¿Qué implica la aplicación de la Carta Democrática?

El proceso de aplicación de la Carta Democrática es quizás más sencillo de lo que creemos. Aunque, si usted está esperando que eso «resuelva» el problema de ipso facto en el país, puede que resulte un poco desilusionado, puesto que este proceso no tiene lapsos, ni siquiera uno que establezca la duración de la hipotética sanción que se aplique al país en cuestión, en este caso, Venezuela.

La Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 2001, en sesión especial de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Lima, Perú; es un instrumento que proclama como objetivo principal el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática, al establecer que la ruptura del orden democrático o su alteración, o una situación que afecte gravemente el orden democrático en un Estado miembro, constituye «un obstáculo insuperable» para la participación de su gobierno en las diversas instancias de la OEA.

Art. 3. Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

La exembajadora y especialista en Derecho Internacional, Milagros Betancourt, conversó con Analítica.com para detallar los pasos para la aplicación de la Carta Democrática y sus consecuencias, aclarando, en primer lugar, que solamente la pueden activar otros Estados (uno distinto al que está involucrado en el problema), o el Secretario General de la OEA.

«La Carta en eso es contundente, y el Secretario General tiene la facultad de solicitar al Consejo Permanente la convocatoria de una reunión para considerar la situación en el país que corresponda», indicó la abogada, y agregó: «el secretario ha hecho declaraciones contundentes en su momento. Todo el mundo sabe lo que está pasando».

Aunque Luis Almagro tiene claras sus atribuciones como Secretario General de la organización continental, Betancourt señala que su declaración -en la que afirmó que esperará la solicitud que la Asamblea Nacional venezolana elevará a esa instancia a finales de abril- «llama particularmente la atención porque no le compete a la Asamblea pedir la activación de la Carta. Al Parlamento lo único que puede competirle es llamar la atención al Secretario General sobre la situación que está pasando», aclarando que sus atribuciones están establecidas en los artículos 17, 18, 19 y 20 de la Carta Democrática Interamericana.

Art. 17. Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.

La especialista en arbitraje considera que Almagro no quiere tomar la iniciativa, sino, «desde el punto de vista político, apoyarse en alguna solicitud de alguno de los órganos del Estado», es decir, está tanteando el terreno para saber a qué atenerse antes de dar el paso.

«Evidentemente que las declaraciones de Almagro tienen más contenido político que jurídico, en el sentido de que necesita, de alguna manera, tener un respaldo para decir ‘no me voy a lanzar yo solo, sino que voy a apoyarme en esta solicitud de alguno de los poderes constituidos’ electos por el pueblo, en los que esté en peligro la institucionalidad democrática». 

Además de eso, Betancourt confiesa que es un juego complicado, considerando la actitud y actuación de los países del bloque del Caribe, que están o han estado tradicionalmente cuadrados con el gobierno de Venezuela.

«Yo sí creo que el Secretario General está dispuesto a hacer esa solicitud. Creo que esta también equilibrando las fuerzas. Cualquier iniciativa que él tome, como la consideración de su solicitud, va a ser sometida a votación», indica.

¿Qué hay que hacer?

Milagros Betancourt, también directora del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (Cedca), relata los pasos procedimentales: Partamos del hecho de que el señor Almagro recibe esta solicitud de la AN, la analiza, y solicita al Consejo Permanente -órgano de la OEA integrado por los embajadores acreditados en Washington-, que se reúne todas las semanas en sesión ordinaria; que se incluya en la agenda el análisis de la situación en Venezuela.

Él debe pasar primero por el filtro de que el Consejo Permanente diga que sí van a aceptar la solicitud del Secretario General, por lo cual estará haciendo sus «cuadraturas» de posiciones para saber si eso va a tener acogida o no, porque de lo contrario sería un fracaso rotundo para él.

El próximo paso es, de el Consejo Permanente aceptar analizar la solicitud que ha hecho la AN, que es la solicitud que el Secretario ha acogido como suya, tiene varias opciones: hacer un estudio de la situación del país; crear una comisión, como lo establece el artículo 18, que venga a Venezuela a investigar lo que está pasando y evidencie de primera mano si el gobierno venezolano ha incurrido en violación de la Carta Democrática, y luego considerar el informe de esa comisión para ver efectivamente cual sería el siguiente paso; buscar una mediación u otra gestión diplomática.

De no cumplirse…

La exembajadora aclara que esa comisión no podría venir a Venezuela sin el consentimiento del gobierno, por lo tanto, «si no se le acepta, el Consejo Permanente puede considerar otro tipo de gestiones diplomáticas, para ver cómo se logra resolver. Si todo eso fracasa, entonces el Consejo Permanente, dependiendo de la gravedad de la situacion que concluya que hay, debe convocar una Asamblea General extraordinaria de la OEA, integrada por los cancilleres». Esta asamblea es la que puede aplicar la Carta Democrática, enfatiza.

