Las relaciones entre Venezuela y los Estados
Unidos durante la era Clinton: coincidencias estratégicas y diferencias
tácticas
I. Introducción:
El tema de las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos no ha
tenido una suficiente cobertura en la bibliografía sobre las relaciones
internacionales de Estados Unidos y América Latina. Al analizarse
las políticas exteriores de América Latina, tanto en relación
a la perspectiva hemisférica como la perspectiva bilateral, en la
literatura especializada y en la misma formación de las agendas internacionales
de ambos países no se contemplan, más allá de un marco
tradicional (en donde prevalecen el petróleo y el apoyo a la democracia
como puntos nodales de encuentro y apoyo mutuo) otros escenario más
complejos. (Bond 1975, Ewell 1996, C. Romero 1986)
Son varios los argumentos que pudieran utilizarse para contestar a la
pregunta de por qué estas relaciones se han mantenido, con escasas
excepciones, en un bajo perfil. En este sentido, ante la reiterada interrogante
de algunos venezolanos sobre por qué Washington no da muestra de
aspirar a una relación especial con nuestro país, no falta
quién se refiriera en círculos políticos, académicos,
militares y empresariales que en "Venezuela no pasa nada". (1)
Otro reiterada observación señalada a lo largo de tantos años
de relaciones es que, de cierta manera, Venezuela ha obtenido logros fundamentales
en su acercamiento a los Estados Unidos: el apoyo al sistema democrático,
la colocación del petróleo venezolano en el mercado norteamericano,
la seguridad en las importaciones de productos provenientes de ese país,
la influencia del Pentágono en las Fuerzas Armadas nacionales y la
presencia mucho mayor que en el resto de América Latina del "American
Way of Life".
Fueron cuatro las premisas en las que se basaron las relaciones bilaterales
desde los finales de la década de los cincuenta hasta nuestros días,
premisas que, como se verá más adelante, están hoy
cuestionadas.
En primer lugar, la reiterada tesis de los gobiernos venezolanos sobre
la importancia estratégica de nuestro país en el contexto
hemisférico (socio confiable); en segundo lugar, la idea de la excepcionalidad
histórica del caso venezolano con respecto a otros países
de la región (socio con estabilidad política y económica);
en tercer lugar, el predominio de la cooperación sobre el conflicto
entre ambos países (socio que no preocupa); en cuarto lugar, el predominio
de temas bilaterales ajenos en parte a la agenda regional y global de los
dos países (socio conocido). Estas cuatro premisas reflejan dos tendencias
históricas: Venezuela en los últimos cincuenta años,
no ha tenido sanciones políticas, militares o económicas por
parte de los Estados Unidos, y ha podido deslindar su compromiso bilateral
con un desempeño más independiente de su actuación
internacional. (Ewell 1996, A Romero 1986, C. Romero 1986).
Venezuela, a pesar de tener una relación asimétrica con
los Estados Unidos, ocupa un lugar fundamental en los intereses estratégicos
de esa superpotencia. Su condición de primer suplidor de petróleo
importado, el ser el 19º país del globo que comercia con Washington
y la importancia de la democracia venezolana así lo indican. Sin
embargo, las relaciones presentan en su desarrollo momentos accidentados
dada la pluralidad de intereses e identidades internacionales de la política
exterior de Caracas y una vocación propensa al activismo, lo cual
le ha permitido en muchas ocasiones, deslindarse de posiciones norteamericanas,
principalmente en foros internacionales y organismos multilaterales. (Ewell
1996). En este marco, Venezuela ha tenido como constante dentro de los objetivos
de su política exterior, la de presentarse frente a los EE.UU. como
un aliado seguro, dada la importancia estratégica del petróleo
y la democracia.
Por otra parte, la élite económica local orienta sus negocios
hacia los Estados Unidos, el comercio mundial de Venezuela se dirige en
un 50% al país del norte, las importaciones que provienen de éste
giran alrededor del 45%, la empresa petrolera estatal, PDVSA invierte en
los EE.UU. y establece alianzas estratégicas con compañías
norteamericanas y se observa una fuerte colocación de dinero venezolano
privado en la banca de
ese país. De igual forma, el sector militar venezolano se entrena
y tiene una cultura institucional con bastante influencia de Washington,
el sector
político mantiene buenas relaciones con la élite política
norteamericana y en la población en general se aspira a tener una
buena relación bilateral, no así en el sector cultural donde
la visión que se tiene es más variada.
(Begler 1981, Myers 1994).
En materia estratégica, a la par de la importancia económica
del petróleo, los gobernantes venezolanos han estado atentos de ofrecer
a los mandatarios norteamericanos condiciones favorables para una alianza
segura, tanto a lo que se refiere al papel intermediario que puede jugar
el país, como por su prestigio como actor internacional moderado
y cooperador en el ámbito hemisférico.
Si bien es cierto que a nivel estratégico Venezuela ha logrado
una relación estable con los Estados Unidos, en el nivel más
coyuntural de las relaciones se han presentado algunos problemas, principalmente
aquellos relacionados con las nuevas posturas norteamericanas sobre los
nuevos temas de la agenda internacional. En este sentido, Venezuela se ha
visto frustada por observar posiciones unilaterales planteadas por Washington
en ocasión de una crisis política regional y por tener diferentes
puntos de vista a los EE.UU. en materia económica. La incertidumbre
frente a las restricciones comerciales, el problema del pago de la deuda
externa colocada principalmente en EE.UU., el hecho mismo que los EE.UU.
ocupe el primer lugar como el país que importa más productos
venezolanos y que exporta más a Venezuela, conforman una base de
cooperación muy compleja y sin un marco de negociaciones definido.
(Cardozo 1992, Guerón 1972, Martz 1977).
En el marco de la historia reciente de las relaciones, cabe recordar
que durante el primer gobierno constitucional de la segunda época
democrática en Venezuela, presidido por Rómulo Betancourt
(1959-1964), el país tuvo una política exterior basada en
la promoción de una alianza hemisférica anti-dictadura, la
defensa del petróleo venezolano y la insistencia en buscar soluciones
multilaterales a los problemas regionales a través de los mecanismos
de la OEA. Por otra parte, Venezuela apoyó el programa de la Alianza
para el Progreso y la política de enfrentamiento hacia Cuba, aunque
no estuvo de acuerdo con una invasión militar a la isla. La conducta
venezolana hacia los Estados Unidos en esos años se concentró
en lograr el apoyo de Washington a su proceso interno, lo cual lo obtuvo
con éxito. A pesar de la indiferencia norteamericana ante la ola
sucesiva de golpes militares en la región y la promulgación
de la llamada Doctrina Betancourt, Venezuela no se vio amenazada por un
cambio de actitud desfavorable hacia Caracas por parte de La Casa Blanca.
(Guerón 1972).
Durante el gobierno presidido por Raúl Leoni (1964-1969), Venezuela
mantuvo unas relaciones menos coincidentes con los Estados Unidos. Leoni
respetó los lineamientos generales de la política venezolana
hacia los EE.UU., la promoción de la democracia en el país
y en la región y la cooperación petrolera, pero se opuso a
la invasión militar norteamericana a la República Dominicana
en 1965, impulsando una política exterior más global y aceptando
a medias la ayuda militar norteamericana basada en la tesis de la contrainsurgencia
(Martz 1977).
Las relaciones bilaterales entre Venezuela y los Estados Unidos en el
marco de la primera presidencia de Rafael Caldera (1969-1974) se orientaron
hacia los temas económicos y petroleros. La estabilización
de los regímenes militares en el continente y del proceso cubano
permitían una política más flexible, la cual se conoció
como la del "Pluralismo Ideológico", tendiente a reconocer
la diversidad política en la región. La denuncia del Tratado
Comercial con los Estados Unidos, firmado en la década de los cuarenta,
el comienzo del proceso de reversión petrolera, tendiente a una mayor
participación directa del Estado en el negocio petrolero y la búsqueda
de un trato especial por parte de Washington simbolizaron una conducta que
respondía a una situación regional poco favorable para la
democracia en América Latina y para el petróleo venezolano
(Tugwell 1975).
Durante el primer gobierno presidido por Carlos Andrés Pérez
(1974-1979), Venezuela concentró su política exterior hacia
los Estados Unidos en dos direcciones. Por una parte, se desarrollaron unas
relaciones
bilaterales excelentes en el plano político, pero desde la perspectiva
internacional, Pérez trató de no comprometerse con los Estados
Unidos en temas sensibles como el Nuevo Orden internacional y Cuba. (Tugwell
1975, Ewell 1996).
En el marco de la presidencia de Luis Herrera Campíns, Venezuela
sostuvo una política de "coincidencias" con los Estados
Unidos en relación al desarrollo de una política regional
no socialista en América Central y en el Caribe. Esto llevo a la
concertación con los EE.UU. dentro del esquema de distribución
regional que se diseñó en Washington. Sin embargo, hay que
recordar que Venezuela no apoyó la conducta de los EE.UU. durante
la Guerra de las Malvinas, la invasión norteamericana a Grenada (
con base a la tesis venezolana de buscar soluciones políticas ) y
la política de hostigamiento de los EE.UU. al Sandinismo. (C.Romero
1986)
El gobierno presidido por Jaime Lusinchi (1984-1989) le dio un mayor
énfasis a los aspectos económicos de las relaciones, específicamente
a lo relacionado con la deuda externa y la búsqueda de mejores
precios y condiciones comerciales para los productos de exportación
venezolanos. (Rojas 1992)
En el segundo gobierno presidido por Carlos Andrés Pérez
(1989-1993) se enfatizó el aspecto económico de las relaciones,
procurándose abrir el intercambio comercial hacia los productos no
tradicionales y la entrada de PDVSA en el mercado petrolero norteamericano.
(Rojas 1992).
