC), las funciones y atribuciones que la ley asigna a la Autoridad Nacional de la Cultura, hasta tanto se defina la organización de la misma, lo cual es competencia del Poder Ejecutivo Nacional, y no de la Asamblea Nacional, por expresa disposición constitucional.

La segunda le establece al Ejecutivo Nacional el deber de reglamentar la Ley, dentro de los ciento ochenta días siguientes a su publicación.

La tercera se contrae al principio de la supremacía de esta ley sobre el resto de las leyes especiales en la materia, tanto las nacionales como las estaduales y las municipales, y la cuarta, a su entrada en vigencia a la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

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