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Investigan a Lula por supuesto tráfico de influencias

El expresidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, está en el punto de mira de la fiscalía, según un reportaje publicado en la revista brasileña «Época», el cual asegura que el departamento de Combate a la Corrupción de la Fiscalía de la República abrió una investigación contra el exmandatario por tráfico de influencias e investiga si facilitó la prestación de servicios de Odebrecht, un gigante de la construcción, para gobiernos extranjeros.

Esto sucede en pleno escándalo de corrupción de la operación Lava Jato (Lavacoches), que afecta a la empresa estatal Petrobras.

Lula es sospechoso, según la publicación, de usar su influencia para garantizar negocios de la constructora con representantes de gobiernos extranjeros en carreteras, puertos y aeropuertos financiados por el banco público BNDES, que dio soporte financiero para infraestructuras en toda la región y en África.

La fiscalía justifica la apertura del proceso, de acuerdo con la revista, por “supuestas ventajas económicas obtenidas, directa o indirectamente por parte de Odebrecht por el expresidente entre los años 2011 y 2014 para influir en actos de agentes públicos y, en especial, con los gobiernos de República Dominicana y Cuba. En este último caso, con obras costeadas, directa o indirectamente, por el BNDES”. Odebrecht es una de las responsables por la obra del puerto cubano de Mariel, con recursos del banco.

La publicación afirma que el banco concedió un financiamiento de, al menos, 1.600 millones de dólares destinados a Odebrecht “después de que Lula, ya como expresidente, se encontrara con los presidentes de Ghana y República Dominicana”.

El expresidente dijo que la publicación era “basura”. “Tomen a todos los periodistas de las revistas Veja y Época y no dan ni un 10% de mi honestidad”, dijo. La revista Veja levantó sospechas la semana pasada por la relación de Lula con el expresidente de OAS, otra contratista.

Por su parte, Odebrecht publicó una una nota diciendo que el reportaje de Época se basa en un procedimiento del Ministerio Público Federal, que puede ser “tan solo un cuestionamiento, un pedido de esclarecimiento que, al ser atendido, no genera ninguna consecuencia administrativa o judicial. Queda apenas el desgaste de imagen, que parece ser el mayor objetivo de algunos contra Odebrecht en estos últimos meses”.

Para mayor información, puede leer el texto original aquí.

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