En este contexto han transcurrido las relaciones entre Venezuela y los
Estados Unidos. Desde el punto de vista político una coincidencia
estratégica en cuanto a favorecer la democracia y la seguridad hemisférica
y desde el punto de vista económico, procurar un intercambio bilateral
equilibrado dentro del signo petrolero. Este contexto es el que sirve de
base para analizar las relaciones entre los dos países durante la
era Clinton (2).
II. El Desarrollo de las Relaciones (1993-1997).
2.1. Aspectos Políticos.
"Entre Venezuela y Estados Unidos quedan espacios para crecer".
Así se refirió el entonces Canciller de Venezuela, Fernando
Ochoa Antich,
en ocasión de dictar una conferencia sobre las relaciones entre
ambos países patrocinada por la Cámara Venezolana-Americana
de Comercio e industria, VenAmCham, el día 29 de julio de 1992 (3).
Durante esos meses, Venezuela había vivido la peor crisis de la democracia:
el fallido intento de golpe de Estado contra el Presidente Pérez.
Desde la perspectiva gubernamental norteamericana, el entonces Embajador
de los Estados Unidos en Venezuela, Michael Skol, alertó sobre que
"cualquier acción extra-constitucional en Venezuela sería
inaceptable para Estados Unidos" (4). Desde la perspectiva de los grupos
de presión, el sector académico y el sector empresarial, se
insistió en que para los Estados Unidos era preferible "negociar
con un gobierno democrático y no con un gobierno de facto" (5).
Al mismo tiempo que se reiteraba el compromiso estratégico, se
presentaban, tal como se notaba desde 1990, algunos problemas derivados
de la nueva vinculación táctica que Venezuela tenía
con los EE.UU. Esta
relación descansaba sobre dos nuevas realidades: por una parte,
Petróleos de Venezuela, PDVSA, la empresa petrolera estatal se preparaba
para la apertura de sus negocios al capital privado, ya estaba participando
como socio y como accionista principal en las empresas norteamericanas de
carácter petrolero, Citgo, Champlin y Unoven (acrecentándose
así las inversiones venezolanas en el país
del Norte), y las reservas petroleras venezolanas alcanzaban para la fecha
una cantidad semejante a las reservas norteamericanas. Por la otra, estaban
pendientes de firmarse una serie de acuerdos derivados del seguimiento de
las propuestas del Presidente Bush sobre la "Iniciativa para las Américas"
y de implementarse el cuerdo
Marco de creación del Consejo de Venezuela y los Estados Unidos
sobre Comercio e Inversiones suscrito por ambos gobiernos en la ciudad de
Washington en abril de 1991. (Cardozo 1992). Entre estos acuerdos destacaban,
el de régimen de doble tributación, el de promoción
de inversiones, el de régimen de subsidios (recuperación de
la prueba de daños), y el de propiedad intelectual. A esto se añade
la controversia sobre los efectos del embargo norteamericano a las exportaciones
de atún venezolano, la investigación norteamericana sobre
la supuesta práctica de dumping y la ausencia de derechos compensatorios
a las exportaciones de acero, cemento, alambique de aluminio y ferrosilicón
de hierro (M. de R.R.E.E. de Venezuela 1992).
Bill Clinton y los demócratas ganaron las elecciones presidenciales
de 1992 y como pasa en cada oportunidad en que se celebran esos comicios,
se abrían muchas expectativas sobre le futuro de las relaciones hemisféricas
con el nuevo gobierno. (Smith y Mc Coy 1994 ). Sin embargo, en esa ocasión,
la mayoría de los analistas y decisores expertos en las relaciones
de los EE.UU. y América Latina indicaron con acierto que en la era
de los cambios globales Clinton respetaría las iniciativas hemisféricas
de Bush. En el caso especifico venezolano, a pesar de las abiertas simpatías
del Presidente Pérez por una victoria demócrata, la mayoría
de los análisis pronosticaron tan sólo pequeñas diferencias
entre ambos líderes ( Smith y Mc Coy 1994 ).
Bajo estas circunstancias, se inició el período Clinton
en las relaciones E.E.U.U-Venezuela. Washington veía con preocupación
la fracturada estabilidad de un país en el cual estaban "pasando
cosas" y unas relaciones comerciales que comenzaban a dar dolores de
cabeza.
En marzo de 1993, Caracas recibió la visita de Albert Coll, Sub-Secretario
Adjunto de Defensa para Asuntos Especiales y Conflictos de Baja Intensidad,
el cual aprovechó su visita para dejar claro que ..."Estados
Unidos no apoyaría en forma alguna, un gobierno venezolano impuesto
o creado por los militares contra las autoridades constitucionales"
(6). Esta misma línea fue ratificada por voceros del Departamento
de Estado al desincorporares el Presidente Pérez de la jefatura del
Estado y sustituirse
por Ramón J. Velázquez (a quién le tocó completar
el resto del período presidencial) y expuesta de manera franca por
el nuevo Secretario de Estado del Gobierno Clinton, Warren Christopher.
Este último argumentó, en ocasión de una visita del
Canciller venezolano, Fernando Ochoa Antich, a Washington, en el mes de
septiembre de 1993, que Estados Unidos apoyaba... "fuertemente el proceso
democrático de Venezuela". Más adelante agregó
que "estamos dispuestos a trabajar con el Presidente Velázquez
hasta las elecciones de diciembre, así como con cualquier gobierno
que resulte elegido en esa ocasión" (7).
En vísperas de las elecciones presidenciales de diciembre de 1993,
y contando con la presencia de un nuevo embajador de los Estados Unidos
en Venezuela (Jeffrey Davidow, quién remplazaba a Michael Skol),
Caracas recibió la visita del subsecretario de Estado para Asuntos
Interamericanos, Alexander Watson. Watson se entrevistó con el Presidente
Velázquez (a quién le entregó una carta personal del
Presidente Clinton), con el Canciller Ochoa Antich y con varios candidatos
presidenciales, a quienes le reiteró el apoyo norteamericano a la
democracia venezolana. La visita de Watson fue considerada de gran poder
simbólico ya que indicaba que Washington no apoyaría un golpe
de Estado, tal como se desprende de una afirmación de Clinton en
la carta enviada al Presidente Velázquez en donde dice que "no
habrá posibilidad de unas relaciones normales entre los Estados Unidos
y una Venezuela no-democrática". Al mismo tiempo, Watson se
refirió, en ocasión de una
conferencia dictada en VenAmCham, que ..."el mantenimiento de la
brillante tradición democrática de Venezuela es un prerequisito
indispensable para las relaciones normales entre Estados Unidos y Venezuela"
(8).
Las elecciones presidenciales venezolanas de diciembre de 1993 las ganó
Rafael Caldera, ex-Presidente de la República en el período
1969-1974. El hecho que ganara Caldera, quién había mantenido
unas relaciones
cordiales con los Estados Unidos en su primera presidencia, daba ciertas
garantía al gobierno norteamericano sobre la posibilidad del fortalecimiento
de un sistema político tan convulsionado en años recientes.
Caldera se refirió a este tema cuando al dictar una conferencia patrocinada
por VenAmCham dijo que estaba ... "consciente de la importancia que
tiene EE.UU. para Venezuela, pues todo lo que sucede en la nación
del Norte repercute en nuestro país, especialmente en lo referente
al mundo petrolero" (9). Sucesivas visitas de funcionarios norteamericanos
permitieron reiterar el apoyo de Washington a Caldera. Luigi Enaudi, embajador
y funcionario del Departamento de Estado y con larga trayectoria académica
en el área de los estudios sobre América Latina, dijo, en
ocasión de su visita a Caracas en enero de 1994, que "Venezuela
ha demostrado una cierta madurez política al enfrentarse como ningún
otro país a la crisis política, militar y moral que ha tenido
que vivir durante estos últimos años". De igual forma,
el ex-embajador norteamericano en Caracas y entonces subsecretario de Estado
para Asuntos Interamericanos, Michael Skol, planteó que los Estados
Unidos iba a tener "unas buenas relaciones con el Presidente Rafael
Caldera. Yo tengo mucha confianza en esa relación. El Gobierno, el
Secretario de Estado Warren Christopher y el Presidente Bill Clinton tienen
mucha confianza. Debemos ser optimistas" (10). En el mes de mayo de
1994, visitó a Caracas, el Embajador Charles Gillespie, Coordinador
Principal del Departamento de Estado para la Cumbre Hemisférica de
1994 a fin de coordinar con las autoridades venezolanas el temario de la
Cumbre. El 3 de junio de ese mismo año, el gobierno venezolano recibió
la visita de una delegación del gobierno norteamericano encabezada
por el Embajador Strobe Talbott, Secretario de Estado Adjunto de los Estados
Unidos, en donde se reiteró el apoyo norteamericano a la democracia
venezolana, el papel de Venezuela en la promoción de la democracia
en el Hemisferio, especialmente en la Cuenca del Caribe, para efectuar consultas
sobre el eventual envío de una misión especial de las Naciones
Unidas a Haití (Venezuela no prestó su colaboración
para la realización del bloqueo naval a Haití ni tampoco para
la invasión de tropas norteamericanas a ese país, agotando
todos los esfuerzos pacíficos a través del Grupo de Amigos
de Haití y las Naciones Unidas), y para discutir la Agenda de la
Cumbre Hemisférica, en donde las autoridades venezolanas recalcaron
su intención de promover los temas de un programa compensatorio para
contribuir a solucionar los problemas sociales derivados de la apertura
de las economías, la integración energética hemisférica
y un plan de acción hemisférico contra la corrupción
(M. de R.R.E.E de Venezuela 1994: p. 181). A fines de 1994, los Estados
Unidos apoyó abiertamente la elección del ex-Presidente de
Colombia, César Gaviria, como Secretario General de la OEA, lo cual
contribuyó a la derrota del candidato venezolano a ese cargo, el
Canciller Burelli Rivas, agrietándose así las relaciones entre
Washington y Caracas. (Ewell 1996).
