Policias en Venezuela: matar o morir
En horas de la mañana de este lunes, un antisocial, que hasta el momento no ha sido identificado, abordó a un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quien esperaba para hacer un depósito en efectivo en el Banco Provincial en el Centro Comercial Los Jarales de San Diego, para robarlo.
Al darse cuenta que era un robo, el funcionario que iba vestido de civil se encontró cara a cara con el ladrón, y de forma serena bajó su cabeza para que el delincuente le quitara una cadena. Al tiempo, dejó caer el dinero que iba a depositar y cuando el antisocial se dispuso a recogerlo el adscrito al cuerpo científico retrocedió, caminó y rodeó a una mujer que se encontraba parada detrás de él.
Esto dio tiempo al policía de sacar su armamento para dispararle a quemarropa al antisocial, específicamente a la altura del pecho y la cara. Los presentes de forma inmediata se alejaron de la zona. Minutos después el delincuente y víctima falleció dentro de la entidad bancaria.
El abogado penalista, Luis Izquiel, se refirió a las acciones del funcionario del Cicpc Las Acacias en San Diego estado Carabobo.
Destacó que actualmente los uniformados de los distintos cuerpos de seguridad no neutralizan al antisocial a través fuerza gradual sino mediante las armas de fuego. Por esta razón, Izquiel cuestionó la formación de los actuales custodios de la seguridad en el país.
El criminólogo también explicó que los funcionarios policiales actualmente viven “atentos en la calle” por las cifras de uniformados fallecidos a manos del hampa, que en el caso de la ciudad de Caracas ya se posiciona con 128 policías. Resaltó que el número puede incrementar en el mes de diciembre, fecha que registra mayor índice delictivo.
Justicia a manos propias
Luis Izquiel apuntó los casos a nivel nacional con mayor incidencia en la región capital, donde los ciudadanos “toman la justicia a manos propias”. Denominó esta acción como una anomalía social consecuencia de “la sensación de impunidad”.
El abogado explicó que esta conducta convierte en delincuentes a las personas que participan en un linchamiento . Sin embargo, la justicia venezolana no sanciona estas acciones violentas que pueden ser juzgadas bajo el delito de complicidad correspectiva, donde la pena es por homicidio, pero como no se determina un autor del hecho -porque varias personas participan-, se baja el tiempo de condena.
Mencionó a su vez que esta conducta denota la desconfianza del ciudadano en el poder judicial y en la efectividad de los recintos penitenciarios como centros para la reinserción social.
