Caracas, Miércoles, 23 de abril de 2014

Sección: Bitblioteca

ENVIAR A UN AMIGO  |  ENVIAR AL DIRECTOR

La educación como proceso y como práctica liberadora

Carmen Bohórquez

Sábado, 1 de junio de 2002

Carmen Bohórquez
Universidad del Zulia
cbohorquez@cantv.net

V Congreso Latinoamericano de las Humanidades
La Ética en el inicio del siglo
XXI
Granada, Nicaragua, 25 al 28 de septiembre de 2001

Resumen

El ideal de una sociedad justa constituye de por sí una idea-fuerza a la cual no es posible renunciar sin poner en cuestión nuestra propia condición humana. En el mundo actual, este ideal parece alejarse cada vez más ante la acelerada profundización de la brecha que separa a los países pobres de los países ricos, como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales. Se hace por tanto necesario comenzar a construir, solidariamente, proyectos alternativos de desarrollo humano que partiendo del respeto a la diversidad cultural y autonomía de los pueblos, propenda al establecimiento de condiciones dignas de vida para todos, a la preservación de la libertad individual y colectiva, y a la conciencia de la necesaria corresponsabilidad en el futuro de la especie y del planeta mismo.

Esta tarea envuelve necesariamente el problema educativo y sus relaciones con el sistema político, con la sociedad en su conjunto y con las propuestas económicas que se quieran llevar a ejecución. En este sentido, consideramos que un modelo educativo auténtico debe partir de una visión de país y debe sustentar sus estrategias de acción sobre los principios de autogestión, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. De esta manera, la acción educativa se transforma en una acción ética en la que cada individuo se hace conscientemente responsable del destino del colectivo.

Por otra parte, puesto que consideramos que la acción educativa no puede sino desenvolverse en un contexto de democracia plena en el que esté asegurada la participación de todos los miembros de una comunidad, proponemos igualmente el concepto de democracia participativa y protagónica, como noción superadora del formalismo encubridor de la enajenación de la voluntad popular que caracteriza a la mayor parte de las democracias actualmente vigentes y como vía a seguir en la construcción real y efectiva de una sociedad justa.

El ideal de una sociedad justa

Una sociedad justa ha de ser aquella en la que las posibilidades de realización de la condición humana se den en el marco de la igualdad, la libertad y la solidaridad entre sus miembros. Bajo estos supuestos, la dinámica misma de la justicia ha de llevar a los hombres a pasar de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas, y es entonces cuando podrá decirse que una sociedad se ha transformado en el verdadero sentido de un desarrollo que no se confunde con las ambigüedades de un simple crecimiento económico.

Este desiderátum ha alentado las luchas sociales a través de los siglos y ha inspirado igualmente un sinnúmero de proyectos utópicos, cuyos resultados, lamentablemente, se reflejan más en el campo de lo simbólico que en una real y universal aplicación de las conquistas materiales alcanzadas. No obstante, el ideal de una sociedad justa constituye de por sí una idea-fuerza a la cual no es posible renunciar sin poner en cuestión nuestra propia condición humana. Suponer lo contrario, esto es, la injusticia, implica la legitimación absoluta de la negación del Otro y con ella de la desaparición misma de la especie humana.

En el mundo actual, esta última posibilidad ha cobrado inusitada presencia ante la acelerada profundización de la brecha que separa a los países pobres de los países ricos, como consecuencia de la globalización de los mercados, de la hegemonía que sobre los mismos ejerce un reducido grupo de países y entidades corporativas, y de una nueva modalidad de acumulación capitalista que requiere cada vez menos la fuerza de trabajo humana.

Agreguemos, en lo cultural, la tendencia homogenizante que irradian los medios de comunicación social, particularmente la TV por cable y el Internet, con la consecuente pérdida de valores originarios; así como la aparición de necesidades que el modelo cultural, "mercadeado" por estos medios, induce en los pasivos espectadores y cuya imposibilidad de satisfacción genera no sólo frustraciones a nivel individual, sino también profundas fracturas en el todo social al acentuar las diferencias entre clases acomodadas y clases marginales y potenciar con ello los niveles de violencia urbana.