Durante el año 1995, los temas políticos más importantes
que se destacan en la agenda de las relaciones entre los dos países
son aquellos referidos a la presunta violación de los derechos humanos
por parte de las autoridades policiales y carcelarias venezolanas, ya denunciadas
por voceros de organizaciones no gubernamentales norteamericanas especializadas
en el tema, y la lucha contra el narcotráfico. En este sentido, en
la medida en que se veía que el gobierno Caldera se estabilizaba,
el gobierno Clinton disminuía la emisión de sus señales
de apoyo, aunque se produjeron algunas referencias veladas contrarias al
programa económico instaurado en junio de 1994 y que tenía
como norte el control de cambios y la ejecución de medidas estatistas
y proteccionistas ( Ewell 1996).
Desde el punto de vista económico, hay que destacar como el embargo
norteamericano al atún venezolano, las trabas para el desarrollo
en el mercado norteamericano de la Orimulsión ( Rossinoi y Luis 1996),
de la gasolina reformulada, y la percepción norteamericana sobre
una situación de inseguridad aérea y jurídica en Venezuela
no propició un campo seguro para las inversiones privadas provenientes
de ese país.
Al mismo tiempo, el gobierno Clinton tardó en nombrar al sucesor
de Jeffrey Davidow como embajador norteamericano en Caracas, al éste
ser nombrado Secretario Adjunto para Asuntos Interamericanos en octubre
de 1995. En consecuencia, un encargado de negocios, el Ministro Consejero
John Keane quedó como encargado de la Embajada. El nuevo embajador,
John Maisto, quién tuvo como su último cargo, el ser embajador
de los EE.UU. en Nicaragua, presentó sus credenciales al Presidente
Caldera en el mes de marzo de 1997, un año más tarde a su
nombramiento por La Casa Blanca. (Bravo 1996).
En febrero de 1996, el presidente Clinton envió de nuevo su carta
anual al Congreso de los Estados Unidos en donde se hace un recuento de
la labor del Ejecutivo en relación al combate del narcotráfico.
Venezuela vuelve a figurar entre un grupo de 31 países en donde,
al parecer del Gobierno norteamericano, no se ha hecho un buen trabajo contra
las drogas. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado envió un documento
al Congreso norteamericano sobre el estado de los derechos humanos en el
mundo. También en este documento, se enfatiza que ... "el desempeño
del gobierno venezolano ..."... continúa siendo perjudicial
en ciertas áreas e incluye ejecuciones extrajudiciales por parte
de la policía y los militares, tortura de detenidos y ausencia de
sanciones contra los policías y agentes de seguridad acusados de
abusos" (11).
Durante el primer semestre del año, el gobierno venezolano insistió
en la necesidad de llegar a un acuerdo entre los dos países a fin
de extraditar a los llamados banqueros prófugos que se residenciaron
en los EE.UU. Sin embargo, el único que es detenido es Orlando Castro
ex-dueño del Consorcio Latinoamericana-Progreso ya que se le abrió
un juicio en el estado de New York por un presunto delito cometido en Puerto
Rico. (Bravo 1996).
El Gobierno norteamericano acogió favorablemente el cambio de
política económica que el gobierno Caldera inició en
el mes de marzo. El mismo Presidente Clinton elogió las medidas tomadas
(devaluación de la moneda, supresión del control de cambios,
y la búsqueda de un acuerdo con el FMI) refiriéndose a que
..." ..." Nos interesa profundamente el bienestar y la estabilidad
económica de Venezuela por lo que congratulamos y aplaudimos las
reformas económicas anunciadas por el Presidente Rafael Caldera".
Por otra parte, el Presidente Clinton reiteró que..." Venezuela
es un baluarte de la democracia latinoamericana. Es además nuestro
principal abastecedor de petróleo y uno de nuestros principales socios
económicos en el Hemisferio" (12).
La OEA aprobó en el mes de mayo la Convención Interamericana
contra la Corrupción en el marco de la XXXVI Asamblea Anual, ocasión
en la cual Estados Unidos exigió algunos cambios en el texto para
finalmente apoyar la iniciativa venezolana, aunque se abstuvo de votar ya
que la Declaración tenía que ser conocida previamente por
el Congreso norteamericano. En esa misma Asamblea, los países miembros
de la organización votaron a favor de la condenatoria de la Ley Helms-Burton
y de elevar una consulta al Comité Jurídico Interamericano
para que realizara un dictamen sobre la Ley. Venezuela votó a favor
de la resolución y Estados Unidos, como era de esperarse, en contra.
(OEA 1996).
El subsecretario del Estado del gobierno Clinton, Strobe Talbott visitó
a Caracas por segunda vez en el mes de mayo. Talbott reiteró el respaldo
de Washington a las medidas económicas emprendidas por el Gobierno
Caldera refiriéndose a que "los Estados Unidos utilizará
su posición dentro de los foros multinacionales, con el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial y el BID para apoyar a Venezuela y asegurar
el éxito de su plan económico" (13).
El problema del flujo de inmigrantes ilegales venezolanos en los Estados
Unidos se convirtió desde este año en un punto de importancia
en la agenda de los dos países. Hasta ese momento los venezolanos
que se quedaban a vivir en el Norte lo hacían (legal o ilegalmente)
por razones familiares, de estudio o por la llamada fuga de cerebros. Con
la crisis económica venezolana, los venezolanos comenzaron a emigrar
a los Estados Unidos en cantidades considerables, estimándose que
para la fecha habían unos 150.000 de los cuales 70.000 permanecen
en el territorio norteamericano de manera ilegal. Esta situación
obligó al Gobierno norteamericano a limitar el otorgamiento de visas
y a controlar rigurosamente la entrada de venezolanos a los EE.UU. todo
lo cual trajo como consecuencia una serie de protestas por parte de los
viajeros procedentes de Caracas. (Bravo 1996).
En otro orden de cosas, el retiró de la visa norteamericana al
Presidente de Colombia, Ernesto Samper, impulsó al Canciller venezolano,
Miguel Angel Burelli Rivas, a que deplorara la sanción y manifestara
que "obviamente, la negativa de un visado es un acto de soberanía
del Estado, no podríamos nosotros juzgarlo, pero podemos lamentar
lo ocurrido con el Presidente de Colombia , pues no se trata de un ciudadano
común, sino de un Jefe de Estado" (14).
En ocasión de una visita de Estado a Paraguay, el Presidente Caldera
pronunció un discurso ante el Congreso de ese país en donde
manifestó que ..."aquellos que quieran lanzarse a la aventura
de un golpe de Estado o acciones similares ya no pueden contar con el apoyo
que tal vez pudieran haber soñado recibir de los estadounidenses",
en una clara alusión al compromiso democrático de Washington
(15).
En noviembre de 1996, Venezuela condenó el bloqueo norteamericano
a Cuba y rechazó la promulgación de la Ley Helms- Burton en
el contexto de las Naciones Unidas, en una clara demostración de
la utilización de los foros mundiales para diferenciarse de las políticas
internacionales de los EE.UU. (M. de R.R.E.E de Venezuela 1996).
A fines de 1996, la Casa Blanca anunció que divulgaría
un informe (el cual salió publicado en enero de 1997), sobre Derechos
Humanos, presentado a su vez ante el Congreso norteamericano. En dicha ocasión
el Presidente Clinton se refirió a que "la defensa de los derechos
humanos sería un componente esencial en su segundo período"
(16). Al ganar el Presidente Clinton las elecciones presidenciales por segunda
vez y al relegirse se cerraba el primer período de las relaciones
entre Venezuela y los Estados Unidos durante la era Clinton.
En el mes de febrero de 1997, el gobierno de Venezuela envió un
documento emitiendo una respuesta oficial al Informe sobre Derechos Humanos
del año 1996 presentado por el Departamento de Estado ante el Congreso
norteamericano, en donde se critica la labor en la materia del Gobierno
Caldera. La respuesta venezolana tuvo un contenido fuerte y trató
de presentar un récord distinto sobre el tema. En marzo de 1997,
Venezuela fue incluida en la lista de los países certificados en
la lucha contra el narcotráfico aunque el Gobierno norteamericano
volvió a reclamar la aparente debilidad de Caracas ante el auge de
ese delito (17). Ese mismo mes, el Cónsul General de Venezuela en
Miami, Gustavo Rodríguez Amengual, respondió al Agregado Comercial
de EE.UU. en Venezuela, Renato David, quién reveló que según
cifras del Gobierno norteamericano habían 55.000 venezolanos que
residían ilegalmente en los Estados Unidos. Según el Cónsul..."...
los venezolanos que residen en los Estados Unidos son una pequeñísima
minoría, que no es reflejada en los estudios sobre la inmigración
realizados por las universidades norteamericanas, ni tampoco es considerada
como un problema por las autoridades de inmigración de ese país"
(18).
Venezuela se excluyó de la gira del Presidente Clinton a América
Latina programada para el mes de mayo de este año y en donde visitó
a México, Costa Rica y Barbados. Las reacciones tanto a nivel de
círculos empresariales y académicos de Washington y a nivel
de Caracas, contrarias a la exclusión de Venezuela de la visita,
hizo que la Casa Blanca rectificara y finalmente se le incluyera en un segundo
viaje. La inclusión de Venezuela en la programación de una
nueva gira del Presidente Clinton, se consideró como un triunfo diplomático
de Venezuela, lo que hizo que el Canciller Burelli en un gesto de prepotencia
inusitada dijera que la visita de Clinton a Venezuela, ..."beneficia
más a Estados Unidos". En esta misma declaración Burelli
planteó que .."tanto en la guerra como en la paz, Venezuela
ha sido el más seguro y el más confiable de los proveedores
de petróleo para América del Norte" (19). La visita de
Clinton fue postergada para el mes de octubre, en el marco de unas segunda
etapa de la gira de Clinton a América Latina, específicamente
para los días 12 y 13, ocasión en la cual se firmarán
acuerdos de cooperación en diversas áreas. En este sentido,
el canciller Burelli visitó a Washington a principios del mes de
julio de 1997 a fin de establecer junto con funcionarios norteamericanos
la agenda de la visita que contemplará la firma de seis acuerdos
pendientes.