Art. 20. Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Antecedentes

Vale recordar que el presidente Nicolás Maduro cuando era canciller liderizó la aplicación de la Carta Democrática a Honduras y Paraguay.

En el caso de Honduras, rememorado por la abogada Betancourt, el Congreso de ese país invistió a Roberto Micheletti (presidente de facto en Honduras luego del golpe de Estado el 28 de junio de 2009) en el cumplimiento de las normas constitucionales, y apeló a la OEA argumentando que habían cumplido con su norma constitucional, a lo que la OEA consideró que el Congreso no tenia facultades ni capacidad para dirigirse a la organización, lo que trajo la suspensión posterior de Honduras como miembro OEA mientras no se restaurase el gobierno democrático de Manuel Zelaya.

Para este caso, Betancourt indica: «Honduras fue casi express. Convocaron el Consejo Permanente hoy, este en la tarde convocó a los cancilleres, y en la noche ya habían aplicado la Carta Democrática», asegurando que en Paraguay ocurrió un proceso similar.

Pero «Los Estados deben cumplirla»

La Carta es un hito en la historia democrática del hemisferio, reza el documento, y a su vez explica que conlleva, en lo político, un serio compromiso de los gobernantes con la democracia, no ya en su versión minimalista electoral, sino con un concepto amplio que toca todos los aspectos de la dignidad humana como eje central de su concepción.

En lo histórico, recoge y proyecta los antecedentes que le han servido de guía, desde la letra de la propia Carta de la OEA hasta las manifestaciones relacionadas con el compromiso de Santiago. En lo sociológico, la Carta expresa una realidad profunda: la demanda de los pueblos de América por el derecho a la democracia. Y, por fin, en lo jurídico, aunque se trata de una Resolución y no de un Tratado, es claro que no es una Resolución cualquiera porque fue expedida como herramienta de actualización e interpretación de la Carta fundacional de la OEA, dentro del espíritu del desarrollo progresivo del derecho internacional.

De hecho, la abogada hace énfasis en que la Carta Democrática, sin ser un Tratado Internacional, tiene fuerza vinculante -como la Declaración Universal de los Derechos Humanos-, y los Estados deben cumplirla.

Consecuencias

La aplicación de la Carta Democrática implica la suspensión de Venezuela en su participación en la OEA hasta tanto se solvente el problema o la circunstancia que ponen en peligro la democracia venezolana, un proceso que no tiene lapsos claramente establecidos en la Carta, evidenciando que «los tiempos de la diplomacia van bastante más lento de lo que uno quisiera».

Lo más grave de las sanciones que se establecen, dice la abogada, es que se suspende todo tipo de cooperación económica al país. «En la situación en que estamos, que nos quiten las poquitas cosas que pudieran llegar, evidentemente que es un problema para la sociedad, pero es una sanción muy importante para el gobierno porque se verá ‘contra la pared'», aclara Betancourt.

De la misma manera, añade que el único peligro de la hipotética sanción, es que el gobierno utilice eso para convertirse en victima, «como el caso de Cuba (el embargo los convirtió en victimas). Pero en definitiva todo el mundo está claro de lo que está pasando en el país».

Conclusiones

Quién apoya y quién no la aplicación de la Carta es lo que están negociando, a juicio de la jurista. «Venezuela antes contaba con Argentina (que ahora tiene una posición diametralmente opuesta al gobierno anterior), Brasil (cuya presidenta está atravesando una situación de juicio político, Bolivia (donde Morales perdió la posibilidad de ir a reelección), y casi todo el cono Sur» que ahora ha virado la vista hacia otros lados.

Betancourt dice que Almagro está haciendo las consultas con los otros gobiernos para él asegurarse de que su solicitud es viable, y saber qué países pudieran adherirse, «porque el pudiera hacer esa solicitud al Consejo Permanente y venir acompañada de Costa Rica, Paraguay, por ejemplo, con miras a la aplicación de la Carta Democrática».

Hay un tema que la especialista califica de «insalvable», y es aquel de los principios democráticos. «Ante las violaciones constantes que han habido aquí, el desconocimiento del poder legislativo elegido por el pueblo con mayoría abrumadora, los gobiernos no pueden mirar para los lados, porque la Carta Democrática comienza diciendo ‘los pueblos tienen derecho a la democracia y los gobiernos la obligación de defenderla'», recuerda, y acota que más allá de que Nicolás Maduro se convierta en víctima, o no, «hay un tema de que tienes que defender los principios democráticos. Es un tema que ha superado cualquier posibilidad porque cualquier país puede verse retratado en esta situación».

*Milagros Betancourt participó en la redacción de la Carta Democrática Interamericana en 2001 cuando era embajadora de Venezuela