Muerte de joven en Táchira aumenta quejas por uso de armas en manifestaciones
La muerte de un adolescente venezolano el martes pasado después de que un agente policial le disparara con una escopeta cargada de perdigones de goma en la cabeza ha causado no solo conmoción en la opinión pública, sino también el rechazo de buena parte de la sociedad al uso de armas para reprimir protestas.
Hoy, tras dos días del suceso, un grupo de estudiantes, juristas, académicos y opositores se pronunciaron contra la resolución del Ministerio de la Defensa emitida recientemente que permite a la Fuerza Armada el uso de la fuerza «potencialmente mortal», en caso de que sea necesario durante la represión de protestas.
El grupo presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para pedir ante la Sala Constitucional la nulidad de esta resolución «nefasta» y «mortal» al tiempo que exigieron un pronunciamiento rápido a esta solicitud pues aseguraron que «la vida de los jóvenes venezolanos pende de un hilo» por culpa de este instructivo.
El estudiante de bachillerato Kluiverth Roa, de 14 años, falleció en un escenario de protestas en San Cristóbal, estado Táchira (oeste) y el agente de la estatal Policía Nacional Bolivariana (PNB) Javier Mora, de 23 años, ha sido imputado por «homicidio intencionado» con agravantes por tratarse de un menor de edad.
Mora confesó que disparó al adolescente con una escopeta de perdigones de goma, según la Fiscalía venezolana.
El defensor del Pueblo venezolano, Tareck William Saab, aseguró hoy, sin embargo, que la resolución no guarda relación con la muerte del joven ya que ésta regula la actuación de las fuerzas armadas y no de la PNB, cuerpo al que pertenece el imputado.
«En este caso, quien actuó fue la PNB (…) lo que ocurrió fue que un policía de manera indebida, de manera criminal, mató a un menor de edad, eso no tiene que ver con ninguna resolución», dijo Saab.
Los obispos venezolanos, por su parte, pidieron hoy a las autoridades del país que no empleen métodos o armamentos «contrarios a la legalidad» en clara alusión a la resolución que, según sus detractores, es contraria a la Constitución donde se establece que las manifestaciones no pueden ser controladas con armas de fuego.
En un comunicado firmado por Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, y respaldado por la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), se exhorta además a que, «siguiendo la invitación del papa Francisco» se agoten los espacios «para el encuentro y el diálogo» que sea constructivo para la búsqueda de soluciones.
Sobre la detención de los políticos, una representación de 15 burgomaestres pertenecientes a la Asociación de Alcaldes por Venezuela se concentró hoy frente a la prisión militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, para demandar la liberación de los opositores Antonio Ledezma, Leopoldo López y Daniel Ceballos.
Entretanto, el Gobierno ofreció hoy detalles sobre el fallido plan de golpe de Estado que denunció hace dos semanas el propio presidente, supuestamente trazado desde Estados Unidos y en el que estarían involucrados, presuntamente, militares de la aviación y opositores.
El presidente de la Asamblea Nacional venezolana (AN), Diosdado Cabello, presentó en televisión una relación de llamadas telefónicas efectuadas supuestamente desde el teléfono de Ledezma en enero de este año a un número de EE.UU. perteneciente a dos venezolanos que estarían detrás de la financiación del fallido golpe.
Según Diosdado, con el mismo número de Estados Unidos al que aparecen llamadas efectuadas en el registro del teléfono de Ledezma se comunicó también el teniente Henry Salazar, detenido como uno de los ejecutores de la tentativa golpista.
Maduro dijo hoy que si al pueblo de Venezuela «le tocara luchar» solo, «sin el apoyo del mundo», así lo hará, en un acto en el que acusó a Washington de presionar «a todos los países de Latinoamérica y el Caribe» para que se sumen y apoyen una intervención estadounidense en Venezuela.
También pidió a los «diputados de la derecha» del Parlamento Europeo (PE) que «no metan sus narices» en los asuntos de Venezuela después de que la mayoría de grupos políticos de la Eurocámara demandasen el miércoles la liberación de Ledezma y el cese de los episodios de violencia en el país