Si proyectamos las tendencias actuales y no se logran construir alternativas valederas, no es exagerado suponer que en un plazo no muy largo las condiciones de reproducción de la vida humana estarán casi exclusivamente reservadas al hemisferio norte del planeta, en tanto que el sur conocerá exclusiones, privaciones y miseria pocas veces vistas, cuyas consecuencias más probables oscilan entre la desaparición por hambre y enfermedades de las tres cuartas partes de la humanidad y el enfrentamiento suicida entre ambos hemisferios que ponga punto final al paso del hombre por la tierra.

Para conjurar tal visión apocalíptica será necesario comenzar a construir desde ya, solidariamente, proyectos alternativos de desarrollo humano que partiendo del respeto a la diversidad cultural y autonomía de los pueblos, propenda al establecimiento de condiciones dignas de vida para todos, a la preservación de la libertad individual y colectiva, y a la conciencia de la necesaria corresponsabilidad en el futuro de la especie y del planeta mismo. En particular, la construcción de tales alternativas debe sustentarse en los principios del bien común, del consenso y la participación democrática, y del respeto a las minorías. Valores todos estos en franca oposición a los que promueve el actual modelo neoliberal, centrado en el individualismo, la competencia y la maximización de las ganancias.

Ante la necesidad de construcción de tales alternativas, o por lo menos del fortalecimiento de la resistencia cultural a los embates del pensamiento único, parece de común aceptación la tarea de rescatar y afirmar aquellos valores que reivindican la originalidad y particularidad cultural de los pueblos, tanto en sus formas de organización social y productiva, como en sus dimensiones simbólicas. Sin desestimar los peligros de una posible fragmentación interna de tonalidades nacionales o del aislamiento paralizante en el que pudiera incurrir una cultura dada, importa en todo caso subrayar el valor que representa la idea de la potencialidad creadora de los pueblos, de las diversas posibilidades de realización humana y de la irreductibilidad del sentido de la lucha por la libertad individual y colectiva. La realización práctica de tales posibilidades debería traducirse en la conformación de un mundo más justo en el que las sociedades interactúen y se enriquezcan culturalmente en el marco del respeto mutuo; o dicho de otro modo, un mundo en el que el diálogo intercultural conlleve a la realización del tan aheleado ideal de una sociedad justa.

 

La educación como posibilitadora de utopías

Esta tarea de realización de la justicia que en concreto constituye un problema político estructural, envuelve necesariamente el problema educativo. Históricamente, la educación ha respondido al afán de transmitir los valores culturales de un colectivo nacional y de asegurar, por ende, la continuidad en el tiempo de dicho colectivo. No obstante, esta continuidad no debe entenderse como una simple repetición de lo mismo, sino como un proceso de perfeccionamiento de la particular condición humana que todo pueblo o nación encarna y a través del cual realiza su proyecto histórico. En este sentido, la educación, además de suponer un compromiso ético para cada generación, adquiere en las presentes circunstancias un valor estratégico de lucha que exige el replanteamiento de muchos de sus conceptos básicos y el redimensionamiento de sus estrategias y finalidades.

En tanto proceso humanizador, la educación debe sentar las bases para el ejercicio de la autonomía y la práctica de la libertad; por lo que resulta evidente que su función trasciende los límites de la escuela y de las instituciones tradicionales, para abarcar todos los estratos de la vida social. Como proceso a través del cual una sociedad despliega sus potencialidades creadoras, el hecho educativo debe estar sustentado sobre las propias raíces culturales, sobre una afirmación previa de lo propio, pues si bien es cierto que la educación debe propender a desarrollar actitudes científicas en la población - sin las cuales no puede lograrse el desarrollo y, consecuentemente, la independencia científica y tecnológica - cuando sus acciones no reflejan la cultura del medio, éstas, en lugar de liberar, terminan, como bien lo señala la Unesco, por "oprimir, destruir y crear dependencia". De allí que un proyecto educativo auténtico es aquel que considera al educando como centro de su propio desarrollo, capaz de encontrar en sí mismo las bases de su propia historia, de comprender su propia realidad y de transformarla.

Desde esta perspectiva, no basta con alfabetizar y extender los beneficios de la educación a los sectores tradicionalmente marginados, proporcionando al individuo las destrezas necesarias para incorporarse al mercado de trabajo y, por ende, al universo de consumidores, sino que esta tarea debe ir acompañada de estrategias dirigidas a proveer igualmente a los individuos de las herramientas necesarias para el ejercicio de la capacidad crítica, para el análisis de los problemas de su entorno y para la implementación de soluciones expeditas y cónsonas con su idiosincrasia.