En cuanto a la materia relacionada con el combate al narcotráfico,
vale la pena mencionar que en septiembre de 1993, el director de la, Oficina
Nacional de Control de Drogas del gobierno norteamericano prometió
el apoyo de Washington para la lucha contra el narcotráfico. Así,
el funcionario dijo que esperaba "cooperar con Venezuela para enfrentar
los problemas surgidos por el aumento de las operaciones de tránsito
de drogas y lavado de dinero en el país" (20). En marzo de 1994,
el Departamento de Estado presentó su informe anual sobre el narcotráfico
en el mundo, puntualizando que en Venezuela existe una narco-corrupción
y tráfico de drogas, lo que fue respondido por la Cancillería
venezolana reconociendo que "Venezuela no es productor de drogas, pero
está sufriendo las consecuencias el tráfico ilícito
de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en especial del lavado
de dólares provenientes del narcotráfico" y recordando
que se había firmado un memorándum de entendimiento para colaborar
sobre la lucha contra el narcotráfico (21). El Gobierno Clinton reiteró
que en Venezuela no hay una política firme contra el narcotráfico
dada la corrupción policial y judicial que impide las operaciones
antinarcóticos y denunció la participación de oficiales
de la Guardia Nacional en el aborto de una entrega controlada de droga (no
se entregó toda la carga detectada). El indulto presidencial al narcotraficante
Larry Tovar Acuña y la participación de jueces venezolanos
en indultos a presuntos indiciados así como el desarrollo de juicios
amañados, provocaron en Washington una reacción hostil ante
la aparente debilidad venezolana sobre el tema. Así, en febrero de
1995, Venezuela fue incluida en la lista de países donde se combate
parcialmente el narcotráfico (lista enviada por la Casa Blanca al
Congreso norteamericano). Sin embargo, en el Informe Anual enviado al Congreso
por parte del Ejecutivo norteamericano, del año 1994, Venezuela es
considerado entre los países que están colaborando con la
política anti- narcotráfico instalándose unos radares
en la isla de Margarita con apoyo norteamericano. (Bravo 1996).
En marzo de 1996, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, William
Perry, visitó a Caracas. Perry conversó con las autoridades
venezolanas sobre la nueva política de seguridad hemisférica
centrada en la lucha contra el narcotráfico. En su reunión
con el Ministro de la Defensa venezolano, Moisés Orozco Graterol,
el Secretario de Defensa trató el tema de las posible instalación
de radares en territorio venezolano y sobre la posibilidad de que Venezuela
permitiera el vuelo y el patrullaje de aviones militares norteamericanos
en su espacio aéreo. Siendo la primera vez que un Secretario de Defensa
de los EE.UU. visitaba Caracas, la ocasión permitió al Ministerio
de la Defensa venezolano a pedirle ayuda militar, de acuerdo a unas notas
reversales firmadas por ambos gobiernos a fin de permitir la donación
norteamericana de 20 helicópteros y la eventual compra por parte
de Venezuela de dos aviones F-16 y once vehículos anfibios. En septiembre
de ese año también visitó a Caracas el Jefe del Comando
Sur del Ejército norteamericano con sede en Panamá, el General
Lawson McGruber, a fin de propiciar planes de investigación, cooperación
y entrenamiento conjunto para combatir el narcotráfico y participar
en operaciones conjuntas (22).
A fines de 1996, el Ministro de la Defensa de Venezuela reconoció
que se estaban estudiando las reglas de juego para recibir asistencia de
los EE.UU. para el combate al narcotráfico. En marzo de 1997, se
conoció que la Armada venezolana había tenido algunas diferencias
con la Armada norteamericana en materia de abordaje de embarcaciones en
el Caribe. Según la Armada venezolana, existe un acuerdo de operaciones
marítimas contra buques sospechosos de narcotráfico del año
de 1991 que permite el control de la navegación aérea y terrestre
por parte de los EE.UU. en aguas internacionales cercanas a Venezuela pero
que no permite la participación de buques de terceros países
ni las operaciones de la Armada norteamericana en aguas interiores venezolanas.
( En julio de 1997 ambos gobiernos firmaron un protocolo al acuerdo de 1991,
conocido como el "Acuerdo sobre Cooperación Contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas por
el Mar" a fin de que participen buques de terceros países).
Los EE.UU había planteado reformar el acuerdo para que pudieran participar
en el abordaje buques y oficiales de Gran Bretaña, Holanda y Francia
aunque la Armada norteamericana no puede transitar por aguas territoriales
venezolanas y el espacio aéreo, tal como ya se hace con la mayoría
de los países caribeños orientales, Trinidad y Tobago y la
República Dominicana. A principios de 1997, el Gobierno Clinton envió
su informe anual sobre narcotráfico al Congreso norteamericano. En
esta oportunidad, los EE.UU. endurecieron su posición. Así
se dice que..." Venezuela no demostró durante 1996 suficiente
voluntad para mantener una fuerte oposición contra el narcotráfico,
para alentar a las fuerzas castrenses y policiales a cooperar, ni para desarrollar
una coordinación efectiva" (23). Sin embargo Venezuela no fue
descertificada y sigue manteniendo la posición de no aceptar la presión
norteamericana sobre la posibilidad de extraditar a los EE.UU. a sus nacionales.
2.2 Aspectos Económicos y Comerciales.
Las relaciones económicas y comerciales entre Venezuela y los
Estados Unidos durante el primer Gobierno de Clinton comenzaron con las
firma en el mes de enero de 1993, de un acuerdo agrícola entre los
dos países tendiente a ampliar el intercambio comercial en ese sector
de la economía (M. de R.R.E.E 1993). En este sentido, el gobierno
venezolano insistió a Washington durante todos esos meses de completar
otros acuerdos. Desde la óptica de Caracas, había que evitar
que se excluyera a Venezuela de la lista de país más favorecido
por las acusaciones de parte de funcionarios norteamericanos de prácticas
desleales de dumping. De hecho, se demandaron las exportaciones venezolanas
de ferrosílicon de hierro, de tubos de acero sin aleación
soldada y alambrón (Sobre este, se espera que el gobierno norteamericano
se pronuncie en septiembre de 1997 en torno las acusaciones de dumping a
las exportaciones venbezolanas de este producto. si se determina que existe
algún subsidio, se tendrá que pagar un arancel especial o
al menos se reducira el monto de lo exportado). Al mismo tiempo, seguían
las conversaciones para lograr un convenio sobre doble tributación
(24).
En el mes de julio de 1993, visitó a Caracas, en ocasión
de la Cumbre Latinoamericana de Comunicaciones, el Secretario de Comercio
de los EE.UU., Ronald Brown. La visita de Brown a Venezuela era la primera
a nivel ministerial del Gobierno Clinton, la cual se aprovechó para
conversar sobre la posibilidad de adelantar los pasos para que Venezuela
entrara en el Tratado de Libre Comercio. El día 8, Brown sostuvo
una entrevista con el Canciller venezolano, Fernando Ochoa Antich, para
revisar asuntos pendientes en la agenda bilateral como lo relacionado con
los subsidios, la doble tributación, la propiedad intelectual, y
un tratado bilateral sobre inversiones, pronunciándose a favor de
continuar con el embargo al atún venezolano. El Secretario de Comercio
también se entrevistó con el Presidente Velázquez (25).
Ese mismo mes se acrecentaron las divergencias comerciales entre los
dos países. Cuatro mil productos venezolanos estuvieron a punto de
afectarse ante una propuesta del Senado norteamericano de eliminar el Sistema
Generalizado de Preferencias. Por otra parte, la tendencia general del gobierno
norteamericano era la de precisar con Venezuela y otros países latinoamericanos
una serie de medidas que a todas luces tenían un fuerte perfil proteccionista.
Tanto las medidas arancelarias cuantitativas (restricciones a las exportaciones;
concesiones automáticas de licencias, medidas monetarias y financieras,
de control de precios y de perfil fisosanitarias, embalaje, etiquetaje y
aduanas) como las de carácter cualitativo (restricciones voluntarias
a la exportaciones, licencias no automáticas y medidas anti dumping
y de derechos compensatorios) se convertían en un asunto cotidiano
para el comercio entre los dos países.
En medio de esa tensión, el Canciller venezolano Fernando Ochoa
Antich planteó durante un viaje a Washington la necesidad de negociar
con
los EE.UU. la solución de los problemas comerciales entre ambos
países, en el contexto de una conferencia patrocinada por la Asociación
Estadounidense de Cámaras de Comercio de América Latina realizada
el 2 de septiembre de 1993. En sus reuniones con funcionarios del gobierno
norteamericano, Ochoa Antich trató los temas de la propiedad intelectual,
ya que Venezuela fue colocada como país en observación bajo
la previsión 301 del Acta de Comercio de 1988, (entre otras razones
por la captación ilegal de emisiones de TV por satélite en
Venezuela), el control ambiental, y el papel de Venezuela en el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas (26).
