Tribunales cerraron procesos a 300 manifestantes
Como la espuma. Así está creciendo el número de procesos cerrados por la justicia a jóvenes y estudiantes por participar en las protestas y disturbios que sacudieron al país desde febrero, el cual en las últimas horas ronda los 300.
La información la suministraron los abogados Lilia Camejo y Nizar El Farih, representantes del Foro Penal Venezolano y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, respectivamente, quienes en declaraciones a El Universal informaron que en las últimas horas distintos juzgados de Caracas y de Barquisimeto admitieron la petición del Ministerio Público para sobreseer investigaciones abiertas contra personas que fueron detenidas en Altamira, Chacao y la urbanización Terrazas del Ávila.
Aunque hasta ahora el grueso de las decisiones las habían adoptado juzgados de la capital, Camejo informó que los larenses también han puesto punto final a procesos contra 20 personas en los últimos días.
Asimismo los abogados anunciaron que esta cifra variará en el corto plazo, pues en los juzgados 5, 22, 29 y 30 de Control de la capital ya reposan otras peticiones fiscales para cerrar averiguaciones contra al menos diez jóvenes más, sobre los cuales pesan en la actualidad medidas cautelares sustitutivas como régimen de presentación periódica ante un juez, fianzas y vigilancia paterna, en el caso de los adolescentes.
En el Palacio de Justicia aseguraron que entre los casos que podrían llegar a su fin está el de los jóvenes que fueron detenidos en la plaza Alfredo Sadel de las Mercedes, durante la operación policial y militar que desmanteló los campamentos instalados en distintos puntos de la capital.
Esta ola de sobreseimientos ha sorprendido a propios y extraños en predios judiciales. ¿La razón? La reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) de 2012, en su artículo 295, le da al despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz ocho meses para investigar a un sospechoso de cometer un delito y superado ese lapso, el imputado o la víctima podrá solicitar al juez de Control que entre 30 y 45 días más presente el acto conclusivo (acusación, sobreseimiento o archivo). Sin embargo, en la totalidad de estos casos aún restaban semanas para que ese plazo venciera.
«Los sobreseimientos (cierres de casos) demuestran la ilegalidad de las detenciones, porque revelan que nunca existieron pruebas para detenerlos más allá de las actas policiales y mucho menos para procesarlos», afirmó El Fakih.
En similares términos se pronunció Camejo, quien aseveró: «Estas personas nunca han debido ser sometidas a un proceso penal, porque desde la audiencia de presentación quedó claro que la Fiscalía no tenía pruebas ni elementos para imputar a nadie que haya participado en una protesta ni mucho menos para acusarlos, entonces para qué iba a esperar el lapso fijado en el COPP. Eso representaría un gasto para el Estado».
La penalista se mostró esperanzada porque los 27 estudiantes que, según sus cifras, siguen tras las rejas sean liberados al ponerle fin a sus investigaciones, pues «contra ellos tampoco hay pruebas».
Esta ola de sobreseimientos se inició el pasado 14 de agosto, cuando el Tribunal 34 de Control de Caracas le dio el visto bueno a la petición del Ministerio Público de cerrar las averiguaciones contra 112 de los 120 detenidos en el campamento que se levantó en las inmediaciones de la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En su último balance, publicado en junio, el Ministerio Público informó que 3.306 personas fueron detenidas durante las protestas y disturbios en las que muchas de ellas degeneraron y que de ellas 3.158 se encontraban sometidas a procesos, bajo un régimen de libertad restringida.
Las medidas adoptadas hasta el momento apenas amparan a 10% del universo.
Semanas atrás la fiscal General, Luisa Ortega Díaz, anunció que a finales de año casi la totalidad de estos casos podrían estar resueltos.