Estas consideraciones evidencian la necesidad de asumir la educación como un proyecto de Estado, en el sentido de que en ella se juega el destino de la nación. Como tal, no puede ésta plantearse sin antes determinar y esclarecer sus relaciones con el sistema político, con la sociedad en su conjunto y con las propuestas económicas que se quieran llevar a ejecución. Dicho de otro modo, proyecto de país y proyecto educativo no son sino dos caras de una misma moneda. Por otra parte, en cuanto se asume como norte el ideal de una sociedad justa, la acción educativa no puede sino desenvolverse en un contexto de democracia plena en el que esté asegurada la participación de todos los miembros de una comunidad dada, lo que a todas luces exige una clarificación previa de la noción de democracia y del papel que ha de desempeñar en ella dicha comunidad.

A este respecto, proponemos el concepto de democracia participativa y protagónica contenido en la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como noción superadora del formalismo encubridor de la enajenación de la voluntad popular que caracteriza a la mayor parte de las democracias actualmente vigentes y como vía a seguir en la construcción real y efectiva de un proyecto colectivo y autónomo de nación.

Bajo esta definición de democracia, se entiende la participación como "la acción de hombres y comunidades en la dirección, construcción y disfrute del todo público, acción que es posible en la medida en la que el hombre ejecute esa acción desde su condición y diversidad" (A. Esté, 1998:1). Se apunta con ello a que la participación en los asuntos públicos deje de ser atribución exclusiva de políticos para convertirse en ejercicio pleno de ciudadanía. Cada miembro de la comunidad, desde su particular circunstancia, interviene en el diseño y ejecución de los planes y proyectos colectivos; en tanto que la función pública resulta a su vez reconceptualizada desde la inmediatez comunitaria. Con este concepto se pretende recuperar el sentido originario de democracia como gobierno efectivo del pueblo y abrir canales de participación a la comunidad en el diseño, gestión y control de las políticas públicas, así como en la toma de decisiones en los asuntos vitales para la nación.

Partimos entonces, en esta "reingeniería" del concepto de democracia, de la recuperación de su sentido comunitario original, en el que los individuos participan en igualdad de condiciones y con el mismo peso específico en la toma de decisiones, lo cual supone, a su vez, que se trata de una comunidad cohesionada o al menos capaz de tomar una decisión consensuada en aras del bien común.

Por otra parte, esta cohesión presupuesta nos lleva a afirmar otros dos conceptos de primordial importancia en la fundamentación de una democracia participativa y protagónica, como son los de solidaridad y corresponsabilidad. No se trata ya de una mera acción política en función de intereses de poder o grupales, sino de una acción ética en la que cada individuo se hace conscientemente responsable del destino del colectivo.

Evidentemente, la construcción de una democracia de esta naturaleza exige la presencia de nuevos sujetos en las comunidades capaces de trascender sus intereses particulares, conscientes de su responsabilidad social y cognitivamente preparados para asumir el protagonismo que les permitirá desarrollarse plenamente como individuos y como miembros activos de una comunidad. La emergencia de este nuevo sujeto exige no sólo la descentralización del poder, sino también la democratización del saber, con lo cual se obliga al Estado a crear las condiciones para que el pueblo desarrolle su potencial creador y adquiera las herramientas críticas necesarias que le permitan participar activa e integralmente en la planificación, conducción y ejecución de los proyectos de desarrollo colectivo. (Art. 62 de la Constitución).

En otras palabras y en contraste con la llamada democracia representativa, la democracia participativa y protagónica asume como a priori la afirmación de un sujeto-ciudadano capaz de dicho protagonismo, lo que equivale a la afirmación a priori de su dignidad como persona y al reconocimiento real de su soberanía política. De la misma manera, la participación y el protagonismo que asume el nuevo sujeto en esta democracia implica también una afirmación de lo que Edgar Morin ha llamado "soberanía cognitiva", la cual viene a equipararse y resulta inseparable de la tradicional soberanía política.