En este contexto cabe recordar las frecuentes críticas del Departamento
de Comercio sobre la conducta comercial de Venezuela en relación
a la restricción de las exportaciones de productos agrícolas
y pecuarios norteamericanos (como el uso de la banda de precios que impone
varios cargos sobre el arancel a granos, semillas, productos lácteos,
leche pasteurizada y en polvo, y carnes), la no incorporación de
Venezuela en la Convención de París sobre la Protección
de la Propiedad Industrial y la falta de reglamentación de la Ley
de Derechos de Autor promulgada por Venezuela en 1993. (Departamento de
Comercio, 1994 ). Como reacción al informe presentado al Congreso
norteamericano por el Departamento de Comercio en marzo de 1994, el Ministro
de Fomento del entrante gobierno Caldera, Alberto Poletto, planteó
la necesidad de sincerar el origen de los problemas comerciales con los
EE.UU., como el producto entre otras cosas de la presión de grupos
intermediarios que temen ser desplazados en sus negocios por productos venezolanos,
tal como se veía en el caso del atún, la veda a las frutas
venezolanas y las restricciones a la gasolina reformulada venezolana. En
abril de 1994, los gobiernos de ambos países decidieron iniciar una
serie de conversaciones informales a fin de acelerar la firma de los acuerdos
sobre protección de inversiones, propiedad intelectual, subsidios,
y doble tributación, pasos necesarios, según la óptica
norteamericana para entrar en Nafta, conversaciones que para mayo de 1997
todavía están pendientes (27).
En el marco de un foro sobre las relaciones entre Venezuela y los Estados
Unidos realizado en Caracas, el Embajador de los Estados Unidos en Venezuela,
Jeffrey Davidow planteó que la complejidad del aparato de política
exterior norteamericano obligaba a Venezuela a hacerse más visible
en Washington y a no depender tan sólo del Departamento de Estado
para mejorar las relaciones comerciales. En este sentido, según el
embajador, el lobby venezolano era importante para desarrollar puntos comunes
sobre el tema de las drogas, el medio ambiente, los derechos humanos y las
restricciones a los productos venezolanos. Por otra parte, en el momento
de desarrollarse esta tensión entre los dos países, analistas
de la realidad norteamericana comentaron la reacción desfavorable
que había tenido el Gobierno Clinton por la ejecución de las
medidas económicas en Venezuela tendientes al estatismo y al proteccionismo,
siendo llamado a consultas por el Departamento de Estado, el nuevo embajador
de Venezuela, Pedro Luis Echeverría. El Presidente Clinton, en ocasión
de la presentación de las Cartas Credenciales del embajador venezolano
destacó que "Aceptamos la posición de su gobierno de
que los controles son temporales, aunque creemos que la historia ha demostrado
que estas medidas no son las mejores para lograr el crecimiento y la estabilidad
económica" (28). En este momento, le quedó claro a Venezuela
que sus problemas comerciales con los Estados Unidos tenían dos facetas.
Por una parte, diferencias en torno a aspectos cuantitativos relacionados
con medidas económicas y comerciales como aranceles, restricciones
a la cantidad, licencias y otras; y por la otra, diferencias en torno a
aspectos cualitativos, vale decir lo relacionado con el impulso a las reformas
económicas, acuerdos a "la carta" de tipo sectorial y acuerdos
marco de libre comercio. En ambos casos, Venezuela no presentaba un buen
resultado según la óptica norteamericana y Caracas insistía
en una campaña de descrédito de la imagen de Venezuela en
los Estados Unidos y que el gobierno norteamericano debía ser compresivo
con la difícil situación que vivía el país y
que no debía olvidarse que era un proveedor confiable de energía
(29). Recuérdese que estamos hablando del entonces segundo exportador
de petróleo a EE.UU. (en 1997 alcanzó el primer lugar), el
cuarto socio comercial de América Latina, y un miembro del selecto
grupo de los primeros veinte países que exportan a los EE.UU.
En octubre de 1994, el Departamento de Comercio de los EE.UU. amenazó
de aplicar sanciones comerciales a Venezuela y a otros productores de banano
latinoamericanos que habían firmado un acuerdo marco con la Unión
Europea sobre comercialización de ese producto. En este sentido,
los EE.UU. amenazó con aplicar la sección 301 para imponer
sanciones. (A fines del mes de abril de 1997, se conoció que la OMC
había desaprobado el sistema de cuotas acordado entre la Unión
Europea y los países signatarios de ese acuerdo marco). En el mes
de noviembre de 1994, los Estados Unidos condicionó la entrega de
trigo a Venezuela. Dada la investigación anti-dumping que agencias
del gobierno venezolano llevan adelante sobre el trigo norteamericano subsidiado
y dada la prohibición de Venezuela (desde 1993) de importación
de productos avícolas, porcinos y vacunos norteamericanos, el Departamento
de Comercio condicionó la inclusión de Venezuela en el Programa
de Promoción de Exportaciones (EEP) del Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos. A fines de año, el embajador norteamericano,
Jeffrey Davidow planteó que "en este momento existe un cierto
escepticismo en el sector privado estadounidense en relación a la
política económica del gobierno" (30). Esta afirmación
expresaba el malestar de Washington y las tensiones experimentadas ese año,
las cuales siguieron acrecentándose en 1995. Así, Venezuela
trató de evitar el embargo a los camarones venezolanos por denuncia
del Departamento de Comercio sobre la mortandad de las tortugas. Sobre esto,
el Gobierno venezolano, conjuntamente con funcionarios norteamericanos inspeccionaron
las flotas camaroneras que se encuentran en puertos venezolanos logrando
detectar irregularidades en la conservación de las tortugas marinas,
lo que motivó que el Departamento de Comercio certificara si se cumplían
las regulaciones que se habían acordado. El 28 de abril de 1995,
el Gobierno de los Estados Unidos comunicó a Venezuela que se había
dado la certificación necesaria para seguir exportando camarones
hasta mayo de 1996. (M. de R.R.E.E). En mayo de 1995, se conoció
que Venezuela no fue incluida en la Priority Wacht List (Lista de Países
Prioritarios en Observación) de la Sección Especial 301 de
la Ley Omnibus de Comercio y Competitividad, pero si en la Wacht List, a
pesar de la entrada en vigencia de las decisiones 344 y 345 de la Comisión
del Acuerdo de Cartagena referentes a las leyes sobre Propiedad Industrial
y Derechos de Autor. Venezuela continuó así en una lista de
veinte y cuatro países en observación desde 1990. Al mismo
tiempo se recalcaba que no se había establecido la oficina para atender
los casos sobre derechos de autor en Venezuela, ni se había revisado
el régimen sobre uso de patentes y el reglamento sobre propiedad
industrial (31). Por otra parte, Venezuela en su condición de miembro
de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) firmó,
junto con los Estados Unidos y otros países miembros una declaración
en Panamá sobre la necesidad de reducir progresivamente la mortandad
de delfines. Esto se consideró un paso de avance para revisar la
posibilidad de suspender el embargo al atún venezolano (32).
En los mismos términos, Venezuela confrontó otros problemas
comerciales con los Estados Unidos, como la investigación sobre el
cumplimiento del Acuerdo de Suspensión de Subsidios a las exportaciones
venezolanas de Cemento Clinker y Portland lo cual fue respondida por Venezuela
y aceptada por los autoridades venezolanas; se permitió la entrada
a los EE.UU., de los Carbón Steel Welded Pipe Fittings, producto
elaborado en Venezuela a partir del hierro la cual estaba suspendida; y
se aprobó el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) por un período
de cinco años.
En junio de 1995, se celebró la Primera Reunión Hemisférica
de Ministros de Comercio a fin de planificar los pasos para lograr un área
de libre comercio de las Américas en la cual Venezuela participó
activamente. (M. de R.R.E.E de Venezuela 1995).
El tema que más caracterizó las tensiones entre ambos países
durante estos años fue el caso de la gasolina reformulada. El problema
se originó a fines de 1993 cuando la agencia gubernamental norteamericana,
la Enviroment Protection Agency (EPA) reglamentó los "componentes
y aditivos para combustibles: pautas para la gasolina reformulada y convencional",
lo que significó que ese reglamento afectaría las gasolinas
reformuladas y convencionales venezolanas que se exportan a los Estados
Unidos. El reglamento, basado en la Ley americana de Purificación
del Ambiente afectaba un producto que ya había alcanzado sus propios
parámetros de limpieza desde el año de 1990, 22% de olefina,
6.4% de azufre y bajos niveles de benceno. El gobierno de Venezuela alertó
que el tema de la gasolina reformulada evidenciaba las diferencias existentes
entre el Congreso norteamericano, la EPA y el Gobierno Federal sobre el
comercio con Venezuela y argumentó que ya se estaba llevando a cabo
un proyecto de inversión en las refinerías venezolanas por
un valor de 1 billón de dólares (33). Como consecuencia de
lo anterior se consideraba al caso como discriminatorio por parte del gobierno
Clinton.
