Cianuro de sodio amenaza al Gobierno de Tianjin
El Gobierno chino confirmó este lunes la existencia de al menos 700 toneladas de cianuro de sodio en el almacén del puerto de Tianjin (norte) en el que el miércoles se produjeron dos masivas explosiones, lo que amenaza el bienestar de la ciudad y pone al Ejecutivo del país en un nuevo aprieto.
El teniente de alcalde de Tianjin, Zhang Tingkun, fue quien reveló que el cianuro está presente en un área de 100.000 metros cuadrados alrededor de la terminal de contenedores donde ocurrieron las deflagraciones, que han dejado de momento 114 muertos y 70 desaparecidos.
Mientras el alcalde de Tianjin, He Shushan, anunció que el Gobierno municipal espera retirar durante la jornada del lunes la mayor parte de las 700 toneladas, el pronóstico de lluvias en Tianjin de lunes a jueves puede dificultar las tareas.
Bao Jingling, el jefe de grupo de emergencia del buró de protección del medioambiente de Tianjin, declaró en una comparecencia: «tenemos un plan y estamos vigilando atentamente la posibilidad de precipitaciones», según retransmitió la cadena de televisión CCTV.
Según publicó la agencia Xinhua, 18.000 contenedores resultaron dañados por las explosiones y, entre ellos, al menos 1.800 contenían químicos tóxicos como cianuro de sodio, mientras no hay información oficial sobre el resto.
El cianuro, que no es combustible pero produce un gas inflamable en contacto con el agua o el aire húmedo, es altamente tóxico si es ingerido o inhalado, aunque no suele permanecer mucho tiempo en el aire, el agua o la tierra, ya que se evapora y dispersa rápidamente.
La confirmación de que los contenedores albergan cianuro de sodio es un jarro de agua fría para los residentes de la zona nueva del puerto de Tianjin, que llevan días quejándose de la falta de información y de su desconocimiento de vivir cerca de un almacén de productos químicos peligrosos.
Además, algunos complejos residenciales, como el llamado Qi Hang Jia Yuan, se encuentran situados a unos 800 metros de sus instalaciones, por debajo de los 1.000 que impone la ley.
Medio centenar de propietarios de viviendas destruidas por la explosión protestaron este lunes junto a la sede del Gobierno local demandando a las autoridades que les den una nueva vivienda.
«Queremos la verdad», gritaron algunos de los manifestantes, que advirtieron que presentarán demandas contra el dueño del almacén.
La Administración Estatal Oceánica de China anunció que ha detectado trazas de cianuro de sodio en aguas cerca del puerto de Tianjin, aunque afirmó que las cantidades halladas no suponen una amenaza para el ecosistema marino de momento.
Incertidumbre en la población
La propiedad de la terminal es otro asunto controvertido, ya que, pese a que el titular oficial de la empresa Ruihai International Logistics, dueña del almacén, es Zhi Feng, quien «controla realmente» la compañía es Dong Mengmeng, según publicó la prestigiosa revista financiera china «Caijing».
Dong resulta ser el hijo del exdirector de la Oficina de Seguridad Pública del Puerto de Tianjin, y ante quien responden los principales accionistas de Ruihai: Li Liang y Shu Zheng, con 55% y 45% de las acciones, respectivamente, según este medio.
La incertidumbre sobre la naturaleza de las operaciones de la compañía se suma a otras posibles negligencias, como el desconocimiento de si los bomberos fueron informados que había productos inflamables en el almacén cuando fueron a apagar un fuego previo, lo que pudo provocar la explosión ante el contacto con agua.
El Partido Comunista chino quiso disipar la desconfianza de la población sobre su gestión de la catástrofe con un curioso editorial en su periódico, el «Diario del Pueblo», en el que subrayaba la transparencia del Gobierno en su lucha anticorrupción para convencer de que así será también con lo ocurrido en Tianjin.
En concreto, citó casos como el del exministro Zhou Yongkang, un ejemplo desafortunado ya que éste fue juzgado en secreto y no se reveló públicamente hasta bastante después.
Para calmar los ánimos, el Gobierno ordenó inspecciones de seguridad en las firmas que trabajen con materiales explosivos en el país, un paso más después de que ayer el Tribunal Supremo anunciara una investigación sobre posibles negligencias en el siniestro de Tianjin.