Definida así la democracia, es evidente que se hace imprescindible un profundo cambio educativo que extendiéndose más allá de la institución escolar, comprenda al proceso comunitario mismo; particularmente en cuanto que es a través de este proceso que el individuo se forma en la experiencia de la participación y de la cooperación en todos los ámbitos de su vida social: familiar, laboral, recreacional, deportivo, religioso, escolar, ambiental, etc. En este orden de ideas, la educación debe entenderse, entonces, como una política social que si bien debe ser asumida e impulsada primordialmente por el Estado, no por ello deja de implicar al resto de las instituciones sociales: familia, iglesia, medios de comunicación, centros de producción cultural, partidos políticos, organizaciones no-gubernamentales, etc.

Desde estas consideraciones, se hace previamente necesario que tanto el Estado como el resto de las instituciones involucradas se replanteen el hecho educativo desde la perspectiva de la inmediatez cotidiana, desde una percepción descontaminada de prejuicios y estereotipos sociales, desde la afirmación de la validez del saber popular, desde la riqueza implícita en el propio acervo cultural y en el patrimonio ambiental. Sólo desde la comprensión previa del país real y de las potencialidades que le son intrínsecas, se pueden trazar las estrategias adecuadas a la formación de sujetos dignos y capaces de transformar esa comprensión en los conocimientos y aprendizajes que les permitirán una producción cultural auténtica, un desarrollo económico independiente, un mejoramiento progresivo de la propia calidad de vida y la valoración y defensa de su patrimonio cultural y ambiental (A. Esté, 1988:3).

Se trata, como decía el gran maestro Simón Rodríguez, de formar a los ciudadanos que han de hacer de la república una entidad verdaderamente autónoma, libre y soberana. De allí la necesidad de que el individuo recupere su propia dignidad y autonomía, desintegradas por la marginalidad, las migraciones campo-ciudad, el desempleo, el analfabetismo, la violencia urbana, la injusticia, la imposición de saberes ajenos y políticas extrañas a sus necesidades cotidianas, y por su secular exclusión de los espacios de participación.

La educación necesaria para el logro de una democracia participativa y protagónica debe ser, por tanto, una educación dirigida, en primer lugar, al rescate del sujeto como constructor de su propio destino, éticamente responsable de sus decisiones y acciones, y solidariamente consciente de su pertenencia a una comunidad y a una nación. Es esta subjetividad y dignidad recuperadas las que permitirán luego comprender y producir los conocimientos y acciones necesarias para superar las situaciones de negación antes mencionadas, fortalecer los lazos intracomunitarios, integrar los esfuerzos colectivos en un proyecto común y avanzar en el camino de realización de una sociedad justa. No otra cosa quiso decir también Bolívar cuando afirmó en Angostura que moral y luces deben ser los polos de una república.

Lo anteriormente dicho nos enfrenta a la necesidad de diseñar un modelo educativo a partir de una visión de país, un modelo que considere a los valores comunitarios como el pivote alrededor del cual deben girar los contenidos instruccionales y que sustente la acción educativa sobre los principios de autogestión, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad.

La construcción de este modelo debe surgir de un gran debate nacional que tenga como escenario privilegiado los espacios educativos y escolares y reivindique, junto al Estado y organismos pertinentes, la participación de sus actores fundamentales: docentes, alumnos, representantes y comunidad, cada uno desde su propia condición y elaboración de compromiso, y en el cual estén a la par saber especializado y saber popular, con el fin de que se logre articular verdaderamente la acción cultural con los programas y proyectos educativos.

El Proyecto Educativo Nacional Venezolano

En el marco de estas ideas y de los principios fundamentales que pauta la nueva Carta Magna que constituye a la República Bolivariana de Venezuela en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, se han conformado en nuestro país diversas propuestas educativas, surgidas unas de asambleas comunales, regionales y luego nacional, otras de asociaciones gremiales y ONG's, así como de las mismas instancias del Ministerio de Educación. Estas propuestas, luego de ser discutidas en mesas de diálogo en las que han participado representantes de todos sectores involucrados, han dado lugar por consenso a una nueva Ley de Educación Nacional de próxima aprobación en la Asamblea Nacional.