En febrero de 1994, Venezuela procuró llegar a un acuerdo con
el gobierno Clinton sobre el caso y en principio se veía a corto
plazo la posibilidad de una solución al decretarse en abril una regla
transitoria que favorecía a la gasolina reformulada al evitarse las
sanciones al combustible venezolano por un tiempo, según lo indicó
el embajador norteamericano en Caracas, Jeffrey Davidow. En septiembre de
1994, se conoció que el Congreso de los Estados Unidos había
decidido mantener las restricciones aplicadas a la gasolina reformulada
y de bloquear fondos para cambiar el reglamento de 1993, lo que en la práctica
significaba sacar del mercado del Este a la gasolina venezolana dado que,
desde la óptica norteamericana, la gasolina venezolana era objetable
por la EPA, por alegar que el combustible no cumple con los requisitos de
protección ambiental al tener niveles altos de olefina. Esto motivó
a que el Gobierno de Venezuela decidiera plantear ( junto con Brasil) el
caso en el marco del GATT. El 8 de septiembre de 1994, el Gobierno venezolano
denunció la medida exigiendo un trato igualitario ante lo que consideraba
una discriminación a los productos de exportación en el marco
de "un proteccionismo comercial disfrazado de
ambiental" (34). El 15 de abril se conoció que el GATT admitiría
la demanda de Venezuela el 4 de octubre y el Gobierno Caldera amenazó
de no comprar más trigo proveniente de los EE.UU. en respuesta a
la decisión del Congreso norteamericano. El 25 de octubre, Venezuela
y Estados Unidos acordaron la constitución del panel del GATT conformado
por tres expertos de Hong Kong, Nueva Zelandia y Finlandia. Dicho proceso
fue suspendido al terminarse la labor del GATT y al comenzar la actuación
de la OMC, en enero de 1995. Venezuela introdujo la denuncia en la OMC en
marzo de 1995 solicitando, luego de no llegarse a un acuerdo amistoso a
nivel bilateral, el establecimiento de un grupo especial para la solución
de controversias, de acuerdo a las disposiciones de la OMC. Esta acción
de Venezuela. la cual fue la primera intentada por un país miembro
ante la nueva organización internacional, se concretó en la
constitución de un Grupo Especial formado por los expertos ya escogidos
en la etapa final del GATT. (M. de R.R.E.E 1995).
En el mes de abril de 1996, se conoció el Infome Anual del Departamento
de Comercio al Congreso norteamericano en donde nuevamente se indica que
Venezuela impone barreras comerciales a productos y servicios norteamericanos,
al tiempo que se indica que Caracas no ha perfeccionado los mecanismo pertinentes
para combatir la piratería comercial (35). El 29 de abril, el panel
de apelaciones de la OMC afirmó que ciertas normas ambientales de
Estados Unidos obstaculizaban la importación de la gasolina proveniente
de Venezuela y Brasil, lo que se consideraba una limitación al libre
comercio.
De esta forma, la demanda de Venezuela y Brasil, introducida en abril
de 1995 y decretada como procedente por un panel de expertos, fue ratificada
por una instancia superior ya que la interpretación que hace el Gobierno
norteamericano de la ley de ese país, la Clean Air Act, era discriminatoria
e injustificable y restringía de manera disfrazada el comercio internacional".
A partir de esa resolución, a los EE.UU. se le indicó que
debía informar sobre las medidas necesarias para cambiar las reglas
sobre importación de las gasolinas reformuladas y reparar los daños
comerciales ocasionados a Venezuela y Brasil. (En este sentido, se conoció
en el mes de mayo de 1997 que el Congreso de los EE.UU. no estaría
dispuesto a enmendar a tiempo la reglamentación de la EPA de lo cual
tiene plazo hasta el 20 de agosto).
A fines de ese mismo mes, la legislatura del estado norteamericano de
Florida aprobó una resolución vetando la posibilidad que la
Florida Power and Light Company pudiera refinar Orimulsión venezolana,
lo que produjo la perdida transitoria de ese mercado y el retraso de la
entrada de ese combustible pesado a los EE.UU. (36).
Por otra parte, los Estados Unidos colocó nuevamente a Venezuela
en la lista de observación de países que no protegen adecuadamente
los derechos de autor y la propiedad intelectual (Watch List), según
el informe presentado por la Oficina del Representante Comercial de ese
país. En este sentido, se dice en el informe que " los esfuerzos
del Gobierno venezolano siguen siendo modestos en lo que respecta a represión
de la piratería" , y se expresa que "Venezuela no ha aprobado
para la fecha la Ley de Propiedad intelectual, se observan diferencias en
el sistema de marcas y patentes, una ausencia de normas contra las importaciones
paralelas, y la no implementación total de las normas contempladas
en el TRIPs (Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados
con el comercio), consagrados en el Tratado de la OMC" (37).
En la segunda mitad del año 1996, se conoció el creciente
descontento de la Agencia Federal de Aviación (FAA), adscrita al
Departamento de Transporte del gobierno norteamericano, sobre el cumplimiento
por parte de líneas aéreas venezolanas de las regulaciones
federales de aviación. Ante tal reclamo, el Ministro de Transporte
y Comunicaciones de Venezuela, Moisés Orozco Graterol (quién
había sido nombrado a ese cargo en el mes de marzo, luego de dejar
el servicio activo
y el despacho de la Defensa) viajó a Washington con el propósito
de negociar con el Secretario de Transporte de los Estados Unidos y otros
funcionarios de la FAA la posibilidad que Venezuela no permaneciera en la
categoría 2, ( países en observación) y mucho menos
trasladarla a la categoría 3, ( países a quienes se les prohibe
efectuar vuelos comerciales a EE.UU.) Sin embargo, la FAA ratificó
a Venezuela en la categoría 2, amenazó de pasarla a la categoría
3 y suspendió los vuelos comerciales entre Venezuela y los Estados
Unidos el día 8 de agosto. Luego de varios días de conversaciones,
Venezuela se comprometió a cumplir con las normas de la FAA y esta
Agencia dio un plazo de 30 días de prueba a las líneas aéreas
venezolanas a quienes se les permitió operar nuevamente, dejándolas
en la categoría 2. Esto episodio sin embargo dejó un trajo
amargo en el gobierno venezolano reflejado en una declaración del
Ministro del Interior del Gobierno Caldera, José Guillermo Andueza,
quién planteó que "Si Estados Unidos nos da malos tratos,
nosotros responderemos con malos tratos". Para el Gobierno venezolano
el asunto buscaba favorecer a las líneas de bandera norteamericana
(38).
A fines de año se conoció que el EXIMBANK restituiría
los prestamos al sector público venezolano, suspendidos desde principios
de 1995, (con excepción de los prestamos a PDVSA, Petróleos
de Venezuela), dada la nueva política económica de apertura
iniciada en el mes de marzo. Por otra parte, el Encargado de Negocios de
la Embajada de Los Estados Unidos en Venezuela, John Keane, dijo que en
quince meses los EE.UU. levantaría el embargo a la gasolina reformulada
y que se acataría el dictamen de la OMC.
Finalmente, bancos norteamericanos comenzaron a operar en Venezuela y
se asocian con la banca y otras instituciones financieras venezolanas, como
el J.P Morgan, Bank of Boston, Citicorp, NBD, Bancorp, First Fidelity, Chase,
y Liberty Mutual. De la misma manera, compañías petroleras
norteamericanas participan en convenios de asociación de ganancias
compartidas, en joint-ventures y en contratos de toda índole con
PDVSA y sus filiales, tales como Mobil, Arco, Philips, Conoco, Amoco, Chevron
y Exxon (39).
Esto se complementa con la política de PDVSA de expandir su participación
accionaria en refinerías norteamericanas a fin de asegurarse un mercado
seguro para el petróleo pesado. Así, se ratifica la participación
accionaria en las compañías petroleras norteamericanas Citgo,
Chaplin y Unoven y se negocia la compra de refinerías en los estados
de Texas, Illinois y Louisiana. En este marco, la adquisición de
nuevas instalaciones petroleras va acompañada de la posibilidad de
que el estado de Florida levante la prohibición a la Orimulsión
( se espera que la Corte del Estado de Florida se pronuncié favorablemente
en el mes de septiembre de 1997 sobre este caso y se pueda abrir el mercado
de los EE.UU. a ese producto) (40).
3. Conclusiones.
Las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos se pueden estudiarse
conjuntamente de manera bilateral y regional. En el debate sobre la situación
política regional se ha caracterizado a Venezuela como una potencia
media que pudiera colaborar con los Estados Unidos a través de planes
conjuntos. Para quienes piensan de esta manera, Venezuela es un país
con intereses propios en el Hemisferio y con prestigio regional, dada su
trayectoria democrática y petrolera. Para otros analistas, Venezuela
ha tenido un papel de potencia regional delegada de Los Estados Unidos (Ewell
1996).
Desde nuestro punto de vista, Venezuela no es aceptada como un país
especial, como un país asociado por parte de Los Estados Unidos.
En materia regional, Los Estados Unidos han desarrollado políticas
propias y en muy pocas ocasiones han oído a Venezuela. Por otra parte,
quienes observan una conducta sub-imperialista no toman en cuenta el hecho
que a pesar de ser un país occidental, Venezuela ha mantenido posiciones
divergentes con políticas coyunturales norteamericanas.
Durante la era Clinton, Venezuela ha desarrollado unas relaciones bilaterales
complejas con Los Estados Unidos. Desde el punto de vista estratégico,
los gobiernos en ambos países han reiterado sus coincidencias históricas,
ya que Venezuela es el primer proveedor de petróleo importado a EE.UU.
y es considerada por Washington como un socio confiable. Hay que agregar
el proceso de apertura petrolera que lleva adelante el Estado venezolano
y su empresa petrolera Petróleos de Venezuela, PDVSA. En referencia
a esto último, cabe mencionar que el proyectado aumento de la producción
de petróleo de Venezuela, de 3.3 millones de barriles diarios en
la actualidad a 6 millones para el año 2005 y la participación
de empresas de origen norteamericano en el desarrollo de los contratos operativos
para la reactivación de campos marginales, en las asociaciones de
PDVSA con compañías privadas para explotar yacimientos en
la Faja del Orinoco, en las asociaciones bajo el esquema de las ganancias
compartidas y en la apertura del mercado interno de combustibles y otros
derivados del petróleo, profundizan el valor estratégico de
Venezuela para Los Estados Unidos En este marco, Venezuela serviría
de contrapeso a la producción de Arabia Saudita, y el mercado norteamericano
sería esencial para la industria petrolera venezolana (Lander 1997).
