Perú celebra que Bolivia rechace el pedido de refugio del exasesor de Humala
La Procuraduría Anticorrupción de Perú celebró hoy la decisión de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de Bolivia de rechazar, en primera instancia, el pedido de refugio que hizo en ese país el empresario Martín Belaunde Lossio, exasesor del presidente peruano, Ollanta Humala.
El organismo indicó, en un comunicado, que aplaude la decisión «por ser pronta» y añadió que entiende «que obedece a un análisis estrictamente jurídico y por lo mismo válido tanto para el derecho interno boliviano como para el Derecho Internacional y, en especial, para el Derecho Internacional de los Refugiados».
Las personas «no tendrán la condición de refugiado cuando existen motivos fundados para considerar que se ha cometido un grave delito común fuera del país de refugio», añadió.
La Procuraduría recordó, en ese sentido, que Belaunde Lossio está siendo investigado en dos procesos penales en Perú, a cargo de la Fiscalía especializada en delitos de corrupción y la Sala Penal Nacional, «órganos jurisdiccionales que solo pueden conocer de casos complejos y graves».
Señaló que, en ese sentido, Bolivia «esta actuando conforme a los compromisos asumidos en la lucha contra la corrupción y su respuesta a través de Conare no es más que una consecuencia de las mismas».
Esto, concluyó, «desde ya favorece la pronta puesta a derecho del investigado ante las autoridades judiciales peruanas».
La Conare rechazó el pasado 23 de enero la petición de refugio solicitada por Belaunde Lossio, pero este aún tiene quince días para apelar esa decisión, informó este domingo el nuevo ministro boliviano de Gobierno (Interior), Hugo Moldiz, en una rueda de prensa.
Si el organismo «vuelve a rechazar la impugnación le corresponderá a Bolivia entregarlo a la Justicia peruana», agregó Moldiz.
Belaunde Lossio se entregó a la Policía boliviana el pasado 20 de enero, después de que el Tribunal Supremo de Justicia de ese país ordenara su detención preventiva «con fines de extradición», mientras la Conare resolvía su petición de refugio.
El empresario, quien fue asesor de Humala en la campaña para las elecciones de 2006, está acusado de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado peruano en Gobiernos regionales y obtener beneficios económicos personales.
Por ello, en mayo pasado un tribunal de su país ordenó su detención preventiva durante 18 meses.
Según el Gobierno peruano, es el presunto autor de delitos contra la administración pública, peculado (malversación de fondos públicos) y asociación ilícita para delinquir y tiene una orden de captura internacional desde el 11 de septiembre de 2014.