De estas propuestas, cabe destacar la de la conformación de una Asamblea Nacional de Educación, como instancia que se estructura en redes con las Asambleas regionales, municipales o locales, que actuarán como espacios deliberantes para la construcción de propuestas donde participen, desde abajo, los miembros de la comunidad educativa. De igual modo resalta el Gobierno Escolar, que permite a la comunidad participar en la gestión educativa, tanto en la elección directa o revocatoria de mandato de los directivos de la escuela, como en la evaluación del desempeño profesional de los docentes, en el diseño y construcción de las edificaciones escolares, en la administración de los recursos materiales y financieros, en la elaboración de planes formativos, actividades culturales y recreativas (Proyecto Pedagógico Comunitario), al igual que en programas de alfabetización y de formación para el trabajo, para lo cual se propone mantener abiertas las escuelas en horarios nocturnos, fines de semana y vacaciones. Se espera asimismo que la comunidad participe en la elaboración de planes de desarrollo local sustentable, en los cuales puedan articularse diversos procesos educativos, culturales, productivos y de servicios, fortaleciendo de esta forma el tejido social.

En cuanto a sus metas y fines, el nuevo Proyecto Educativo Nacional persigue como finalidad primera la materialización de una educación integral y de calidad que reivindique la diversidad étnica y la interculturalidad, como parte de la memoria histórica de la nación. En segundo lugar, se propone la formación en, por y para el trabajo, concebida desde una perspectiva multidisciplinaria en la que la investigación ocupe un lugar preponderante como eje formativo y se promuevan las innovaciones tecnológicas o la adecuada transferencia y adaptación de las tecnologías foráneas a nuestro contexto particular. Es decir, se trata de formar alumnos con capacidades investigativas tales que permitan la construcción de la soberanía cognitiva, tanto del individuo como de la nación.

En tercer lugar, se persigue la formación en, por y para la democracia a través del desarrollo de una nueva cultura política, que promueva un modelo de gestión de los asuntos públicos bajo el precepto de la corresponsabilidad. Igualmente, es de esperar que la siembra de ciudadanía fomente el conocimiento y la ejecución de deberes y derechos, así como la concientización relativa a la participación ciudadana.

Del mismo modo, la educación que se pretende ha de estar dirigida a la formación de aptitudes cooperativas y solidarias superadoras del individualismo y de otras formas de intolerancia social, así como a la entronización de aquellos valores que permitan combatir la exclusión, la opresión y cualquier tipo de discriminación.

A no dudar, sólo educando en este sentido a las generaciones jóvenes podremos cambiar radicalmente nuestra actual relación de dependencia económica y sentar las bases de un desarrollo autosustentable que tenga como mayor riqueza la persona humana. Sólo a través de una educación pensada desde nuestra inmediatez, desde nuestro modo de objetivar la realidad, desde nuestra particular visión de mundo, estaremos en condiciones de consolidar nuestra identidad nacional y de interactuar con el resto del mundo sin menoscabo de nuestra dignidad y de nuestra libertad. Ante el peligro de la imposición de un pensamiento único que diluya nuestro ser en las aguas procelosas de un desarrollo virtual, más que la resistencia cultural se impone la acción cultural, acción que exige la presencia de un sujeto actuante, consciente de su capacidad creadora, pero también de su responsabilidad social, por lo que esta acción es fundamentalmente una acción educativa, sustentada a su vez en un compromiso ético.

Bibliografía

Bohórquez, Carmen. Aspectos Propositivos del Proyecto Educativo Nacional. (Informe). Universidad del Zulia, Maracaibo, 2001.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con exposición de motivos. Gaceta Oficial, Caracas, marzo 2000.

Esté, Arnaldo. Proyecto Educativo. TEBAS, Caracas, 1998.

Fuenmayor Toro, Luis. Proposiciones para la nueva Ley de Universidades. Debate Universitario, Cabimas, 2001.

Lanz Rodríguez, Carlos. Nuevo Estado Docente, el PEN y el proceso de elaboración de la Ley Orgánica de Educación. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Caracas, 2001.

Morin, Edgar. Los siete saberes necesarios a la educación del futuro. IESALC/ UNESCO/ FACES, UCV. Caracas, 2000.

Rincón, Imelda. De la educación para la revolución hacia la revolución de la educación. Discurso de orden ante la Asamblea Nacional con motivo del aniversario de la Independencia. Caracas, 5 de julio 2001.

UNESCO. La Educación Superior en el siglo XXI: Visión y Acción. Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. París, 1998.

blog comments powered by Disqus

 

Juegos Gratis


Empire
  Fórmula Racer
 
       
Galaxy
  Mina de Diamantes