Pero, desde el punto de vista táctico se pueden identificar una
serie de problemas que se están resolviendo parcialmente. Desde ese
punto de vista cabe destacar: la prohibición de envío de gasolina
reformulada venezolana al mercado Este de los EE.UU., dada la disposición
ambiental correspondiente y la continua amenaza de restringir aún
más la importación de gasolina a pesar del dictamen de la
OMC ( El Gobierno estadounidense decidió que a partir del 20 de agosto
impondría algunas enmiendas a la norma, con lo cual se discrimina
al producto y se incumple con lo dictaminado por la OMC); la prohibición
de exportación a ese país de atún pescado y procesado
por compañías venezolanas ( el Senado de los estados Unidos
decidió levantar esa sanción, sin embargo dictaminó
que el atún será comercializado a partir de 1999), también
por la vigencia de una disposición ambiental; la crítica reiterada
del Departamento de Estado sobre el estado actual de los derechos humanos
en Venezuela y la aparente ineficacia por parte del gobierno Caldera en
el combate al narcotráfico; la crítica del Departamento de
Comercio y de la Oficina del Representante Comercial del Gobierno norteamericano
sobre la carencia de un marco jurídico adecuado para favorecer la
protección de los derechos humanos, para favorecer un marco seguro
para propiedad intelectual ( se aspira a firmar un tratado de protección
de inversiones en el mes de octubre) y para evitar la doble tributación
y la negativa norteamericana de detener y extraditar a los que el Gobierno
Caldera considera banqueros prófugos que se encuentran en territorio
norteamericano. ( En el mes de julio de 1997 se concluyeron las negociaciones
del Tratado de Asistencia Mutua en el campo penal entre EE.UU y Venezuela
y se espera sea firmado por los presidentes Caldera y Clinton en ocasión
de la visita de este último a Venezuela. Sobre esto último,
hay que recordar que el Fiscal General de Venezuela planteó en el
año de 1995 un convenio de extradición que contemplara los
delitos bancarios. El Gobierno norteamericano lo consideró innecesario
ya que ambos países habían suscrito un acuerdo multilateral
sobre el tema en el marco de "La Convención Interamericana Sobre
Ayuda Mutua en Cuestiones Penales" aprobada en 1992. En marzo de 1995,
ambos gobiernos suscribieron un Acuerdo de Asistencia Mutua" para la
administración de justicia a fin de procesar las detenciones, juicios
y extradiciones de ciudadanos venezolanos residentes en los Estados Unidos
incursos en delitos bancarios y financieros. Esto fue considerado como un
paso adelante. (M. de R.R.E.E de Venezuela 1995).
En el marco de estos problemas cabe destacar tres divergencias concretas
entre ambos países. En primer lugar, la molestia de la Cancillería
venezolana por la exclusión inicial de Venezuela como parada en la
gira proyectada para mayo de este año por parte del Presidente Clinton.
El Gobierno venezolano hizo lobby para que se incluyera a Caracas en una
nueva gira, aunque de darse ésta, Venezuela no vería con agrado
la fecha ya que le quitaría protagonismo a la Cumbre Iberoamericana
a celebrarse esos mismos días en la isla venezolana de Margarita.
Además la presencia del presidente norteamericano sería una
ocasión bastante importante para que Washington presione un mayor
apoyo de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico, y a la política
norteamericana contra Cuba, dos temas en los cuales Caracas evita comprometerse.
Otro punto de fricción entre los dos países está
relacionado con las reservas de las Fuerzas Armadas de Venezuela para desarrollar
ciertos planes conjuntos de prevención del narcotráfico. Como
se comentó anteriormente, el gobierno norteamericano pretende que
Venezuela actúe dentro del marco de la operación "Steel
Web" interpretando de una manera más laxa el contenido del Acuerdo
de Operaciones Conjuntas firmado en el año de 1991. A partir de esa
ocasión, Venezuela permite que aviones y embarcaciones de las Fuerzas
Armadas norteamericanas detengan y aborden buques y aviones sospechosos
de contrabando y tráfico de drogas en aguas internacionales cercanas
a la frontera marítima venezolana. En referencia a esto último,
Los Estados Unidos pretende que esta práctica se extienda a aguas
interiores y al espacio aéreo venezolano tal como lo contemplan,
en sus respectivas jurisdicciones, los acuerdos suscritos entre los EE.UU.
y la mayoría del los países del Caribe Oriental, Trinidad
y Tobago y la República Dominicana.
Otro punto de fricción a futuro lo puede constituir la presencia
del nuevo embajador de Los Estados Unidos en Venezuela., John Maisto. Como
se ha analizado, a raíz de la salida del último embajador
en Caracas, Jeffrey Davidow, al ser nombrado este último (en octubre
de 1995), subsecretario de Asuntos Interamericanos, la embajada norteamericana
en Caracas tuvo a cargo se un encargado de negocios, el Ministro Consejero,
John Keane, lo que contribuyó a que se diera un bajo perfil de la
representación diplomática en Caracas. Así, los principales
problemas entre ambos gobiernos se trataron a través de la embajada
venezolana en Washington, directamente con el Departamento de Estado y en
ocasiones de darse visitas de alto nivel. En este marco, con la llegada
del Embajador Maisto el papel de la embajada norteamericana en Caracas se
va a reactivar, dentro de la política general para América
Latina que el Departamento de Estado está tratando de imponer a los
gobiernos latinoamericanos, y teniendo en cuenta el protagonismo que el
Embajador Maisto tuvo en su cargo anterior en Nicaragua. Maisto pudiera
encontrar resistencias a su labor en el caso que tuviera un exagerado protagonismo
en su cargo en Caracas. Es más, no debe olvidarse que tanto el Presidente
Caldera como el Canciller Burelli tratan de esquivar compromisos demasiados
sensibles a la tradición de "autonomía internacional"
con Los Estados Unidos. En este sentido, aunque la comunicación entre
ambos gobiernos es fluida, Caracas se queja de Washington cuando el Gobierno
norteamericano no consulta o se emiten opiniones en contra de las posiciones
venezolanas, sobre todo a nivel comercial, tal como pasó recientemente
cuando la Representante Comercial e los Estados Unidos, Chalene Barshefsky
quién aseguró que el Gobierno Clinton estaba dispuesto a negociar
un tratado bilateral para la promoción y protección de inversiones
con Venezuela, pero que el Gobierno Caldera no mostraba interés.
Esta aseveración fue respondida por el Ministro de Industria y Comercio
venezolano, Freddy Rojas Parra, quién manifestó que las negociaciones
estaban estancadas "en virtud de la posición rígida que
asumió Estados Unidos, al vincular el tratado de protección
de inversiones al acuerdo sobre propiedad intelectual", reiterando
el deseo venezolano de reanudar las conversaciones (41).
En síntesis, entre Venezuela y Los Estados Unidos durante la era
Clinton, los temas principales de la agenda bilateral han sido petróleo
y comercio dentro del marco de una coincidencia estratégica y unas
divergencias tácticas, incluyendo momentos bien tensos como el caso
de la gasolina reformulada. Por otra parte, en el caso venezolano, el protagonismo
mayor ha sido el de la embajada venezolana en Washington y no la embajada
norteamericana en Caracas, dándose así un peso muy grande
al Embajador Pedro Luis Echeverría en el manejo de la agenda bilateral.
Al mismo tiempo, de acuerdo a las encuestas, los venezolanos no tienen
una actitud agresiva contra los Estados Unidos pero tampoco demasiada positiva.
En términos generales, se comprueba que en la medida que se den políticas
comunes, bajan las percepciones negativas y cuando Washington quiere imponer
políticas regionales a Venezuela, aumentan las percepciones negativas
en Venezuela ( Myers 1994 ). De hecho, para Venezuela es un punto de honor
no "latinoamericanizar" sus relaciones bilaterales, es decir que
Caracas pierda su condición de socio privilegiado.
Venezuela tiene dentro de su agenda de política exterior el tema
de las relaciones con los Estados Unidos. Pero, en la era de los cambios
globales, ni los gobiernos venezolanos pueden esperar que Washington siga
tratando a ese país como algo aparte de América Latina ni
los gobiernos norteamericanos pueden esperar de Caracas una sumisión
complaciente. Antes como ahora, se impone un respeto mutuo que para Venezuela
significa seguir con una política de autonomía concertada".
4. Notas
1) Carlos A. Romero., "Las Relaciones entre Venezuela y Estados
Unidos; ¿Realidad Histórica u Opción Política?
". Política Internacional, Abril-Junio 1986, nº 2, pp.
11-14, p. 11.
2) 1993-1997.
3) Cámara Venezolana-Americana de Comercio e Industria, VenAmCham.,
Conferencia dictada por el Señor Ministro de Relaciones Exteriores
de Venezuela, Fernando Ochoa Antich, el día 29 de julio de 1992.
Caracas, VenAmCham, 1992.
4) En: El Universal (Caracas), edición del día 29 de
septiembre de 1992, p. 1-2.
5) Véase: Carlos A. Romero., "Dealing con Cualquiera".
El Diario de Caracas (Caracas), edición del 20 de septiembre de 1992,
p. 27.
6) El Diario de Caracas, edición del 19 de marzo de 1993, p.
25.
7) El Diario de Caracas, edición del 3 de septiembre de 1994,
p. 26.
8) Cámara Venezolana-Americana, VenAmCham., Conferencia dictada
por el Subsecretario Adjunto para Asuntos Interamericanos del Departamento
de Estado del Gobierno de los EE.UU., el día 2 de diciembre de 1993.
Caracas, VenAmCham, 1993. La carta del Presidente Clinton al Presidente
Velázquez fue reproducida parcialmente en El Diario de Caracas, en
su edición del día 2 de diciembre de 1993, p. 51.
9) Cámara Venezolana-Americana, VenAmCham., Conferencia dictada
por el Presidente Electo de Venezuela, Rafael Caldera, el día 15
de diciembre de 1993. Caracas, VenAmCham, 1993.
10) La declaración de Luigi Enaudi se dio en ocasión
de una conferencia dictada en VenAmCham saliendo publicadas en El Globo
(Caracas), edición del día 23 de enero de 1994, p. 7. Las
de Michael Skol salieron en El Diario de Caracas, edición del día
4 de enero de 1994, p. 25.
11) En: El Nacional (Caracas), edición del día 25 de
febrero de 1996, p. A-2.
12) Declaración de La Casa Blanca reproducida en El Nacional,
edición del día 17 de marzo de 1996, p. E-8.
13) En: El Nacional, edición del 01 de junio de 1996, p. D-3.
14) En: El Nacional, edición del día 12 de julio de
1996, p. A-2.
15) En: El Nacional, edición del día 6 de septiembre
de 1996, p. A-2
16) Reproducida en El Nacional, edición del día 11 de
diciembre de 1996, p. A-2.
17) En: El Nacional, edición del día 22 de marzo de
1997, p. A-2.
18) La declaración se reproduce en El Nacional, en su edición
del día 21 de marzo de 1997, p. A-3.
19) Declaración reproducida en El Nacional, en su edición
del día 8 de marzo de 1997, p. A-2.
20) Declaraciones reproducidas en El Diario de Caracas, en su edición
del día 10 de agosto de 1993, p. 26.
21) M. de R.R.E.E. de Venezuela., "Declaración Oficial
del día 6 de abril de 1994". Caracas, M. de R.R.E.E. de Venezuela,
1994. Venezuela firmó junto con el Gobierno norteamericano, en septiembre
de 1994, un Memorándum de Entendimiento a fin de establecer un programa
de cooperación en la lucha contra el narcotráfico. En: M.
de R.R.E.E. de Venezuela., Libro Amarillo 1994. Caracas, M. de R.R.E.E.
de Venezuela, 1995, pp. 181-182.
22) La gira del Secretario de Defensa de los EE.UU. se reporta en
El Nacional, en sus ediciones de los días 13, 14, y 16 de marzo de
1996, páginas A-3, A-2 y D-1 respectivamente.
23) En: Mauricio Bravo., "El Narcotráfico en Venezuela".
Monografía. Caracas, 1997. La cita del informe del Departamento de
Estado al Congreso norteamericano salió de su publicación
parcial del informe en la columna del periodista José Vicente Rangel
en El Universal, en su edición del día 9 de marzo de 1997,
p. 54.
24) Información aparecida en El Globo, en su edición
del día 1 de julio de 1993, p. 6.
25) En: Economía Hoy (Caracas), edición del día
2 de julio de 1993, p. 16 ; El Diario de Caracas, 9 de julio de 1993, p.
16.
26) El Universal, edición del día 4 de septiembre de
1993, p. 16.
27) El informe del Departamento de Comercio se reproduce en El Nacional
en su edición del día 8 de abril de 1994, p. A-2 . Las declaraciones
del Ministro Poletto las reproduce El Diario de Caracas, el día 24
de abril de 1994, p. 17. Véase también El Nacional, en su
edición del día 22 de abril de 1994, p. A-2.
28) Las declaraciones del Embajador Davidow se encuentran en El Diario
de
Caracas, en su edición del día 19 de abril de 1994,
p. 23; las declaraciones del Presidente Clinton las reproduce El Universal
en su edición del día 13 de agosto de 1994, p. 2-4.
29) Declaraciones del entonces Ministro de Hacienda de Venezuela,
Julio Sosa Rodríguez reproducidas en El Universal, en su edición
del día 4 de mayo de 1994, p. 2-1.
30) Véase: El Diario de Caracas, 24 de noviembre de 1994, p.
25; El Diario de Caracas, 15 de septiembre de 1994, p. 18; El Diario de
Caracas, 22 de octubre de 1994, p. 18.
31) En: Economía Hoy, edición del día 6 de mayo
de 1995, p. 23 y edición del día 19 de mayo de 1995, p. 23.
32) En: Economía Hoy, edición del día 12 de octubre
de 1995, p. 22.
33) En: El Diario de Caracas, edición del día 26 de
abril de 1994, p. 15.
34) En: El Diario de Caracas, edición del día 7 de septiembre
de 1994, p .3; edición del 15 de septiembre de 1994, p. 3; edición
del día 16 de septiembre de 1994, p. 3; edición del día
20 de septiembre de 1994, p. 16; edición del día 21 de octubre
de 1994, p. 29; edición del día 7 de diciembre de 1994, p.
14. La cita es del Ministro de Fomento Alberto Poletto, al intervenir en
una en rueda de prensa del día 6 de septiembre de 1994. Texto reproducido
en El Diario de Caracas, en su edición del día 7 de septiembre
de 1994, p. 3.
35) En: El Nacional, edición del día 1 de abril de 1996,
p. D-4.
36) En: El Nacional, edición del día 30 de abril de
1996, p. E-5.
37) En: El Nacional, edición del día 24 de mayo de 1996,
p. E-1.
38) En: El Nacional, ediciones de los días 7 de julio, 7 de
agosto, 8 de agosto, 9 de agosto y 25 de septiembre de 1996, páginas
E-6, A-1, E-1, E-2 y E-3 respectivamente.
39) En: El Nacional, ediciones de los días 1 noviembre, 5 de
noviembre y 30 de diciembre de 1996, páginas E-12, A-4 y E-8 respectivamente
.
40) En: El Nacional, 15 de enero de 1997, página D-17.
41) Véase: El Nacional, ediciones de los días 29 y 30
de abril de 1997, página E-1.
5. Referencias
5.1 Libros y Monografías.
1) Gene Begler., La Política y el Capitalismo de Estado en
Venezuela. Madrid, Editorial Tecnos, 1981.
2) Robert Bond (Editor)., Contemporary Venezuela and its Role in International
Affairs. New York, New York University Press, 1977.
3) Mauricio Bravo., El Narcotráfico en Venezuela. Monografía
Caracas, s/e. 1996.
4) Cámara Venezolana-Americana de Comercio e Industria, VenAmCham.,
Versiones Taquigráficas Varias. Caracas, VenAmCham,
1992-1995.
5) Elsa Cardozo de Da Silva.,
6) Jorge I, Domínguez (Editor)., Economic Issues ad Political
Conflict: U.S-Latin American Relations. London, Butterworth Sciewntific,1982.
7) Judith Ewell., Venezuela and the United States. From Monroe’s
Hemisphere to Petroleum’s Empire. Athens, The University
of Georgia Press, 1996.
8) Luis E. Lander., Apertura Petrolera en Venezuela. Monografía.
Caracas, s/e, 1997.
9) Jennifer Mc Coy, Andrés Serbin, Wiliam C. Smith and Andrés
Stambouli., Venezuelan Democracy Under Stress. New Brunswick, Transaction
Publishers,1994.
10) Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela., Libro Amarillo.
Caracas, M. de
R.R.E.E., años 1993, 1994,1995 y 1996.
11) Organización de Estados Americanos, OEA., Documentos de
la XXXIV Asamblea. Washington, OEA, 1996
12) Carlos A. Romero (Coordinador)., Reforma y Política Exterior.
Caracas, Nueva Sociedad-Invesp, 1992.
13) Alfredo Toro Hardy., El Desafío Venezolano. Como Influir
las Decisiones Políticas Estadounidenses. Caracas, Instituto
de Altos Estudios de América Latina, Universidad Simón bolívar,
1988.
14) Franklin Tugwell., La Política del Petróleo en Venezuela.
Caracas, Monte Ávila Editores, 1975.
5.2 Artículos:
1) Carlos Guerón., "La Doctrina Betancourt y el Papel de
la Teoría en Política Exterior". POLITEIA 1. Caracas,
IEP - U.C.V, 1972, pp. 231-243.
2) Janet Kelly., "Venezuelan Foreign Economic Policy and the United
States". En: Jorge Domínguez (Editor)., Economic Issues and
Political Conflict: U.S-Latin American Relations. London, Butterworth
Scientific, 1982, pp. 107-141.
3) John Martz., "Venezuela’s Foreign Policy Toward Latin America".
En: Robert Bond., Contemporary Venezuela and Its Role in International
Affairs. New York. New York University Press. 1977.
4) David J. Myers., "Perceptions of a Stressed Democracy: Inevitable
Decay or Foundation for Rebirth?". En: Jennifer Mc Coy, Andrés
Serbin, William C. Smith and Andrés Stambouli., Venezuelan Democracy
Under Stress. New Brunswick, Transaction Publishers, 1994, pp. 107-138.
5) Laura Rojas., "Aspectos Económicos de la Política
Exterior de Venezuela". En: Carlos A. Romero., Reforma y Política
Exterior. Caracas, Nueva Sociedad-Invesp, 1992, pp. 145-172.
6) Aníbal Romero., "La Situación Estratégica
de Venezuela". Política Internacional. Vol Y. Nº1,
pp. 6-14.
7) Carlos A. Romero., "Las Relaciones entre Venezuela y Estados
Unidos: Realidad Histórica u Opción Política?. Política
Internacional. Vol.I, nº2, Abril-Junio 1986, pp. 11-14.
8) Elba Rossini Martín y Jaime Luis Socas., "La Orimulsión:
Un complemento para la Industria Petrolera venezolana". Política
internacional. Año x, nº 42, Abril-Junio 1996, pp. 22-28.11)
9) William C. Smith y Jennifer Mc Coy., "Venezuelan Democracy Under
Stress". En: Jennifer Mc Coy, Andrés Serbin, William C. Smith
and Andrés Stambouli., Venezuelan Democracy Under Stress.
New Brunswick, Transation Publishers, 1994, pp. 1-12.
5.3 Periódicos Consultados:
1) Economía Hoy. Caracas, Venezuela
2) El Globo. Caracas, Venezuela
3) El Nacional. Caracas, Venezuela
4) El Universal. Caracas, Venezuela |
